Escribio un lector: Magistrados judiciales convertidos en simples administradores del colapso estructural del sistema judicial argentino.

Opinion
Lectura

Atte. Señor Director de Total News:
Directa contribución a la declaración de responsabilidad internacional del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Desde esta solitaria columna de opinión es dable observar una reiterada, casi permanente, presencia del señor magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal –doctor Mariano Borinsky- en columnas de opinión.

No se discute en cuanto a que las extensas peroratas discursivas desarrolladas casi a diario por el señor magistrado vienen acompañadas de un casi exquisito tono doctoral y academicista; en efecto el doctor Borinsky, desde la teorización, deslumbra incursionando en múltiples aspectos de la materia jurídica. Inclusive se diría podría encandilar hasta al observador mas atento y concentrado.

Ello no obstante, cabe marcar desde esta solitaria columna de opinión un claro distingo; una cosa es lo que se predica desde la teorización o si se quiere desde las columnas de opinión; por cierto que dicha exposición le permite –además- al citado magistrado convertirse en factor de su propia propaganda.

Otra cosa distinta, en cambio, es lo que este simple actor del sistema judicial observa a partir de la práctica cotidiana que brinda -y de la cual se deriva- el ejercicio profesional y que se ve reflejada en el funcionamiento diario del sistema judicial argentino; en este caso me refiero a la Cámara Federal de Casación Penal.

Entonces la reflexión viene a mostrar que la retórica discursiva choca frontal e irremediablemente con el campo de las comprobaciones; y es en el confronte entre el discurso y lo empírico y experimental donde emerge la pura verdad; esto es la simple y cruda realidad.

Y la verdad es que el caso el doctor Borinsky –de cuya versatilidad intelectual y versación jurídica no cabrá dudar- refleja una constante que a esta altura resulta ser indisimulable.

Y dicha constante es que los señores magistrados del Tribunal Federal Casacional se han convertido -lisa y llanamente- en simples administradores del colapso estructural del sistema.

Para muestra basta un botón; así por caso han sido reiterados los pronunciamientos a partir de los cuales se hubo convalidado múltiples autos de prisión preventiva pretextándose inexistentes riesgos procesales.

Ello muy a pesar que los señores jueces son plenamente conscientes en cuanto a que el Estado Argentino ha caído en múltiples ocasiones en situación de responsabilidad ante el sistema interamericano de derechos humanos ( por caso, “ Verbitsky”, “Mohamed”, “ Posadas”, “ Kimel”. “ Fontevecchia”, “ Dámico”., “ Derecho”. “ Gutiérrez”: “ Espósito”. “ Bulacio”, Bayarri”, etc., etc.).

Y ello fue la incontrovertible consecuencia de la pésima praxis judicial del sistema judicial argentino; es mas la Argentina va segunda en el ranking en materia de trasgresiones a garantías convencionales de todo tipo y color; y en este punto cabe ubicar en el centro de la responsabilidad institucional a la Corte Federal Argentina.

Y ello es así en tanto y en cuanto para acceder a la instancia supranacional el denunciante debe acreditar el agotamiento de todas y cada una de las instancias locales habilitadas; lo cual, como dije, ubica e la Corte Federal en la cúspide de la responsabilidad institucional.

Y es que los casos supra reseñados y fallados en la instancia internacional pasaron indefectiblemente por filtro revisor del Alto Tribunal.

Se diría, parafraseanado a un distinguido y recordado magistrado -ya fallecido- que ante el sistema interamericano de derechos humanos el Estado Argentino se encuentra más próximo a exhibir un prontuario mas que un curriculum institucional.

Y dos recientes pronunciamientos recaídos en fecha relativamente reciente en la CIDH ( “Jenkins” y “Romero Feris”) no hacen otra cosa mas que reafirmar la incontrovertible veracidad de esta afirmación.

En efecto, en ambos precedentes la misma CIDH destaca la metodología –por cierto brutalmente arbitraria- diseñada por los Tribunales argentinos al aplicar el instituto de la prisión preventiva, convirtiendo a dicha herramienta procesal en un verdadero despropósito.

Millonarias serán las indemnizaciones ( a partir de las respectivas pretensiones resarcitorias) que deberán contribuir a abonar a los señores Jenkins y Romero Feris la enorme masa de contribuyentes argentinos, ajenos al calamitoso funcionamiento del colapsado sistema judicial argentino ( al menos en sus fueron criminales).

Por ello – y desde esta misma solitaria columna de opinión –y con el debido respeto hacia la investidura del señor magistrado doctor Borinsky- vaya esta respetuosa sugerencia; es hora de evitar un estéril derroche en tantísimas columnas de opinión y de concentrar tiempo y energía en procurar revertir el colapso estructural del sistema judicial.

En tal caso, los profesionales en el ejercicio de la abogacía y los tan castigados y estoicos justiciables seguramente lo agradecerán.

De otra banda ni que hablar acerca de otras aristas que, en comparación con otras mucho mas significativas, podrán ilustrar al lector acerca de las nefastas consecuencias que, para el ejercicio profesional, derivan de la errática gestión de esa situación de colapso estructural del sistema judicial.

Resulta claramente ilustrativa otra práctica distorsiva observada a diario en el Tribunal Federal institucional; y esto es las intimaciones a los letrados a aportar en soporte manual ciertas piezas del expediente judicial al momento de articularse un recurso de queja por denegatoria en la apertura de la vía casatoria.

Y esa práctica resulta ser decididamente distorsiva , ello es así en tanto y en cuanto previas las resoluciones recaídas como así también todas y cada una de las presentaciones escritas radicadas por las partes en el amplio universo e los expedientes judiciales son subidas sistemáticamente por las partes al correspondiente sitio oficial en s u versión digital.

Entonces bien; ¿como se entiende que contando el Tribunal Federal de Casación Penal con las respectivas versiones digitales intima a las partes a aportar los respectivos soportes manuales?.

Con lo cual las intimaciones así cursadas a las partes trasuntan una innecesaria perturbación a la actividad profesional.

Y esa práctica por cierto distorsiva refleja además lo que resulta ser un secreto a voces o si se quiere una verdad a mano abierta; el imperio de una cultura claramente burocrática que acompaña el desempeño funcional; fenómeno dicho sea de paso fuertemente extendido y lamentablemente arraigado en muchos sectores de la administración judicial.

Así los operadores judiciales se han visto convertidos en los hechos en simples administradores y gestores de la indisimulable situación colapso estructural del sistema.

Y los justiciables y los abogados nos vemos forzados a ver trasladadas las consecuencias de tal situación de colapso; todo ello en claro detrimento de una efectiva y ágil tutela judicial efectiva.

Se reduce el rol del letrado defensor al de un burócrata oficinista encargado de expedir fotocopias en soporte escrito cuando las piezas ( escritos, resoluciones, etc.) obran correctamente subidas, en su respectiva versión digital, en el sitio oficial habilitado a tal efecto.

Le bastaría al Excmo. Tribunal –en caso de así estimarlo corresponder- ordenar el libramiento de un oficio electrónico en este caso a la Alzada del Fuero Federal y/o al señor magistrado instructor y así munirse, en versión digital, con las respectivas copias de las respectivas decisiones judiciales adoptadas.

Demás esta decir que todas y cada una de las presentaciones efectuadas por las partes impugnadoras indefectiblemente se encuentran directamente relacionadas con las vías impugnativas oportunamente articuladas ( esto es, escrito interpositor de recurso de apelación ordinaria y su consecuente memorial sustitutivo; idem respecto de la ulterior vía casatoria) también son correctamente subidas en su versión digital al sitio oficial.

Por ello no deja de sorprender dicha práctica distorsiva cuando –a partir de extensas peroratas discursiva- se escucha al doctor Mariano Borinsky- en ámbitos institucionales y académicos pregonar acerca de las pretendidas bondades que traerán aparejadas el nuevo régimen penal y la novedosa legislación adjetiva.

La estructura del discurso del doctor Mariano Borinsky- se sustenta en la necesidad impostergable de agilizar los trámites judiciales y de modernizar el concepto de administración de justicia en base a las opciones que brindan las herramientas digitales.

Pero sucede que, confrontado el discurso con la realidad se observa que se mantiene fuertemente arraigada esa cultura burocrática, la cual, en su aplicación práctica ( y como claramente se aprecia a diario) , el rol del abogado defensor aparece bastardeado, con la reducción del letrado a la posición de un burócrata oficinista dedicado a la extracción de fotocopias ( en soporte escrito) en plena era digital.

Que por lo demás, cabrá referir que desde el punto de vista deontológico la corrección profesional se especifica en una compleja serie de comportamientos inspirados en los usos profesionales, en la tradición y en las reglas de costumbre (Rosenkranz-Caivano-Mayer, “Ética profesional de los abogados”, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1995, pág. 75) (del voto del juez BUJÁN, cons. IX 23.446/03) “Bianchimano, Sergio Gabriel c/ CPACF (expte. 14.902/02)”.Fecha: 28/07/2005 C.NAC.CONT.ADM.FED., Sala I, Buján, Licht.

Asimismo cabe agregar que la diligencia del abogado, importa la premura, el celo, el interés, la escrupulosidad, el cuidado, la atención y otros aspectos que afloran de cuando en cuando bien en la ejecución técnica de las prestaciones, bien en todos los comportamientos que la rodean, que son del dominio de la deontología y que adquieren relevancia sobre todo en las obligaciones de hacer (sala I “Balbín,Claudia Patricia c/ CPACF”, 7/5/02) (cons. 7). 45.954/03 “Rossetti Adalberto Eraldo y otro c/ CPACF”.Fecha: 24/05/2005 C.NAC.CONT.ADM.FED., Sala III, Grecco, Argento.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido constante al señalar que las “garantías judiciales” del artículo 8 se refieren a las exigencias del debido proceso legal, así como al derecho de acceso a la justicia. Así, en un primer momento, en atención a lo desarrollado en la Opinión Consultiva OC-9/87, la Corte afirmó que el artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal”, entendido éste como “[el] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos”.(Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87, op. cit., párr. 27; Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, op. cit., párr. 69,y Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, párr. 156).

De esta manera, para que en un proceso existan verdaderamente las garantías judiciales –también conocidas como garantías procesales–, es preciso que se observen todos los requisitos que “sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, (Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, op. cit., párr. 147, y Caso Mohamed vs. Argentina, op. cit., párr. 80). es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”.(Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87, op. cit., párr. 28, y Caso Mohamed vs. Argentina, op. cit., párr. 80 ).

De acuerdo con el Tribunal, “[l]os principios y actos del debido proceso legal constituyen un conjunto irreductible y estricto que puede ampliarse a la luz de nuevos avances en el Derecho de los derechos humanos”. (Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002.Serie A No. 17, párr. 115). Asimismo, el Tribunal ha destacado que el artículo 8 de la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia, el cual, entendido por la propia Corte como una “norma imperativa de Derecho Internacional”,(Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006.Serie C No. 153, párr. 131.) no se agota ante el hecho de que se tramiten los respectivos procesos internos, sino que exige que el Estado garantice que estos aseguren, en un tiempo razonable, la satisfacción de los derechos que tienen las partes en el mismo.(Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114, y Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 188).

A partir de ello se desprende que “los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos”. Así por ejemplo, de acuerdo con la Corte, “[c]ualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia”, debe entenderse contraria al artículo 8 de la Convención.(Corte IDH. Caso Cantos vs. Argentina, op. cit., párr. 50.).

En el mismo sentido, el Estado tiene la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de estas”.( Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No.104, párr. 79, y Caso Mohamed vs. Argentina. op. cit., párr. 83).

Desde otro mirador cabrá referir – a modo de referencia conceptual- que el abogado es un genuino magistrado social, cuya labor cobra subida trascendencia social; art.5 de la ley 23.187 autoriza la actuación del órgano de superintendencia oficial –CSJN- cuando se vea afectado el prestigio de un abogado y el respeto que se le debe como tal.

. En Francia y Bélgica el abogado recibo el trato de “maitre” y como señala J. Des Cressonnieres ninguna subordinación le debe el Foro a la Magistratura, ya que las funciones son equivalentes; la Magistratura le debe respeto al Foro y viceversa.

La actividad abogadil está revestida de formalidad, de pasión, de elocuencia, pero también de penetración intelectual y de estudio sereno, la abogacía supone condiciones de carácter y espíritu aguerrido, discurso claro y análisis certero ( Jean Appleton).

Cualquier intento de menoscabar la jerarquía de la profesión jurídica revela desde ya una óptica socialmente destructiva y si se quiere anti histórica.

Contradictor de las malas causas, auxiliar imprescindible de la justicia, intercesor de los necesitados, el abogado insistirá en aquello que cree legal y verdadero. Y tal es que lo se verifica en este caso.

Desde esta perspectiva cabrá agregar que la garantía judicial consagrada en el art.8, ap 2, inc. F) PIDCP en función del art.14. e) consagra el principio genérico de proposición de prueba y “ que no se agota en los medios expresamente mencionados. La facultad abarca la propuesta de cualquier evidencia que sea útil para el esclarecimiento del caso dentro del amplio margen de la libertad probatoria” ( cfr. “Garantías del imputado, prólogo de Ricardo Luis Lorenzetti, Abel Fleming, Pablo López Viñals, pag. 239, Rubinzal-Culzoni, Editores, 2008).

En línea la CIDH (“Catillo Petruzzi c/ República del Perú) expresó que: “calificar la actuación del abogado defensor durante el proceso resulta ajeno a facultades del juez puesto que ello atentaría contras la libertad e independencia en el ejercicio de la defensa e implicaría una injustificada superposición entre el rol del juez y del defensor ( cfr. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy , sentencia del 28/04/06 “Zenteno, Emma, L.L. NOA 2007 (marzo).

“No puede restringirse la amplia latitud que debe tener la defensa para tomar decisiones ( “El acceso a un defensor penal y sus ámbitos especialmente críticos” (María Fernanda López Puleio).

“Los defensores deben poder ejercer sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas. Tampoco sufrirán ni estarán expuestos a persecuciones administrativas, económicas o de otra índole,… Y cuando la seguridad de los abogados sea amenazada como consecuencia del ejercicio de sus funciones, deben recibir garantías y protección adecuada de parte de las autoridades” ( CDHNU , Comentario General 13, ciit, párrafo 9, Principios Básicos sobre la Función de los Abogados( ( “Tibi vs. Ecuador”,7/09/04, voto del Juez Sergio García Ramírez, párrafo 9).

“El defensor representa mucho para quienes reciben todo el peso del poder penal estatal. No debemos olvidar –parafraseando a Calamandrei- que para las personas simples, las razones asumen una fuerza irresistible cuando se imponen por la autoridad o están escritas en papeles con membretes; y que la función de los abogados también será impedir, que en nombre del sacro terror a los tribunales, los que deban atravesar instancia, se dejen sacar hasta la camisa” (“Calamamdrei, Piero, “Ill proceso como gioco, en Revista di dirittoprocessuale, vol. 5, parte I, Cedam, Padua , 1950, p. 23-51).

De otra banda cabe agregar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 105/99 (caso "Palacios, Narciso c/ República Argentina") sostuvo que el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, garantizado por los artículos 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, imponen una interpretación más justa y beneficiosa de los requisitos de admisión y, por el principio pro actione, deben interpretarse en el sentido más favorable a la jurisdicción. (vide, Opinión Consultiva N° 9, CADH, párrafo 28, del 6 de octubre de 1987), por lo que su estricta observancia deviene inexcusable.

Concordantemente, la CIDH ha resaltado que no basta con la existencia formal de recursos judiciales sino que éstos deben ser eficaces; es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención, no pudiendo considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país incluso por las circunstancias particulares del caso dado, resulten su aplicación práctica ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, en cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia ( cf. CIDH caso “Tribunal Constitucional vs. Perú” del 31/01/01, parrf. 93 y caso “Las Palmeras vs. Colombia”, sentencia del 6/12/01, paraf. 58).

Si bien múltiples precedentes jurisprudenciales refieren acerca de la actividad de los hombres y mujeres profesionales de la prensa no es menos cierto que el derecho de expresión, de opinión -y sobre todo de crítica- se extiende en su ejercicio a todos y cada uno de los ciudadanos de a pie, considerando que –como sucede en este caso- la crítica se refiere directamente a la actividad desarrollada por funcionarios públicos los cuales están llamados a administrar y definir asuntos que revisten interés público.

En efecto, se ha sostenido desde otros sectores que una editorial u opinión que versó sobre un asunto de incontrovertible interés público, remite a un contexto de opiniones sobre temáticas vinculadas con el interés público, por ser “de utilidad de todo el pueblo o componentes de un grupo social, esencialmente vinculado con el interés del Estado y con el interés jurídico del mismo… [en tanto] tiene que ver a todo aquello que compromete a la sociedad jurídicamente organizada, apuntando a la subsistencia de las instituciones…” (D’Alessio, Código Penal, La Ley, Tº II, pág. 167).

Se ha sostenido que:”en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquéllas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población” (CNACrimyCorrec, sala VI, cita online AR/JUR/847/2010).

Se trata de un contexto marcado por un irrestricto derecho a la libertad de expresión y de opinión (art.32 CN); en cuarto lugar por cuanto dicha garantía desde 1994 ha adquirido rango convencional (“Kimel”; “Fontevecchia”, “D`Amico”, entre otros, CIDH);

Asimismo, la utilización de un medio de comunicación para exponer ideas referidas a cuestiones de interés público supone -inexorablemente- la admisión de los valores de libertad y riesgo propios del uso -en el caso: el comentario o la serie de comentarios al texto recibidos según las posibilidades de la tecnología utilizada-.

Es que “[l]os valores libertarios de quienes crearon y desarrollaron Internet, a saber, los investigadores académicos informáticos, los hackers, las redes comunitarias contraculturales y los emprendedores de la nueva economía determinaron una arquitectura abierta y de difícil control.

Al mismo tiempo, cuando la sociedad se dio cuenta de la extraordinaria capacidad que representa Internet, los valores encarnados en la red se difundieron en el conjunto de la vida social, particularmente entre las jóvenes generaciones. Internet y libertad se hicieron para mucha gente, sinónimos en todo el mundo” (Molina Quiroga, “Contenidos publicados en Internet”, LL del 23/02/11).

El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública.

De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público. […] En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población.

En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas” ([CIDH, “Kimel vs. Argentina”, Se. del 02/05/08], párrafos 87 y 88).

Y a no dudarlo; los funcionarios públicos asumen dos pesadas cargas; la primera la de llevar adelante su función aun en condiciones de precariedad estructural ; y dicho sea de paso al aceptar el convite a ejercer la función pública son plenamente conscientes de dicho déficit.

Y la segunda es la aceptación de la crítica, aun cuando pueda considerarse exacerbada; y es que precisamente la crítica resulta ser pilar basal de nuestro sistema republicano; y ella encuentra sustento constitucional en el principio de la racionalidad de los actos de gobierno (arts. 1, 27, 28, 31 CN).

Sin otro particular, saludo al señor Director muy atte..

Guillermo J. Tiscornia

Ex Juez en lo Penal Económico

DNI n°11.371.779.

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