El verbo gobernar proviene del latín Gubernare término que significa “pilotear un barco”. Este origen etimológico permite ratificar la idea de que gobernar es decidir, es conducir, es determinar la dirección hacia donde está yendo la administración de la cosa pública. Un gobierno es un conjunto de individuos que, bajo un conjunto de reglas (organismos, instituciones) toman decisiones (deciden) en representación de un colectivo. Tan vinculados están ambos términos, gobernar y decidir, que nada es menos deseable que su separación. Por ello, peor que un mal gobierno (un gobierno que decide mal) es un desgobierno (un Gobierno que no decide), es decir, un barco a la deriva.
El sentido de la palabra Gobernar nos lleva a una reflexión estructural del actual proceso político: ¿en qué medida la persistente tendencia del Gobierno del Frente de Todos a la procastinación de la resolución de los problemas no es un síntoma de desgobierno más que de un mal gobierno? ¿Estamos frente a un Gobierno que decide mal o estamos frente aun Gobierno que le cuesta tomar decisiones?
Uno de los aspectos que llevan a cuestionar la capacidad de decidir de esta coalición gobernante es algo que ha sido característico de todo este ciclo: la falta de centralidad en el proceso de toma de decisión. No es Alberto Fernández, por más esfuerzo que haga en negarlo, un presidente que tenga la última palabra en el proceso de toma de decisión del Frente de Todos.
Hay dos modalidades de toma de decisión que se pueden observar en este ciclo: 1) las decisiones que surgen de un proceso iterativo de consulta entre el presidente y la vicepresidenta, hasta que la decisión obtiene el doble conforme que la legitime; 2) las decisiones que se toman sin ese proceso iterativo, pero condicionadas por la necesidad de conservar los equilibrios internos de la coalición. Traducido, o se ponen de acuerdo Alberto y Cristina o se toman decisiones orientadas a conservar el equilibrio interno de la coalición.
El principal problema que plantea la falta de centralidad del proceso de toma de decisión es que este pierde inteligencia. No hay alguien que piense integralmente el rumbo. Pero hay un problema adicional y es que el proceso de toma de decisión pierde conducción. Las mismas dificultades que se observan para tomar decisiones, se ven en la capacidad de lograr que las decisiones que se toman, puedan ser implementadas con eficacia.
Como nadie conduce la coalición (quien está en condiciones institucionales de hacerlo no puede, no quiere o no sabe), quien está al frente tiende a procurar prioritariamente la conservación de esta, para poder seguir al frente. Se invierte la necesidad (la coalición no depende del líder, sino que el líder depende de la coalición) y la definición del rumbo se colectiviza. De este modo, el rumbo termina siendo una suerte de promedio que surge de las tensiones que conviven dentro de la coalición, carece de inteligencia y se define sin conducción del proceso.
El destino no se define por el mérito, la oportunidad o la conveniencia del rumbo, sino es la consecuencia posible de lo que es prioritario: conservar la unidad del Frente de Todos. De este modo, quien fue puesto en el lugar de conducir, parece más preocupado de conservar la integridad de la coalición, que de decidir el mejor rumbo para el país según su parecer. Y todo esto, es consecuencia de la naturaleza de la coalición (una coalición electoral no programática), y del vicio de origen de poner al frente a alguien que no tenía la legitimidad legal-racional para ocupar el lugar.
En las últimas semanas advertimos esta otra dificultad derivada de la falta de centralidad en el proceso de toma de decisión, que es la falta de conducción política del proceso. No pareciera haber nadie que piense y ejecute de manera centralizada la estrategia necesaria para perseguir los objetivos políticos buscados.
Un claro ejemplo de esto se vio en el intento del Gobierno de lograr apoyo local a la posición negociadora que está sosteniendo frente al FMI para lograr un acuerdo para reprogramar los vencimientos del acuerdo stand by vigente con el organismo. Era evidente que el objetivo político que el Gobierno debía perseguir, luego del fracaso de la aprobación del Presupuesto 2022, era mostrar apoyo opositor a su posición negociadora frente al FMI. Traducido, desde el punto de vista político, era más importante sentar a los Gobernadores de la oposición para que apoyen la propuesta argentina ante el organismo que dedicarse a criticar a la oposición por la deuda con el FMI.
Sin embargo, el acto -que estaba pensado para mostrar una foto que expresara apoyo opositor al Gobierno- se transformó en un acto partidario donde se destinó más tiempo y esfuerzo a criticar a la oposición por la deuda que a lograr el objetivo político estratégico buscado. ¿Alguien condujo ese proceso? ¿Alguien identificó el objetivo estratégico que se debía perseguir? ¿Quién implementó las acciones para lograr ese objetivo? ¿Todo quedó en manos del ministro Martín Guzmán, que inició su presentación diciendo en su placa inicial que venían a hablar de un problema que trajo la administración Macri al país? ¿Todo salió tal cuál lo imaginó Cristina Kirchner?
Teníamos certezas de las dificultades que venía mostrando el Frente de Todos para tomar decisiones. Esa dificultad no es novedad, y está certeramente asociada a la naturaleza de la coalición de gobierno: un conjunto de actores que piensan distinto en cómo resolver los problemas y que carecen de un líder que pueda definir sobre esas diferencias.
Pero el cuadro se agrava aún más si le tenemos que sumar la falta de conducción política del proceso. Si cuesta tanto tomar decisiones, cuando las decisiones se logran tomar, sería sumamente útil que alguien conduzca políticamente el proceso de implementación de esas decisiones, para que no transforme esto definitivamente en un barco a la deriva.
Fuente El Cronista