Protestas frente a la Knéset luego de la negociación por el presupuesto

Miles de israelíes protestan ante la Knéset contra el presupuesto de 2023-2024 que prevé aprobar el gobierno de Benjamín Netanyahu, que contempla la entrega de más dinero al sector judío ultraortodoxo, cuyos partidos son socios clave en el Ejecutivo.

Los manifestantes, convocados por las entidades que encabezan el movimiento de protestas contra la reforma judicial de la coalición, acusaron al Gobierno de «saqueo» a las arcas estatales por el nuevo presupuesto pendiente de votarse en las próximas horas.

Las cuentas otorgarán más financiación para subsidios a los judíos religiosos, y según críticos, esto mantendrá a este sector -del que hay muchos miembros que no trabajan- fuera del mercado laboral.

Esta cuestión genera polémica en Israel desde hace años y gana más presencia en el debate público, mientras se agrava el malestar entre población secular, que siente que está expuesta a una mayor presión fiscal y alega que parte importante de los impuestos que paga al Estado van destinados a mantener a la comunidad ultraortodoxa.

En este sector, si bien las mujeres sí tienden a trabajar, más del 50% de los hombres no lo hacen. Se dedican al completo al estudio de los textos religiosos judíos y reciben subvenciones estatales.

El plan presupuestario impulsado por el actual Gobierno -que se debe aprobar esta noche en pleno parlamentario en dos votaciones- prevé asignar unos 14.000 millones de shékels en fondos que en parte irán para instituciones y programas ultraortodoxos, según los pactos de coalición que alcanzó Netanyahu con las fuerzas religiosas, Shas y Judaísmo Unido de la Torá (UTJ).

Tras días de fricción interna en el Gobierno, Netanyahu aseguró esta tarde que los presupuestos se aprobarán gracias a la «unidad» entre los distintos socios que integran la coalición.

El primer ministro se vio presionado por miembros una de las facciones que integran UTJ, que pidieron asignaciones adicionales de dinero para su sistema educativo religioso. Finalmente, el partido Likud de Netanyahu llegó a un pacto con los ultraortodoxos y prometió un suplemento para sus escuelas religiosas, lo que apagó las tensiones.

El jefe de Gobierno también debió pactar una asignación parecida para el Ministerio de Desarrollo del Négev y Galilea, controlado por el partido de ultraderecha Otzmá Yehudit, que también se negaba a apoyar el presupuesto sin esta condición.

La incertidumbre en torno a los presupuestos generó una atmósfera de inestabilidad política añadida en Israel, ya tocado por un plan de reforma judicial que socavaría la división de poderes y llevó a cientos de miles de ciudadanos a salir a protestar a pie de calle contra una iniciativa que busca tirar adelante el actual Ejecutivo.

Actualmente, de no aprobarse los presupuestos en el plazo del 29 de mayo, esto significaría la caída del Ejecutivo al activarse por ley la disolución automática del Parlamento, lo que agotaría la legislatura y llevaría a Israel a otras elecciones.

Sin embargo, Netanyahu dijo hoy a la oposición –también contraria a estos presupuestos– que esto no sucederá, y remarcó que su Gobierno se mantendrá en pie los próximos cuatro años.

Con información de agencias.