Ley de Humedales: en Juntos por el Cambio chocan ambientalistas con los pro-campo

Diputados puso en marcha el debate por la Ley de Humedales. El tema es complejo y trasciende las barreras partidarias. Juntos por el Cambio aspira a saldar sus diferencias internas y unificar posturas en único texto antes del jueves. 

El oficialismo dispuso que ese día se llevará adelante la firma del o los dictámenes. Sorteado ese primer obstáculo, el objetivo de la coalición opositora es consensuar con el Frente de Todos para así llevar un único texto al recinto, y que reciba amplio acompañamiento al momento de la votación.

En Juntos por el Cambio se presentaron varias iniciativas que buscan establecer un presupuesto mínimo a asignarse a la conservación, protección y el uso sustentable de los humedales.

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Ahora bien, dentro de los 10 textos que comenzó a abordar Diputados el último jueves en un plenario de comisiones, quedaron expuestas las diferentes miradas sobre el tema. El abanico va desde los proyectos que tienen una mirada más ambientalista hasta los que buscan salvaguardar la producción.

En Juntos por el Cambio confían en que pese a las diferencias que existen, que quedaron plasmadas en dos proyectos de ley, queden zanjadas. Tanto Ricardo Buryaile y Jorge Vara que representan, por sus orígenes, al sector agropecuario, así como también la santafesina Ximena García (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que tienen el ojo puesto en el cuidado del medioambiente, apuntan a encontrar un texto que plasme ese equilibrio.

Las diferencias entre los dos proyectos son varias. Por caso, hay matices en torno a la confección del inventario de humedales, las restricciones en las actividades que se pueden hacer en esas zonas de tierra inundadas, así como también en las autoridades de aplicación. Incluso el proyecto de Vara y Buryaile no definen de igual manera que García y Ferraro la palabra “humedal”.

Pero, según aseguraron varias fuentes parlamentarias de la oposición, en Juntos por el Cambio todos están a favor de avanzar con una ley que, a grandes rasgos, contemple la creación de un inventario de humedales nacionales, la restauración ecológica de áreas degradadas y la conformación de un fondo nacional para su protección.

El desafío será elaborar un texto que contemple el cuidado del medio ambiente y los reparos del sector productivo, para que estos no se vean limitados en la explotación de algunas áreas. En este sentido, el exministro de agricultura de Corrientes, Vara, es quien lleva la posición “más dura”. 

Si bien es autor de un proyecto de Ley de Humedales, el suyo es bastante menos restrictivo respecto a las actividades que se pueden efectuar en esas zonas que los ambientalistas.

Fecha límite

Tanto del lado de Vara y Buryaile como del de García y Ferraro confían en que sus técnicos acercarán sus posiciones, limarán las diferencias y redactarán un texto conjunto. La misión es no mostrar fisuras internas ante al oficialismo. 

Entre el martes y el miércoles, los diputados deberán llegar a un acuerdo. Es que el jueves se celebra un nuevo plenario de comisiones y el objetivo del oficialismo es que ese mismo día se firme el dictamen para que el asunto quede listo para ser llevado al recinto.

Los incendios que afectaron a Rosario y los 10 años que el tema lleva pululando en el Congreso, junto con las manifestaciones de los ambientalistas en las inmediaciones del Palacio, le pusieron presión al Frente de Todos. La sanción de una Ley de Humedales fue promesa de campaña el año pasado.

“En dos años, el tema no ingresó a la comisión de Agricultura, presidida por el oficialismo, y tampoco aceptaron la propuesta de recibir invitados de la comunidad técnico-científica especializada para que brindaran su opinión. Ahora quieren aprobarla en un trámite exprés”, alertó Vara durante el debate.

Es por eso que el martes, Buryaile, que con la renovación de la Cámara baja quedó al frente de esa comisión, abrió las puertas para que el martes previo al plenario los diputados puedan llevar invitados para que expresen su postura en torno al tema.

En el plenario del jueves, será el turno de que Juntos por el Cambio acuerde con la postura de Grosso. De lo contrario, se firmarán dos dictámenes. Según dijeron desde el radicalismo, algo que ya tienen en claro es que intentarán voltear el monto que se prevé para la elaboración del inventario, que llevaría tres años.

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El texto que impulsa Grosso lo ubica en un 0,3% del Presupuesto. Según estiman desde JxC, eso equivale a unos u$s 400 millones de dólares al año para “hacer un mapeo que ya tiene el INTA”. Es por eso que buscarán impulsar una alternativa menos costosa, que ronda apenas un 10% de ese monto. 

Fuente El Cronista