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Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte se mantenían en el sur de Perú, donde una persona falleció hoy por la represión policial, con lo que la cifra de muertos desde diciembre se elevó a al menos 46, mientras en Lima las autoridades ingresaron a la fuerza a la universidad de San Marcos donde se alojaban decenas de manifestantes que habían viajado hasta la capital para la “toma de Lima”.
“Tenemos una persona fallecida en Ilave por las protestas del viernes. Es un poblador herido que estaba siendo trasladado al hospital de Puno, pero llegó cadáver”, dijo a la agencia de noticias AFP Jacinto Ticona, defensor del pueblo de Ilave, en Puno, en el sur del país.
“Invocamos a la policía a que no haga uso desproporcional de la fuerza”, agregó.
La represión de las protestas del viernes en Ilave desató el enojo de la población, que en la madrugada de hoy quemó la comisaría de esa ciudad.
Los enfrentamientos entre pobladores y las fuerzas de seguridad dejaron además 10 heridos, según fuentes hospitalarias.
Imágenes viralizadas en las redes sociales mostraron cómo policías disparaban al cuerpo a manifestantes en la plaza principal de Ilave, una pequeña ciudad a 3800 metros de altitud, cerca del lago Titicaca, en la frontera con Bolivia.
Otra comisaría en Puno, en el distrito de Zepita, había sido también quemada el viernes, sin causar víctimas.
En tanto, en Lima, la policía ingresó a la fuerza a la Universidad Nacional de San Marcos rompiendo una enorme reja con un vehículo antimotines y detuvo a decenas de manifestantes y estudiantes que dormían desde hace varios días en el lugar.
El fiscal superior peruano Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, confirmó que fueron 205 las personas detenidas durante la intervención de la Policía en el recinto universitario, según recoge la emisora RPP.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó a “asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso” y recalcó que llevar a los detenidos “ante autoridades judiciales y la supervisión fiscal es esencial para la protección de los derechos de todas las personas”.
Fuente El Cronista
