
Ayuntamientos cuyos servicios al ciudadano dejan de funcionar, hospitales que quedan paralizados y sus tratamientos aplazados, televisiones públicas que no pueden emitir, consumidores que se ven obligados a anular sus tarjetas de crédito … son ejemplos de algunos efectos de los últimos ciberataques sufridos en territorio español, algunos de los cuales se han producido en Madrid. Para descubrir y neutralizar estas acciones de ciberdelincuentes, la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de la Agencia de Ciberseguridad, que la presidenta Isabel Díaz Ayuso quiere tener aprobada por la Asamblea y funcionando a comienzos de 2024.
El asunto es urgente, dada la proliferación de estos ataques informáticos, cuyas cifras crecen exponencialmente. Entre enero y agosto, según los últimos datos conocidos, pasarían de 60.000 los ciberataques detectados y neutralizados sólo en el ámbito que controla Madrid Digital, la agencia pública madrileña.
Para reforzar esta función de vigilancia y escudo protector, llega el proyecto de ley de la Agencia de Ciberseguridad. Un segundo intento, dado que el primero se vio frustrado cuando se llevó a la Asamblea el pasado febrero, porque Vox se alió con los partidos de izquierda y todos votaron en contra de la misma. Ahora, amparada en su mayoría absoluta, Isabel Díaz Ayuso volverá a llevar el texto legal a la Asamblea con la seguridad de que, esta vez sí, saldrá adelante.
Los piratas informáticos no acometen estas acciones por maldad, o para fastidiar. Lo hacen por dinero. De hecho, en el reciente ciberataque al Ayuntamiento de Sevilla, que paralizó sus sistemas hasta el punto de que han tardado más de un mes en quedar restablecidos, los ciberdelincuentes pidieron un rescate de 5 millones de euros. En el ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona, se paralizaron sus servicios de urgencias y hubo que retrasar los tratamientos -incluidos los oncológicos- y hasta 150 cirugías no urgentes.
Y es que las infraestructuras críticas, como hospitales o las de transporte, son algunas de las favoritas de estos delincuentes informáticos. Y por eso mismo, la nueva Agencia de Ciberseguridad se centrará especialmente en ellas. Aunque no en exclusiva: también va a coordinar a las administraciones públicas, y apoyará a las que, por su tamaño, carecen de de capacidad suficiente para aplicar medidas ante ciberataques.
Desde la Agencia, se propondrán soluciones de prevención, detección y respuesta ante las amenazas en redes. El texto de la futura ley irá ahora a la Asamblea, para que reciba allí el respaldo de los diputados.
En la Agencia se configurará el equipo de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad (CSIRT, por sus siglas en inglés) en toda la Comunidad de Madrid. Y prestará especial interés y atención a las infraestructuras más relevantes, con especial atención al área de salud, una de las más críticas.
También facilitará la conexión con proveedores privados y con aquellos que se relacionen con los servicios públicos a través de medios electrónicos, y actuará como órgano de colaboración con el Centro Criptológico Nacional (CCN). Podrá trabajar con entidades tanto públicas como privadas, siempre en coordinación con el CNN, para tomar decisiones en común y, tras evaluar la extensión del suceso, podrá alertar a otras instituciones que puedan verse afectadas, para prevenir un mayor alcance del problema.
Igualmente, va a colaborar con pequeñas y medianas empresas de la región que no cuenten con las capacidades suficientes para cumplir con su seguridad frente a los ciberataques. E impulsará medidas para concienciar y formar a los ciudadanos en la cultura de la seguridad, y en ofrecer a los ciudadanos un marco de confianza en relación con los medios electrónicos.
La Agencia, que estará adscrita a la Consejería de Digitalización, contará con cerca de 15 trabajadores, en su mayoría con perfiles tecnológicos: un consejero delegado, consultores, ingenieros de desarrollo y de sistemas y puestos administrativos y de gestión.
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Fuente ABC