LA HABANA, Cuba.- De acuerdo con una información emitida por la oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), y recogida en la edición del periódico Granma correspondiente al 29 de junio (“Acciones contra altos precios revelan una deuda fiscal superior a 32 millones de pesos”), los máximos deudores con el Presupuesto estatal hasta el cierre del 16 de junio han sido los que declararon ingresos personales por debajo de lo realmente obtenido, y en consecuencia no pagaron la cantidad de impuestos que debían.
Aunque no se menciona a ningún tipo de contribuyente en específico, no es difícil imaginar que las autoridades tributarias se refieran fundamentalmente a las supuestas subdeclaraciones de los trabajadores por cuenta propia, las cuales se calculan en unos 23 millones 500 mil pesos. Si a ello le sumamos otras deudas, así como hipotéticas violaciones de la política de precios fijada por el Gobierno, la suma total que se le debe al Presupuesto asciende a 32 millones 500 mil pesos. Según la ONAT, todo ese dinero se les va a exigir ahora a los tildados como infractores.
Debemos aclarar que el cartelito de “subdeclarante” que las autoridades le endosan a los cuentapropistas es, en gran parte de los casos, una decisión netamente subjetiva, basada en cálculos de mesa que no toman en cuenta las realidades específicas de cada negocio privado. Por ejemplo, en los últimos tiempos, en el contexto de la hiperinflación que se observa a todos los niveles, los inspectores de la ONAT han estimado que los propietarios privados ganaban mucho dinero al vender sus mercancías a precios elevados, y por tanto exigen que haya una cifra muy alta de ingresos en las declaraciones juradas de esos propietarios. Se trata, evidentemente, de una apreciación incompleta, pues no toma en cuenta si esas mercancías fueron finalmente vendidas, o siguen en los anaqueles.
También se deberán pagar al Presupuesto las deudas por concepto de multas, que se elevan a unos 7 millones 400 mil pesos, además de los recargos por mora, que ascienden a un millón 500 mil pesos. Estos recargos como castigo por no pagar en el tiempo comprendido para ello.
Las multas impuestas a los cuentapropistas se deben a la no posesión de la documentación que establecen las autoridades, la desactualización de los registros contables —en los que deben anotar diariamente sus ingresos y gastos—, así como la no implantación del sistema contable para el trabajo por cuenta propia. Acerca de esto último, se trata de una exigencia muy difícil de cumplir por la mayoría de los cuentapropistas, debido a lo complejo del modelaje, y el desconocimiento en materia de contabilidad por parte de muchos de los trabajadores por cuenta propia. No obstante, el que no lo tiene implantado y recibe una inspección, resulta multado.
Con respecto a las denominadas “acciones de control contra el incremento de los precios”, se puede afirmar que demuestran la inexistencia de una política bien definida y, por tanto, a merced del voluntarismo, en un asunto de vital importancia para la economía.
Por una parte, hasta varias de las principales figuras del aparato económico del castrismo han reconocido la inutilidad del tope de los precios, causante de que los productos se desaparezcan de las tarimas. Pero, por otro lado, en los niveles provincial y municipal no es poca la represión contra los que consideran “precios abusivos a la población”. Precios que, como sabemos, son en lo fundamental una consecuencia del déficit de oferta y del incremento de los costos de producción, y no una expresión malsana de los vendedores.
En todo caso resulta innegable que todas estas sanciones contra estos representantes del sector no estatal de la economía contribuyen a erosionar la confianza —si es que tenían alguna— que estos actores económicos pudiesen sentir por los gobernantes de la nación.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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Fuente Cubanet.org