Por Lucho Ávila
Una grave denuncia obtenida por Total News Agency-TNA a través de fuentes confiables vinculadas a CAPEC acusa a dos funcionarias del ENReGE de haber negado, durante una reunión oficial del 14 de octubre, la existencia de proyectos para modificar las obleas y los plazos de revisión de los equipos de GNC. Sin embargo, según la presentación, dos documentos oficiales habían sido firmados digitalmente e ingresados al sistema administrativo el día anterior. La entidad denuncia ocultamiento, mala fe procesal y desviación de poder, y anticipa acciones judiciales.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2026 – Total News Agency-TNA – Una denuncia por presuntas irregularidades en la tramitación de modificaciones a las normas de seguridad del Gas Natural Comprimido (GNC) coloca bajo examen a dos funcionarias del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), organismo que reúne las competencias del antiguo ENARGAS y del ENRE.

La presentación, obtenida por TNA mediante fuentes confiables vinculadas a la Cámara Argentina de Productores de Equipos Completos de Gas y Afines (CAPEC), está dirigida al ingeniero Vicente Serra, vicepresidente del Directorio, con notificación, emplazamiento y nota de falta grave a María Fernanda Martínez, responsable de la Unidad Gas Natural Vehicular, y Graciela Ana Bravo, responsable de la Unidad Innovación y Normalización.

El hecho central ocurrió el 14 de octubre de 2026, durante una reunión institucional entre representantes de CAPEC y ambas funcionarias.
Según la denuncia, ante una consulta expresa de los representantes de la industria, Martínez y Bravo aseguraron categóricamente que ningún proyecto de modificación de obleas o plazos de revisión estaba siendo sometido a consulta pública ni sería promulgado intempestivamente.

La afirmación adquiere particular gravedad por los antecedentes documentales que la entidad denunciante atribuye al propio organismo.
De acuerdo con la presentación, las actuaciones identificadas como Anexo I, IF-2026-99380071, y Anexo II, IF-2026-99380480, ya habían sido firmadas digitalmente e ingresadas al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) el 13 de octubre de 2026, veinticuatro horas antes de aquella reunión.

Esta secuencia constituye el núcleo de la acusación: mientras las autoridades técnicas negaban ante los representantes del sector la existencia de una reforma en curso, el organismo ya contaba, según CAPEC, con documentación administrativa formalizada.
La denuncia sostiene que esa conducta constituyó una maniobra de ocultamiento destinada a impedir el control técnico preventivo de los administrados.
También califica lo ocurrido como mala fe procesal, desviación de poder y vulneración del principio de confianza legítima, y plantea la nulidad del procedimiento administrativo.
La cuestión trasciende una controversia entre funcionarios y fabricantes. Las obleas identifican los equipos habilitados para cargar GNC, mientras las revisiones periódicas permiten detectar deficiencias en componentes e instalaciones.
Actualmente, la reglamentación establece controles anuales para los equipos completos y revisiones de cilindros cada cinco años.
Una eventual modificación de esos plazos podría afectar la frecuencia de las inspecciones, los mecanismos de identificación, los costos de mantenimiento y las condiciones exigidas a millones de automovilistas.
Por eso resulta fundamental conocer qué cambios contienen los documentos cuestionados, sus fundamentos técnicos y las evaluaciones de seguridad realizadas antes de avanzar administrativamente.
La contradicción denunciada entre las declaraciones del 14 de octubre y las firmas digitales del día 13 exige una explicación documental precisa.
El sistema GDE permite reconstruir la fecha de creación, firma y circulación de las actuaciones. Su trazabilidad debería permitir determinar quiénes intervinieron en la elaboración de los proyectos y qué información estaba disponible para las funcionarias durante la reunión con CAPEC.
La entidad también formuló una reserva expresa para promover una acción de amparo colectivo y solicitar una medida cautelar de no innovar, invocando el artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial.
La finalidad de esa medida sería impedir que se introduzcan modificaciones normativas mientras se examinan las irregularidades denunciadas y sus posibles consecuencias para los usuarios.
Corresponde ahora que el Directorio del ENReGE requiera los expedientes originales, examine las constancias de firma digital, identifique las intervenciones administrativas y determine las responsabilidades funcionales que pudieran surgir.
Asimismo, deberá establecer si las entidades técnicas interesadas tuvieron oportunidad efectiva de conocer y analizar las modificaciones propuestas.
La denuncia obtenida por TNA plantea, en definitiva, un interrogante institucional concreto: ¿por qué dos funcionarias habrían negado el 14 de octubre la existencia de una reforma cuyos antecedentes, según CAPEC, ya estaban firmados e incorporados al sistema oficial desde el día anterior?
La respuesta deberá surgir de los documentos administrativos y de las actuaciones que disponga el organismo. Entretanto, la controversia alcanza directamente la transparencia regulatoria y la confianza de los usuarios en las normas destinadas a garantizar la seguridad de sus vehículos.
Fuentes consultadas: Fuentes vinculadas a CAPEC consultadas por Total News Agency-TNA; denuncia institucional y referencias a los documentos GDE IF-2026-99380071 e IF-2026-99380480; normativa vigente del ENReGE sobre revisiones anuales y quinquenales de GNC; Ley 27.742; Decreto 452/2025; Constitución Nacional; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
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