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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ajustó su dispositivo para investigar la guerra en Ucrania, y presentó a los tres miembros de su “comisión internacional independiente” para impulsar allí la rendición de cuentas. La resolución se adoptó por 33 votos a favor, 12 abstenciones y 2 en contra (China y Eritrea). De America Latina y el Caribe, la apoyaron Argentina, Brasil, Paraguay, Honduras y Mexico, pero se abstuvieron Bolivia, Cuba y Venezuela.
Con base operacional en Viena, Austria, los expertos son presididos por el juez noruego Erik Mose, que integrara la Corte Europea de Derechos Humanos y Tribunal para Ruanda, junto a Jasminka Dzumhur, de Bosnia-Herzegovina, especialista dentro de la ONU en desapariciones forzadas y migrantes, y el colombiano, Pablo De Greiff, primer Relator de la ONU para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación, y las garantías de no repetición, con antecedentes universitarios en Estados Unidos.
El texto votado le pide a la mencionada Comisión un informe oral “sobre los progresos” de la “investigación” para septiembre del 2022, y por escrito “las conclusiones finales” en marzo del 2023. De eso modo se compagina el cronograma de trabajo con el de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien deberá rendirle al citado Consejo “actualizaciones orales” en junio y septiembre de 2022 y un informe escrito también para marzo de 2023.
Por lo pronto, la Alta Comisionada dijo hoy en su discurso que “la mayoría de las bajas parecen ser atribuidas a fuerzas armadas rusas o grupos afines”. Entre tanto su oficina se encarga de notificar, gracias a un monitoreo efectuado por personal a su cargo dentro de Ucrania, del número de víctimas identificadas, siendo el total de los últimos datos de 7.256 personas, de las cuales 3.496 han muerto y 3.760 heridas.
Las demás cifras oficiales son difíciles de cernir. Dentro de Ucrania, se han desplazado 7,7 millones de personas. Se suman a 5,2 millones de refugiados fuera del país. No obstante se calcula que alrededor de un millón de habitantes que habían abandonado inicialmente Ucrania, han vuelto. El costo de la asistencia humanitaria a la población financiado por fondos de la ONU supera los 1.000 millones de dólares.
Las denuncias recogidas por la ONU reflejan “el alarmante número de víctimas civiles causadas por la agresión contra Ucrania” mediante “ataques” contra personas “y objetos civiles, incluidos” los que afectan “zonas residenciales, escuelas, jardines de infantes y instalaciones médicas, y los realizados mediante el uso de municiones de racimo, los ataques aéreos y la artillería”, con “traslados forzados” de la población, o las violaciones y los abusos cometidos contra los niños”.
Por consiguiente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reclamó
a Rusia “un acceso sin trabas, oportuno, inmediato, sin restricciones y en condiciones de seguridad a las personas que han sido trasladadas desde las zonas de Ucrania afectadas por el conflicto y que se encuentran retenidas en el territorio de la Federación de Rusia o en las zonas controladas u ocupadas” por ella, “y a que comparta con las partes pertinentes una lista completa de esas personas trasladadas y de su paradero”.
A su vez, el Consejo manifestó “su preocupación por las repercusiones del conflicto en la seguridad alimentaria a nivel mundial, en particular en los países menos desarrollados, en un momento en que millones de personas se enfrentan a la hambruna o a la inseguridad alimentaria en varias regiones del mundo, especialmente la luz de los impedimentos a las exportaciones agrícolas de Ucrania”. El agravamiento se debería por el “bloqueo de sus puertos marítimos y de la destrucción de de las infraestructuras críticas pertinentes, así como el presunto robo de grano en los territorios de Ucrania bajo control de las fuerzas armadas rusas en las regiones de Kherson y Zaporizhhia”
Lo resuelto en Ginebra solicita concretamente esclarecer las atrocidades “que se cometieron en zonas de las regiones de Kyiv, Chernihiv, Kharkiv y Sumy bajo control de las fuerzas armadas rusas a finales de febrero y en marzo de 2022, incluido un gran número de casos denunciados de ejecuciones sumarias de hombres, mujeres y niños, de violencia sexual y de género, de uso de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y de otras violaciones que puede constituir crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y delitos conexos”.
En conclusión, la ONU “reitera su exigencia” principal “de un cese inmediato de las hostilidades militares contra Ucrania, y de que todas las partes en conflicto respeten los principios y normas fundamentales del derecho internacional humanitario, incluida la abstención de todo ataque contra la población civil y los bienes de carácter civil, y la abstención de toda violación y abuso de los derechos humanos en Ucrania”.
Fuente Periodico Tribuna
