Carlos Rívolo: "Hay que olvidarse de una vez de los intentos de modificar la Corte Suprema"

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La imagen del Poder Judicial se mantiene en el subsuelo desde hace años. ¿Cuál cree usted que son los motivos?

Comparto esa apreciación, y las razones son varias, Para

La imagen del Poder Judicial se mantiene en el subsuelo desde hace años. ¿Cuál cree usted que son los motivos?

Comparto esa apreciación, y las razones son varias, Para

empezar, la justicia solo contenta al 50% de quienes acuden a ella. Pero además, la perjudica la fortísima presencia de la política en el nombramiento de jueces, fiscales y defensores, que agobia y le hace mal al sistema. Cada uno de los gobiernos que han llegado vino con un plan para la justicia bajo el brazo. Así pasamos de 6 jueces federales a 12, y como ahora no gusta lo que hacen queremos ir a 46. Eso no es una reforma, sino una inflación judicial. El poder de los jueces no se se va a diluir jamás, ojalá no ocurra. Los jueces pusieron una determinada cordura en el corralito, en el funcionamiento previsional.

¿Cuándo cree que comenzó esa decadencia y por qué?

El tobogán arrancó con las reformas de los años 90. Hubo un gran revoleo de cargos sin concursos, bajo un diseño que se promocionaba como "moderno" pero con el correr del tiempo se mostró que no lo era.

La justicia federal, que debe investigar los casos de corrupción de funcionarios nacionales, muestra resultados paupérrimos en esa tarea. ¿Cuál es el motivo?

Coincido con el diagnóstico, pero también digo que todos los sectores de la política van a la justicia a dirimir sus conflictos. Todos van a imputar por acciones a los gobiernos anteriores y a los adversarios políticos. Se quejan de la justicia pero acuden a ella. Los Tribunales Orales Federales terminaron los juicios de lesa humanidad, los de narcotráfico se hicieron abreviados, y hace tres o cuatro años se desocuparon para atender las causas por corrupción. Entonces sobre los jueces y los fiscales se empiezan a desarrollar presiones de todo tipo: campañas mediáticas, denuncias penales o institucionales. Desde el poder se ejerce una presión monumental, y hay que resistirla. Yo aplaudo que le hayan dado continuidad al juicio de Báez y al de obra pública: esto no se puede seguir paralizando, no solo por los imputados sino también por la imagen de la justicia. No puede ocurrir que la cuarentena nos frene. 

En los últimos años, decenas de causas judiciales revelaron gravísimos actos de corrupción, entre cuyos supuestos autores está Cristina Kirchner. ¿Influye sobre los jueces su nuevo rol como vicepresidenta?

La respuesta a esta pregunta es que los juicios contra ella y sus funcionarios no se han frenado. Con sus fallas y deudas, este es un poder judicial que en algún momento condenó a los comandantes de la dictadura, que de a poco fue sentando en el banquillo a funcionarios vinculados con la corrupción, aún a los que estaban en el ejercicio de su función. Y hoy hay tribunales a los que les toca juzgar a la vicepresidenta y la llaman. Es obvio que se va a tratar de ejercer una presión muy fuerte sobre un poder contramayoritario como el judicial, que estará en nosotros saber resistir para citar a quien debamos citar. En este sentido los jueces debemos abandonar la adolescencia y afrontar nuestra responsabilidad.

Cristina y sus militantes insisten en la existencia del "Lawfare", el supuesto uso de la justicia para perseguir a los opositores políticos. ¿Comparte esa visión?

No hay ninguna posibilidad de que un fiscal llegue a un juicio diciéndole a un juez "persigo a esta persona por cómo piensa", sin pruebas. A su vez, supongamos que el Lawfare existiera: ¿cuál sería su año cero? ¿La maniobra a Enrique Olivera, a Francisco De Narváez? (se refiere a las acusaciones sobre cuentas en el exterior y vínculos con el narcotráfico contra ambos políticos por parte del gobierno kirchnerista, que se comprobaron falsas) ¿Cómo puede ser que aparezcan jueces que ahora dicen "me presionaron" y durante años estuvieron en silencio? Todos sabemos que tenemos la posibilidad de denunciar las presiones. Es un relato absoluto el Lawfare. De índole política, narrativa. Ninguna causa progresa por esa consideración, y mucho menos se llega a una condena.

Esta semana, el presidente Fernández anunció la reforma judicial. ¿Los cambios son necesarios? ¿Cree que la orientación de sus propuestas es la correcta?

Hay que hacer un cambio en la justicia, sí. Pero no es el cambio que esperaba el 90% de los fiscales, porque estamos convencidos de la necesidad de aplicar el sistema acusatorio -en el que los fiscales investigan y los jueces solo controlan el proceso- y entonces hay que designar muchos más fiscales y no otros 23 jueces federales en la Capital. Hay que dar mayores capacidades y herramientas al ministerio público. Otra objeción es respecto a la especialización: todos los abogados la tenemos. Y hay fiscalías especializadas y temáticas, porque son necesarias para una investigación eficaz. Pero con la reforma van a juntar competencias completamente disímiles, como la penal y penal tributaria. A su vez, se le pide a un Consejo Consultivo que evalúe separar a la Corte en salas temáticas, exactamente lo opuesto. ¿En qué quedamos? Si la idea es despolitizar a la justicia, hay que poner el ojo en el Consejo de la Magistratura. Además, está el tema de los jueces subrogantes, que investigarán los casos nuevos correspondientes al macrismo y a este gobierno. ¿Por qué no hacemos primero los concursos, así tenemos jueces que no estén sometidos al poder político? Lo más grave: esos jueces serían designados por la Cámara de Casación, y la Casación Federal -que pertenece al fuero y ejercería la superintendencia sobre aquellos juzgados- queda afuera del tema. 

¿La multiplicación de los juzgados federales de instrucción hasta 46 mejorará la calidad del servicio de justicia y la independencia de los magistrados?

No. Tener 46 juzgados para una ciudad con 3 millones de personas es una inflación monumental. Habrá una gran capacidad ociosa, además del costo económico. El gran Buenos Aires, con 14 millones de habitantes, tiene 30 juzgados federales. No hay lógica.

Si esa reforma se concretara, ¿cómo se cubrirían las fiscalías correspondientes a los nuevos juzgados?

Va a haber un vaciamiento de las actuales, con consecuencias en el servicio. Hace 25 años que en mi fiscalía tengo  once personas para llevar más de mil casos. Si me dejás con cinco, mi trabajo va a ser mucho más lento. Pero lamentablemente estamos contrarreloj para sugerir cambios, y muchos queremos opinar sobre esta reforma. 

¿Por qué hay tanto apuro?

No sé si la reforma quiere tomarse como un triunfo político, o si apunta a la resolución de determinados casos. Pero no deberían acelerarse estos cambios. Sería incompatible con el tratamiento que tuvo el proyecto de Código Penal, que se discutió en todo el país mucho tiempo y aún no fue presentado en el Congreso. La decisión de refundar la justicia federal merecería discutir muchísimos aspectos.

¿Hay que modificar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia?

No. Hay que olvidarse de una vez de los intentos de modificar la Corte. Es uno de los poderes del Estado, y hay que darle continuidad institucional. Es un tribunal constitucional, no debe ser dividido en salas, ni siquiera estoy seguro de que la Constitución lo contemple. Además, ¿para qué la especialidad en salas si vos pretendés que la Corte solo se pronuncie sobre la constitucionalidad? Es incongruente. Sí estaría de acuerdo con que todos los tribunales tuvieran un plazo en el cual expedirse: las Cámaras Federales, la Casación y la Corte. Se dedicarían a lo más importante, y orientarían mejor el trabajo de los tribunales inferiores.

¿Por qué cree que se explora ese camino?

Me parece que se trata de seguir minando la credibilidad del Poder Judicial, tratando de poner en crisis a la Corte. Hay que prestar atención a lo que se hará respecto al recurso extraordinario (la posibilidad de llegar hasta la Corte con un reclamo). Si lo elastizan, van a atiborrar al máximo tribunal. Y si tocan a los miembros, una vez más abrirán el camino a otro cambio en el futuro. Yo no comparto que la Corte debe seguir las políticas de los gobiernos de turno. Si pasa eso, quememos la Constitución y cerremos la puerta de los tribunales.

El presidente convocó a un Consejo Consultor para alumbrar sugerencias respecto a esa y otras cuestiones. ¿Qué opina de ese llamado y de la integración del equipo?

Me llama la atención que, si se convoca a un consejo consultivo para modificar a otro poder del Estado, no haya pluralidad política respecto a su conformación. No se invitó a nadie de Juntos por el Cambio, pero tampoco de la izquierda. Ni a las asociaciones de jueces, fiscales y defensores. Hay gente que por actuaciones individuales pueden tener pergaminos para estar ahí. Pero esos antecedentes no son la llave para integrar este consejo. Es raro también porque el presidente dijo que no quiere modificar la Corte, ahora parece que sí.

¿Es correcta la participación en el Consejo del abogado de Cristina, Carlos Beraldi?

Por el doctor tengo un enorme respecto profesional, pero me llama poderosamente la atención su convocatoria. Beraldi tiene varios recursos presentados ante al Corte, y ahora va a opinar respecto del alcance de esa herramienta. Al menos éticamente algo deberíamos revisar. Llamaron a abogados puntuales, con intereses puntuales, con un deber de fidelidad a la defensa de sus clientes.

Esta semana, el Consejo de la Magistratura votó analizar los traslados de jueces a tribunales que ahora entienden en causas contra Cristina, ¿qué opina sobre esos traslados y su eventual revocación?

Me parece que es una cuestión que estaba zanjada. Creo que los jueces fueron trasladados en el marco de su jurisdicción, de su competencia, por el Consejo y con el OK de la Corte. Esta objeción es tardía, ocasional. Me llamó la atención la posición de Alberto Lugones como consejero representante de los magistrados. De su parte hay una cuestión de identificación política que es imposible de disimular, y no me parece buena. No vi la misma posición cuando varios fiscales juraron para actuar en una jurisdicción y fueron enviados en otra por el kirchnerismo.

Entre otras cuestiones importantes, la Corte tiene pendiente una sentencia respecto de la inconstitucionalidad de la actual conformación del Consejo, donde los oficialismos tienen mayoría y poder de veto. ¿Cómo ve esta cuestión?

Debería haber plazos para la Corte. Esto debería haberse resuelto, y se habrían evitado muchos conflictos.

El fiscal Marcelo Colombo admitió la prisión domiciliaria de Amado Boudou, condenado en el caso Ciccone y sin riesgos sanitarios ante el coronavirus. ¿Usted hubiera hecho lo mismo?

No: rechazado el recurso extraordinario ante la Corte, la condena debe cumplirse. A su vez, la gente está a favor de un cumplimiento total y absoluto de la pena. Y eso es poco atendido. Las escuelas penales más escuchadas por un sector político te hablan de la función resocializadora de la cárcel, y ya no tanto de la función retributiva. Entonces, si estás con el Lawfare toda sentencia contra un político condenado por corrupción lucirá espuria.

Llegamos a una cuestión clave: ¿Cuándo se termina la presunción de inocencia en procesos que duran años y décadas?

Cuando hay un "doble conforme" de un fallo condenatorio: un Tribunal Oral te condena y la Casación confirma ese fallo. Vos podés presentar el recurso extraordinario. Si se te deniega, automáticamente tu sentencia se ejecuta. Ahí, el principio de inocencia cae definitivamente. Pero ese principio de inocencia, que para nosotros es un dogma, va reduciéndose a medida que a un imputado se lo procesa, se confirma su procesamiento y luego se lo condena en un juicio.

El caso Ciccone fue una experiencia clave en su carrera, y también traumática: usted probó la relación entre Boudou y Vandenbroele, y de inmediato fue apartado de la causa, igual que el juez y el procurador Righi, que renunció. ¿Cómo analiza esos hechos a la luz de lo que ocurrió después?

Fue un caso emblemático en términos de la responsabilidad institucional que tenía para la fiscalía semejante investigación: era una persona con un caudal de votos importante. Me quedaron varias reflexiones. Yo tenía como a un gran procurador a Nicolás Becerra, que hizo muchísimo por el ministerio público. Pero terminé de ver la convicción de Righi por ser un procurador de la Nación y no de un gobierno. Fue lo más fuerte que dejó para todos los fiscales. Renunció por las presiones para beneficiar a Boudou. "Si él se va así, ¿cuánto valemos nosotros?", pensé. Su sacrificio fue muy fuerte, nos visualizó mucho a los fiscales. Hoy ves muchas investigaciones que avanzaron gracias a la perseverancia de los acusadores. Por eso también vemos con mucha preocupación los embates para desestabilizar al procurador Eduardo Casal.

Otra bisagra para los fiscales fue la muerte de Nisman...

Si. Su muerte ocurrió en un momento en que en el ministerio público se había dado una grieta muy fuerte, algo que tratamos de solucionar y enfriar desde la Asociación. Habían asesinado al fiscal más importante del país en términos de investigación del terrorismo, en un momento muy delicado además, por su denuncia contra la presidenta. Nos llamó la atención que no hubiera un homenaje. Entonces salimos a la calle. Se dio en llamar la marcha de los fiscales, pero nosotros no la organizamos. Decidimos ir espontáneamente. La gente pedía que siguiéramos trabajando sin temor, sin ceder a las presiones. Fue un mensaje fuerte de que muchos argentinos esperan un sistema de justicia distinto. Un sistema que debe ser reformado, pero no con los cambios que nos están proponiendo hoy.

Un crítico de la reforma judicial del oficialismo

Carlos Rívolo, fiscal federal y titular de la Asociación de Fiscales, critica la reforma judicial del oficialismo: “No es bueno tratar de diluir el poder de los jueces”, opina. “Los políticos se quejan de la Justicia, pero acuden a ella para resolver sus diferencias”.

-El fiscal Marcelo Colombo admitió la prisión domiciliaria de Amado Boudou, condenado en el caso Ciccone y sin riesgos sanitarios ante el coronavirus. ¿Usted hubiera hecho lo mismo?

No: rechazado el recurso extraordinario ante la Corte, la condena debe cumplirse. A su vez, la gente está a favor de un cumplimiento total y absoluto de la pena. Y eso es poco atendido. Las escuelas penales más escuchadas por un sector político te hablan de la función resocializadora de la cárcel, y ya no tanto de la función retributiva. Entonces, si estás con el Lawfare toda sentencia contra un político condenado por corrupción lucirá espuria.

-Llegamos a una cuestión clave: ¿Cuándo se termina la presunción de inocencia en procesos que duran años y décadas?

Cuando hay un "doble conforme" de un fallo condenatorio: un Tribunal Oral te condena y la Casación confirma ese fallo. Vos podés presentar el recurso extraordinario. Si se te deniega, automáticamente tu sentencia se ejecuta. Ahí, el principio de inocencia cae definitivamente. Pero ese principio de inocencia, que para nosotros es un dogma, va reduciéndose a medida que a un imputado se lo procesa, se confirma su procesamiento y luego se lo condena en un juicio.

-El caso Ciccone fue una experiencia clave en su carrera, y también traumática: usted probó la relación entre Boudou y Vandenbroele, y de inmediato fue apartado de la causa, igual que el juez y el procurador Righi, que renunció. ¿Cómo analiza esos hechos a la luz de lo que ocurrió después?

Fue un caso emblemático en términos de la responsabilidad institucional que tenía para la fiscalía semejante investigación: era una persona con un caudal de votos importante. Me quedaron varias reflexiones. Yo tenía como a un gran procurador a Nicolás Becerra, que hizo muchísimo por el ministerio público. Pero terminé de ver la convicción de Righi por ser un procurador de la Nación y no de un gobierno. Fue lo más fuerte que dejó para todos los fiscales. Renunció por las presiones para beneficiar a Boudou. "Si él se va así, ¿cuánto valemos nosotros?", pensé. Su sacrificio fue muy fuerte, nos visibilizó mucho a los fiscales. Hoy ves muchas investigaciones que avanzaron gracias a la perseverancia de los acusadores. Por eso también vemos con mucha preocupación los embates para desestabilizar al procurador Eduardo Casal.

-Otra bisagra para los fiscales fue la muerte de Nisman...

Si. Su muerte ocurrió en un momento en que en el ministerio público se había dado una grieta muy fuerte, algo que tratamos de solucionar y enfriar desde la Asociación. Habían asesinado al fiscal más importante del país en términos de investigación del terrorismo, en un momento muy delicado además, por su denuncia contra la presidenta. Nos llamó la atención que no hubiera un homenaje. Entonces salimos a la calle. Se dio en llamar “la marcha de los fiscales”, pero nosotros no la organizamos. Decidimos ir espontáneamente. La gente pedía que siguiéramos trabajando sin temor, sin ceder a las presiones. Fue un mensaje fuerte de que muchos argentinos esperan un sistema de Justicia distinto. Un sistema que debe ser reformado, pero no con los cambios que nos están proponiendo hoy.

Itinerario

Carlos Rívolo tiene 57 años, y es titular de la Fiscalía Federal N° 2 de la Capital Federal desde octubre de 1995. Egresó del Colegio San José en 1980 y dos años más tarde, sin siquiera ser estudiante de abogacía, comenzó a trabajar como empleado en el Juzgado Federal porteño N° 2. Recién en 1984 ingresó a la UBA para cursar la carrera de derecho. En 1990 ascendió al cargo de prosecretario. A los pocos años, en 1993, Jorge Ballestero, a cargo del juzgado, lo nombró secretario de primera instancia. Cuando en 1995 Gabriel Cavallo fue nombrado juez federal y dejó vacante la Fiscalía Federal N° 2, le llegó a Rívolo la posibilidad de dar el salto. En octubre de ese año, con la firma del ministro de Justicia Rodolfo Barra, quedó al frente de la fiscalía que ocupa hasta hoy.

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Una persona que admira Mis 3 hijos, completamente distintos a mí Un placer Cualquier reunión con familia y amigos.

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