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LA HABANA, Cuba. – Representantes del régimen cubano negaron las acusaciones hechas contra el país ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, calificándolas de “mentiras”, “burdas”, “falsas” y “no creíbles”.
“No pueden ser creíbles las burdas alegaciones de organzaciones que ni siquiera pueden identificar sus fuentes ni conocen a nuestro país. Mientras se otorga credibilidad a estas agrupaciones, se ignoran valiosas contribuciones de muchas otras organizaciones que sí están presentes en Cuba y conocen la cotidianidad del pueblo cubano”, afirmó Rodolfo Benítez Versón, director general de Asuntos Multitatelares y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien encabeza la delegación cubana.
La reunión número 1893, desarrollada este viernes 29 de abril, forma parte de la 73 Sesión del Comité contra la Tortura, que sesiona en Ginebra, Suiza, desde el 19 de abril y hasta el 13 de mayo próximo.
La delegación cubana estuvo integrada, además, por María Caridad Pérez Rodríguez, fiscal jefa de la Dirección de Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios de la Fiscalía General de la República; la magistrada del Tribunal Supremo Popular, Paula Joaquina Rodríguez Sánchez; el coronel del Ministerio del Interior, Víctor Álvarez Valle; el consejero diplomático Pablo Berti Oliva; así como otros funcionarios de la misión de Cuba en Ginebra.
Benítez Versón manifestó la voluntad de “trabajar de manera conjunta (…) sin politización ni falsas acusaciones”, en referencia a las fuentes citadas por miembros del Comité durante el primer día de examen. Según el funcionario, las informaciones transmitidas por estas ONG que “no radican en el país” “no son creíbles”.
“No hay personas en Cuba privadas de libertad por el ejercicio de sus derechos humanos ni por sus posiciones políticas. Es realmente lamentable que se pretenda presentar como supuestos prisioneros de conciencia o defensores de derechos humanos a quienes irrespetan la seguridad colectiva, el bienestar general, el orden público, la Constitución y las leyes. El Estado cubano reconoce y garantiza a cada persona el goce y ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación y de confirmidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos”, afirmó.
Asimismo, aseguró que en Cuba no se practica “el acoso, la amenaza, el hostigamiento, la violencia y la intimidación”, que “el comportamiento de las fuerzas del orden interior se corresponde con los más elevados estándares internacionales y tiene su fundamento en el respeto a la dignidad humana, las libertades fundamentales de los ciudadanos y el cumplimiento de las garantías establecidas sin importar las creencias políticas. Nuestras fuerzas del orden trabajan para elevar los niveles de observancia de la ley y garantizar la tranquilidad ciudadana”.
Benítez Versón rechazó además que en Cuba se negara asistencia médica a ciudadanos, detenidos o en libertad, así como “el supuesto carácter arbitrario” de algunas detenciones en el país.
Respecto a “los disturbios del 11 de julio de 2021” refirió que “es importante que el Comité se atenga a la verdad sobre los sucesos burdamente manipulados por no pocos medios de comunicación. La verdad es que el gobierno de los Estados Unidos apostó a derrocar a la Revolución Cubana a través de una intensa y muy bien financiada campaña político-comunicacional”.
“Se perturbó el orden público con el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional, se alentaron hechos violentos y de extrema gravedad en el país, que causaron lesiones y pusieron en peligro la seguridad colectiva de los ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden; se dañaron y destruyeron propiedades e instalaciones. En ningún lugar del mundo estos sucesos califican como manifestaciones pacíficas. No se detuvo ni sancionó a ninguna persona por el ejercicio de sus derechos reconocidos en la Constitución”.
“No se hizo en el contexto de los disturbios del 11 de julio, ni se hará en ningún otro momento. Los juicios a los implicados se han realizado con observancia del debido proceso y respeto de los derechos y garantías constitucionales de los acusados, incluyendo el uso de abogados de su elección o designados de oficio según lo establecido en la legislación vigente”.
Luego, el funcionario emitió un acostumbrado discurso en el que se muestra a Cuba como víctima del “bloqueo” estadounidense, “realidad que debe ser tenida en cuenta por los miembros de este Comité”.
Denuncias a Cuba ante el Comité contra la Tortura
A fines de marzo se presentaron ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas al menos dos informes de denuncia a Cuba por cometer torturas y tratos crueles contra prisioneros de conciencia y activistas de derechos humanos.
La ONG Prisoners Defenders (PD) presentó un informe con 101 casos de prisioneros políticos, la mayoría de ellos tras las protestas del 11 de julio (11J) de 2021, que en Cuba han sido sometidos a torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
La organización identificó al menos 15 patrones de tortura, entre los que se cuentan: la privación de atención médica, de líquidos, alimentos y del sueño, agresiones físicas, humillaciones, maltrato verbal, confinamiento en solitario como forma de castigo, trabajos forzados y amenazas.
La información, según alegó la ONG, fue extraída directamente de las víctimas, familiares, compañeros presos o allegados directos siempre y cuando fueran testigos de primera mano de lo acontecido, y fue corroborada y cotejada con las bases de datos de PD.
De los 101 prisioneros políticos atendidos por el informe de la ONG, 55 han sido acusados del supuesto delito de “desórdenes públicos”, 48 de “desacato”, 39 de “atentado”, 20 de “sedición” y 14 de “instigación a delinquir”, delitos todos fabricados por las autoridades, algunos de ellos incluso contrarios a las normas internacionales, según PD.
Por otro lado, se presentó otro informe elaborado por una coalición integrada por unas 13 organizaciones defensoras de derechos humanos, algunas de ellas con representantes dentro de la Isla: Article 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Centre), Civil Rights Defenders, Cubalex, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Movimiento San Isidro, Red de Defensores de Derechos Humanos en Cuba, Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos Justicia 11J, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Free Society Project/Archivo Cuba, Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (CELIDE) y Plataforma Femenina.
En la presentación de ese informe ante el Comité, y en representación del grupo, la periodista cubana Darcy Borrero expuso la documentación de al menos 1 440 personas detenidas a raíz de las protestas del 11J, de las cuales unas 750 continúan en prisión. Como resultado de la represión desatada por las autoridades, un policía mató de un disparo por la espalda al civil Diubis Laurencio; y otros manifestantes, incluido un menor de 16 años, resultaron heridos de bala.
“También, un número aún no contabilizado de personas sufrió algún tipo de lesiones. La violencia ejercida por parte de agentes del Estado, sin embargo, no ha sido exclusiva del momento de la detención: varias personas excarceladas, o en detención, mediante distintas vías de comunicación, han denunciado golpizas, pases de corriente, ofensas verbales, amenazas de abuso sexual, uso de canes para amedrentar, interrupción del sueño, aislamiento en celdas oscuras, los cuales tipifican como tortura y malos tratos, según la Convención”.
Del mismo modo, Borrero afirmó que han documentado la negación sistemática de asistencia médica a los detenidos, que al menos 35 de ellos contrajeron en los centros de detención enfermendades como COVID-19, dengue, hepatitis y escabiosis, mientras otros han reportado padecimientos de salud como hipertensión, otitis u otros relacionadas con la salud mental (depresión, esquizofrenia y síntomas catalizadores de los intentos de suicidio).
Sobre la respuesta del régimen al órgano de Naciones Unidas, en declaraciones exclusivas a CubaNet, Javier Larrondo, presidente de PD, afirmó que “Cuba no ha podido desmentir ni una sola de las acusaciones del Comité contra la Tortura, no ha presentado ningún tipo de prueba que contradiga lo que el Comité le había achacado, que son cosas muy graves, por ejemplo, que hay 11 000 condenados por peligrosidad pre-delictiva (sin cometer delito alguno), lo cual Cuba no ha contradicho. (Lo que ha dicho es que se va a derogar en el nuevo Código Penal). Cuba no ha ofrecido argumentos ni pruebas reales, sino una soflama publicitaria que creo que al Comité no debe influenciar en absoluto”.
Algunas recomendaciones a Cuba por parte del Comité
Al finalizar la reunión, Claude Heller, presidente del Comité de la ONU contra la Tortura, solicitó a Cuba información sobre la cantidad de personas juzgadas por el delito político de sedición. Además, destacó la petición de organizaciones internacionales de liberación de todos los manifestantes del 11J que no participaron en hechos violentos.
El experto expresó preocupación por “la descalificación automática de toda voz o expresión independiente y la negación de la legitimidad de toda protesta” por parte del régimen cubano.
Asimismo, resaltó la importancia de la cooperación con Naciones Unidas y la necesidad de que en el futuro Cuba pueda ratificar pactos como el de Derechos Civiles y Políticos, u otros relativos a la pena de muerte. Si bien reconoció que Cuba no aplica la pena de muerte desde 2003, expresó la voluntad de que la Isla aplique una moratoria cuyo objetivo final sea la abolición de la pena de muerte.
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Fuente Cubanet.org
