Cuando parecía que el fútbol nacional estaba curado de espanto por el caso Rubiales, el Gobierno se vio este martes forzado a cambiar sus planes para tratar de controlar un incendio que, como reconoció el propio Consejo Superior de Deportes (CSD), ha vuelto a dejar a España «en ridículo». Su presidente, Víctor Francos, tuvo que cambiar de opinión al menos dos veces en 24 horas para atajar un asunto que perjudica realmente las oportunidades españolas de coorganizar el Mundial 2030 (lo que supondría perder una inyección estimada en varios miles de millones de euros).
«Le he dicho a Rocha (Pedro Rocha, presidente interino de la Federación) que estoy muy cabreado», afirmó Francos en el programa matinal ‘Al Rojo Vivo’: «Ayer (por el lunes) a las 14:00 me dicen que no se iba a convocar a quien no quisiera ser convocada y a las 16:30 me encuentro con una convocatoria en la que se ha convocado a quien le ha dado la gana. Es increíble». Después lanzó un aviso serio: «Si la Federación no toma las decisiones correspondientes en los próximos días, exigiremos a través de un burofax la convocatoria de elecciones inmediata».
Esta última frase supone un giro en la estrategia del CSD, que en la última semana ha expresado varias veces su deseo de que las elecciones se celebren «en el primer trimestre del 2024». (Un extremo compartido por la propia Comisión Gestora de la Federación, constituida el viernes pasado). Sin embargo, Francos había aclarado posteriormente que «la Comisión Gestora puede convocar las elecciones cuando considere, el Gobierno no es competente para hacer las funciones de la Comisión Gestora».
Este martes, tras haber recalcado que el Ejecutivo está «cerradamente a favor de las jugadoras», Francos también suavizó su postura respecto a las eventuales sanciones que podrían recibir las futbolistas si rechazasen acudir a la llamada del equipo nacional. Si el lunes explicó que el día siguiente a primera hora llamaría «a las capitanas» para intentar convencerlas, pero que si decidiesen no ir se verían obligados a «aplicar la ley» («siento decirlo así, pero debemos hacer lo que tenemos que hacer»), este martes afirmaba que, si alguna jugadora no está cómoda y no quiere estar, yo creo que lo más normal es que con naturalidad se la desconvoque y se convoque a otra, sin ninguna sanción».
Cruce de amenazas
Las sanciones a las que se refería Francos, recogidas en la Ley del Deporte, son por infracción «muy grave» y van desde una multa entre 3.000 y 30.000 euros a una suspensión de licencia federativa entre 2 y 15 años. El conflicto abierto puede detonar la implosión definitiva de una Federación que no ha acometido aún los cambios prometidos y observa con estupor cómo una segunda ola del tsunami desencadenado por el pico a Jenni Hermoso puede producir una revolución inimaginable hace sólo un mes (mañana se cumple un mes desde la conquista del Mundial).
El cruce de amenazas de querellas entre las jugadoras (por haber sido convocadas por la RFEF sin su consentimiento) y la propia Federación (por coacciones a los miembros cuya destitución exigen para regresar a la disciplina, según publicó el lunes ‘El Español’) han enturbiado definitivamente un caso que genera notable interés internacional.
Fuentes próximas a las jugadoras, como del mismo CSD y del fútbol profesional, siguen lamentando la degeneración de un conflicto que comenzó hace más de un año, sin que el Gobierno viese entonces razones para intermediar. Su actitud comenzó a cambiar tras la inhabilitación de Luis Rubiales por la FIFA. Hace una semana, Francos aseguró que iban a terminar con el machismo en el deporte (además de transformar el sistema federativo español en sus aspectos menos positivos). El tono es ahora mucho más claro.
Fuente ABC