Por RR
La Corte Suprema anuló su absolución por el encubrimiento de la desaparición del soldado Alberto Ledo. Fuentes militares consultadas por Total News Agency-TNA aseguran que antiguos camaradas consideran al exjefe del Ejército un traidor a la institución. A sus antecedentes judiciales por presunto enriquecimiento ilícito se suman las investigaciones sobre su entorno de inteligencia, la causa Nisman y el procesamiento por narcotráfico del coronel retirado Pablo Quiroga. Una carta del lector Sergio Luis Maculan plantea además una contradicción en la aplicación de responsabilidades penales y constitucionales.
Buenos Aires, 31 de octubre de 2026 – Total News Agency-TNA – El exjefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner, teniente general retirado César Milani, vuelve a enfrentar un escenario judicial complejo después de que la Corte Suprema de Justicia revocara, el 29 de septiembre, su absolución en la causa por el encubrimiento de la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, ocurrida en Tucumán en junio de 1976.
La decisión devuelve el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá dictar un nuevo pronunciamiento. El máximo tribunal cuestionó que las sentencias anteriores hubieran aceptado, sin valorar integralmente las pruebas, que Milani desconocía las circunstancias que rodearon la desaparición.
Ledo fue secuestrado el 17 de junio de 1976, cuando cumplía el servicio militar obligatorio. El entonces subteniente Milani quedó vinculado a la investigación por la confección de un acta que presentó su desaparición como una supuesta deserción, pese a que el soldado había dejado sus pertenencias personales, incluidos los anteojos que necesitaba permanentemente.
El entonces capitán Esteban Sanguinetti recibió una condena de 14 años de prisión por su participación en los delitos cometidos contra Ledo. Milani, absuelto en 2019, deberá afrontar ahora una nueva decisión judicial.
Sus camaradas lo consideran un traidor
Fuentes militares que TNA considera de alta confiabilidad aseguran que existe entre antiguos integrantes del Ejército un profundo rechazo a la trayectoria de Milani, particularmente por su alineamiento político con el kirchnerismo durante su conducción de la fuerza entre 2013 y 2015 y el trato a sus camaradas detenidos.
Según esas fuentes, varios de sus camaradas lo califican directamente de «traidor», al considerar que subordinó la institución a intereses político-partidarios y mantuvo posiciones contradictorias respecto del tratamiento de militares involucrados en causas por delitos cometidos durante la dictadura.
La contradicción señalada por Sergio Luis Maculan
En una carta de lectores enviada publicada por La Nación, Sergio Luis Maculan cuestiona precisamente el contraste entre la responsabilidad que se le atribuye a Milani cuando era subteniente y las decisiones que adoptó, décadas después, como máxima autoridad del Ejército.
Maculan recuerda que, durante su jefatura, se aplicó la Resolución 85/2013 del Ministerio de Defensa, que prohibía la internación y asistencia ambulatoria en hospitales militares a personas condenadas o procesadas con prisión preventiva que tuvieran o hubieran tenido estado militar.

El lector sostiene que aquella prohibición era ilegal y podía constituir un trato cruel, inhumano o degradante, incluso susceptible de ser considerado tortura. A partir de esa interpretación, plantea que correspondía investigar tanto la responsabilidad de Milani como la de los funcionarios que no promovieron acciones legales.
Su argumentación expone una paradoja: cuando Milani era subteniente, la Justicia considera insuficiente la explicación de que desconocía determinadas circunstancias de la desaparición de Ledo; mientras que, cuando alcanzó la máxima jerarquía militar, no se le habría exigido una responsabilidad equivalente por una norma aplicada de manera sistemática.
Maculan cuestiona también la diferencia de tratamiento penal que advierte entre conductas cometidas en distintos períodos históricos: señala que se persigue una intervención de 1976 mientras no se investiga, bajo la calificación que propone, la aplicación de una prohibición sanitaria de 2013. En su razonamiento contrapone delitos que considera prescriptos con otros que entiende imprescriptibles, así como el conocimiento exigido ante un hecho individual frente al conocimiento de una directiva de alcance general.
Debe precisarse que la Resolución 85/2013, posteriormente derogada en 2016, establecía que la atención médica debía garantizarse mediante los servicios públicos civiles de salud. Por lo tanto, la tesis de que su aplicación constituyó tortura o un delito de lesa humanidad es una interpretación jurídica del autor de la carta, no una conclusión establecida por una sentencia.
Corrupción, inteligencia militar y el caso Nisman
La trayectoria judicial de Milani también estuvo marcada por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, iniciada por inconsistencias patrimoniales y la adquisición, en 2010, de una vivienda en La Horqueta, San Isidro, escriturada por 1,5 millones de pesos.
Su absolución inicial fue anulada en 2023, pero el expediente terminó con un sobreseimiento firme por prescripción en marzo de 2025, sin una condena penal por esos hechos.
Otro capítulo controvertido corresponde al funcionamiento de la inteligencia militar durante los últimos años del kirchnerismo y a las investigaciones relacionadas con la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien investigaba el atentado contra la AMIA.
La investigación del fiscal Eduardo Taiano identificó conexiones entre integrantes de la inteligencia del Ejército y funcionarios de la entonces SIDE, enfrentados con el ex agente Antonio Stiuso, desplazado del organismo durante el kirchnerismo después de años operando para ellos.
Entre los nombres investigados aparece el suboficial mayor retirado Joaquín Conrado Pereyra, conocido como «El Verde», señalado como enlace entre la estructura militar vinculada a Milani y sectores de la inteligencia civil. La investigación examinó comunicaciones y actividades de inteligencia alrededor de los acontecimientos anteriores y posteriores a la muerte de Nisman, el 18 de enero de 2015.
Un antecedente particularmente grave involucra al coronel retirado Pablo Guillermo Quiroga, identificado en una investigación anterior de TNA, publicada el 10 de enero de 2026, como uno de los colaboradores del círculo de confianza de Milani.
Quiroga fue detenido cuando regresaba de Perú y procesado con prisión preventiva por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, acusado de confabulación para el contrabando de estupefacientes y tenencia ilegítima de armas.
La investigación del fiscal Fernando Domínguez estableció indicios de un proyecto para enviar cocaína hacia Francia, oculta en bodegas de aviones comerciales. La causa incluyó conversaciones recuperadas de teléfonos celulares, contactos con integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el secuestro de cinco armas en una vivienda de Nordelta. También se dispuso un embargo de 100 millones de pesos.
Cabe distinguir que Quiroga y «El Verde» son dos personas diferentes: el segundo es Joaquín Conrado Pereyra, vinculado a la investigación sobre Nisman, mientras que Quiroga es el coronel procesado por el presunto plan de narcotráfico.
Los antecedentes de ambos vuelven a colocar bajo examen el entramado de relaciones personales y operativas que rodeó a la conducción de inteligencia del Ejército durante la gestión de Milani, aunque sus responsabilidades penales corresponden a expedientes diferentes.
La nueva intervención de la Corte Suprema en el caso Ledo coloca nuevamente al antiguo jefe militar del kirchnerismo frente a una revisión judicial de su conducta durante la dictadura, mientras la carta de Maculan abre un debate adicional sobre las responsabilidades de quienes, décadas después, ejercieron autoridad sobre el sistema militar y sanitario. La cuestión de fondo comprende tanto la obligación de esclarecer la desaparición de un conscripto como la discusión sobre los límites legales de las órdenes y disposiciones que afectan los derechos de otros integrantes de las Fuerzas Armadas.
Fuentes consultadas
- Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo del 29 de septiembre de 2026.
- Ministerio Público Fiscal, información oficial sobre el caso Alberto Agapito Ledo.
- Ministerio de Defensa, Resolución 85/2013 y Resolución 65/2016.
- Sergio Luis Maculan, carta de lectores remitida a TNA.
- Total News Agency-TNA, investigación de Darío Rosatti sobre Pablo Guillermo Quiroga, 10 de enero de 2026.
- Ministerio Público Fiscal, investigación sobre la muerte de Alberto Nisman.
- Cámara Federal de Casación Penal, actuaciones sobre enriquecimiento ilícito.
- LA NACION y Clarín, antecedentes judiciales de Milani, Quiroga y Pereyra
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