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Tras cuatro años de seguirlos, los detectives pensaron que los traficantes se les habían escapado, que no podrían dar el golpe y que, para que no quedara en la nada, tendrían que reorientar la investigación por narcotráfico hacia el lavado de activos, pero el 6 de junio se volvieron a entusiasmar. En una escucha telefónica, uno de los involucrados habló en código sobre «los 800». Desde ese momento, gendarmes y prefectos hicieron tareas de seguimiento 24 por 7. Una semana después, encontraron los 889: una parte de los «ladrillos» estaba en el placard del complejo Cabañas Don Oscar, ubicado en Belén de Escobar, a la vera del río Paraná, y la otra parte, en la caja de una camioneta Ford Ranger. Al día siguiente, hallaron 658 kilos más en la casa de otro de los detenidos en el barrio cerrado El Centauro, Canning, en la otra punta del conurbano bonaerense. También incautaron el velero El Quovadis, con el que pretendían llevar -en uno o dos viajes por el peso del cargamento- los 1548 kilos de cocaína hacia el sur de España.
El expediente está a cargo del juez federal Luis Antonio Armella y hasta ahora fue llevado adelante por los fiscales Cecilia Incardona, de Lomas de Zamora, y Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
Tras el golpe, entre el 13 y 14 de junio, Encripdata pudo saber que fueron detenidos cinco argentinos y el español Mohammed El Asri Klaloussi, alias «Moha», con ascendencia marroquí.
El 19 de mayo, cuando todo estaba encaminado, Marcelo Fabián Castillo y Gabriel Fuentes pagaron 5 millones de pesos en efectivo para quedarse con el velero.
«Moha», por su parte, aterrizó el 10 de junio en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Por el momento del viaje, tal vez fuera él el que tuviera las llaves de acceso a Algeciras u otro puerto del sur de España.
En la operación, según la imputación, también participó Gustavo Diego Marano Fuentes.
Y es con Marano, primo de Fuentes, donde el caso toma otra dimensión.
A principios del 2018, el juez federal Federico Villena realizó el «Narcogolf», con el que arrestó a tres argentinos y dos colombianos que pretendían mover cocaína desde Bolivia hasta España. En un desprendimiento de esa causa, el fiscal Iglesias tiró del hilo. Para ese entonces, Diego Xavier Guastini, alias «Dolarín», un traficante de drogas y divisas que se había «arrepentido» para no ir a la cárcel, ya aportaba los datos que tenía en varios juzgados. Él no lo sabía, pero el 18 de octubre de 2019 fue la última vez que pudo «entregar» a viejos socios. Ese día habló sobre Gustavo Sancho y José Damián Sofía, aunque no dijo mucho, y, justamente, sobre Marano, al que señaló como un hombre interesante para seguir.
Diez días después, un sicario, apoyado por dos autos, le encajó tres tiros a Guastini a la vuelta de la Municipalidad de Quilmes. Hasta ahora, los investigadores solo pudieron atrapar a Marcelo Fabián Padovani, el conductor del Ford Fiesta Kinetic, que después del crimen, llevó al asesino hasta el centro porteño, casualmente el centro de operaciones de «Dolarín» y su «grupo de tareas» de la cueva ubicada en la calle Florida 520. Como Guastini traicionó a tanta gente para salvarse, los detectives todavía no saben quién ordenó su crimen.
En paralelo, una persona hizo una denuncia de manera anónima en la localidad de Necochea. También apuntaba contra Marano y compañía. Eso también alimentó la investigación principal.
De regreso a Marano, la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas llegaron hasta él porque pudieron vincularlo con otros 1500 kilos de cocaína hallados en San Pedro Alcantara, en la exclusiva Costa del Sol. Como publicó El Confidencial, todo se disparó porque las autoridades se dieron cuenta que uno de sus cómplices, que declaraba ingresos ínfimos como conserje de un colegio público del Ayuntamiento de Marbella, manejaba un Porsche Panamera, valuado en 100 mil euros.
En San Pedro Alcantara, casualmente, un sicario ejecutó el 12 de mayo de 2018 al español David Ávila Ramos, alias «Maradona», que supo hacer negocios tanto con Guastini como con el clan Loza.
Aunque Marano recién saltó a la fama recién ahora, Encripdata pudo reconstruir a partir de dos fuentes con acceso a la investigación que su nombre resuena hace rato en territorio bonaerense: según un financista que declaró bajo reserva de identidad, Guastini, Marano y un tercer socio habrían trabajado una ruta entre Buenos Aires, África y el sur de España para enviar cocaína. Algunos llamaban a Marano y al otro como «los Musculosos».
Y a través de este tercer socio –Encripdata no revelará su identidad para preservar la investigación- las conexiones se hacen interminables. La más importante: el doble crimen de Christian Quinteros y Anabella Blumetti en la zona oeste.
El 6 de diciembre de 2018 en Navarro, a Quinteros alguien le hizo de todo para que pagara una deuda por un pequeño cargamento: le tajeó el cuerpo, le cortó la oreja izquierda, le disparó en las rodillas y hasta le extirpó el ojo izquierdo, pero el «Gordo Tita» no aflojó. Al final, en un estado irreversible, lo ultimó.
Quinteros era el chofer del «Tano» Sofía, procesado por las amenazas a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para que liberaran a Sancho porque, de lo contrario, a ella «le va a pasar como a Nisman y a sus hijas, como a Candela«. Sancho, el empresario al que se le caían los narcojets, lleva ya diez meses en juicio en los Tribunales Federales de San Martín.
Quien sea que haya planeado el crimen de Quinteros, no quedó satisfecho. En consecuencia, ordenó ir tras la viuda, Blumetti, pero ella dijo no saber nada de lo que hacía su marido ni de la plata que le reclamaron. Pero, en la casa tenía pileta de material recién hecha. El 6 de febrero de 2019 en Francisco Álvarez, entonces, alguien asesinó a Anabella mientras manejaba su Chevrolet Meriva.
En esa camioneta, Blumetti viajaba con una amiga.
Aunque testigo del crimen, a ella la dejaron viva.
Fuente Periodico Tribuna
