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Hace poco más de dos meses, el ministro de Economía, Sergio Massa, manifestaba con un posteo en Twitter que en una labor conjunta con la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) de Estados Unidos había obtenido información necesaria para realizar denuncias en la justicia argentina contra sociedades que llevaron a cabo maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones a través de sociedades y bancos extranjeros.
Qué es la FinCEN de EEUU
Más allá del proceso judicial que seguramente continua su curso, es muy importante saber qué es la FinCEN, cuáles son las últimas novedades en materia de regulación y por qué estas podrían traer implicancias en el acuerdo de intercambio automátioco de información financiera que el gobierno está firmando con el país del norte.
La FinCEN es una oficina que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y tiene la misión de salvaguardar el sistema financiero del uso ilícito, combatir el lavado de dinero y promover la seguridad nacional. Para llevar a cabo esas tareas, cuenta con la cooperación global de organizaciones homólogas en otros países y de organismos internacionales. En la Argentina, el organismo equivalente a la FinCEN es la UIF (Unidad de Información Financiera), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía.
El organismo es el encargado de aplicar la Ley de Transparencia Corporativa en Estados Unidos (CTA / Corporate Transparency Act) desde su aprobación el 14 de diciembre del 2020 como parte de Ley de Autorización de Defensa Nacional y contra el lavado de dinero. Sin embargo, no fue hasta un año después de su publicación, cuando la FinCEN presentó una propuesta de reglamentación, para dar así oportunidad de revisar y opinar sobre la exigencia a las entidades respecto de la información de sus beneficiarios reales.
El reporte de Beneficiarios Reales (BOI report)
Finalmente, el pasado 29 de septiembre la FinCEN emitió una regla final (final rule) donde estableció los requerimientos de información sobre beneficiarios reales. El BOI report (Beneficial Ownership Information report) establece que la mayoría de las corporaciones (Corp, Inc), sociedades de responsabilidad limitada (LLC), y otras entidades creadas en Estados Unidos, o bien vehículos extranjeros registrados para hacer negocios en Estados Unidos, den cumplimiento mediante información personal de quienes detenten participaciones mayores al 25% de su capital.
Para las entidades informantes creadas o registradas antes del 1º de enero de 2024, el plazo para cumplimentar la presentación de los informes iniciales será de un año (hasta el 1º de enero de 2025). En cambio, para las entidades informantes creadas o registradas con posterioridad al 1º de enero de 2024 tendrán 30 días después de la creación o registro para presentar sus reportes iniciales. Las multas por incumplimiento en la presentación del informe pueden llegar hasta los USD 500.000.
Con estas medidas Estados Unidos muestra señales positivas en relación a la información financiera y al alto índice de confidencialidad que actualmente registra. Según la clasificación de la Tax Justice Network de las jurisdicciones más protectoras en el manejo de la información financiera, para el año 2022 ubicó a Estados Unidos en el puesto nro 1 del ranking sobre índices de secreto financiero, considerando las 141 jurisdicciones relevadas. Quienes lo siguen son Suiza, Singapur, Hong Kong y Luxemburgo. Además indica que Estados Unidos aporta el 5,74% del secreto financiero mundial (https://fsi.taxjustice.net/).
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Impacto en el acuerdo fiscal entre la Argentina y EE.UU.
Considerando que a partir del 1º de enero de 2024 la información de los beneficiarios finales estará en poder de la FinCEN, organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al igual que el IRS (Internal Revenue Service), es factible pensar que éste último tendrá también acceso a la base de los beneficiarios.
Por lo tanto, de avanzar en las instancias de firma e implementación efectiva del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina por intercambio de información financiera automático, es posible que no solo refiera a titulares de las cuentas, sino que su alcance incluya a los beneficiarios finales con residencia en Argentina de las entidades registradas en Estados Unidos.
Si bien es solo una hipótesis, lo concreto es que éstas bases de datos con información por demás sensible estarán a disposición del IRS para lo que éste organismo considere utilizarlos. Y en el marco del intercambio con Argentina esto resultaría sumamente delicado.
Fuente El Cronista
