La necesidad de seguir buscando “nietos” se fundamenta en una respuesta de Carlotto cuando le preguntaron cómo había obtenido la cifra de 500 niños desaparecidos, cifra que ella esgrime desde que fundó su ONG, su respuesta fue que tomó la cifra de 30.000 desaparecidos, la dividió por 2 (hombres y mujeres) y a esa cifra de 15.000 le aplicó la tasa de nacimientos del periodo que era de 3% de la población.

Esa es también la razón por la que defiende con uñas y dientes la cifra de 30.000, que no tiene sustento empírico y ya fue desmentida por su propio creador, Luis Labraña.

Si el número fuese lo que indicó la Secretaria de DDHH de Kirchner ya se habría cumplido aproximadamente la cifra con los encontrados hasta ahora.

El problema más serio estriba en las cifras que sigue recibiendo de naciones y fondos europeos y americanos para la estructura de su organización, además de los que le otorgan algunas provincias y municipios.

Aquellos niños de 1970, hoy tienen 56 aproximadamente, edad suficiente para quien tenga dudas, presentarse ante la justicia y realizar los reclamos que considere.

El cierre:

El Gobierno cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños de la última dictadura militar.

Esta decisión se formalizó con el decreto 727/2024, que argumenta que las funciones de esta unidad infringían la división de poderes que establece la Constitución Nacional.

El Gobierno nacional ha cerrado la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños, que formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), argumentando que sus objetivos ponían en riesgo la separación de poderes establecida en la Constitución Nacional.

Esta decisión se oficializó mediante el decreto 727/2024, que deroga el decreto 715 de junio de 2004, que había creado la unidad. La unidad se encargaba de asistir a la CONADI en solicitudes judiciales y fiscales relacionadas con la desaparición de niños durante la dictadura y podía realizar investigaciones por iniciativa propia, informando a las autoridades correspondientes.

La norma derogada otorgaba a un organismo la autoridad para acceder directamente a los archivos de entidades del Poder Ejecutivo nacional, incluyendo los de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Permitía solicitar información, testimonios y documentos, que debían ser entregados en el plazo establecido.

Además, el organismo podía investigar por su propia iniciativa para identificar a responsables de crímenes durante la última dictadura militar, teniendo acceso irrestricto a información de organismos públicos y funciones propias del Poder Judicial y fiscales.

El Gobierno argumentó que dicha norma “violenta el régimen constitucional” y carece de “sustento constitucional”, ya que un organismo del Ejecutivo no debe ejercer competencias del Poder Judicial. Citó una sentencia de la Corte Suprema de 2005 que establece que otorgar funciones judiciales a órganos administrativos infringe derechos garantizados por la Constitución.

El texto aborda la importancia de investigar judicialmente los hechos relacionados con las violaciones de derechos fundamentales. Se argumenta que esta investigación es crucial para esclarecer las circunstancias de estos hechos, conocer la verdad por parte de las familias de las víctimas y la sociedad, castigar a los responsables y adoptar medidas preventivas para evitar futuras violaciones.

Se destaca el principio de la división de poderes en el Estado argentino, donde cada órgano debe cumplir funciones específicas e independientes. En este contexto, se menciona que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad creó una unidad especial para abordar la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, como parte de los compromisos internacionales en derechos humanos.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia critica esta unidad, argumentando que usurpa funciones del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, lo que violaría la Constitución y el derecho a la intimidad de los ciudadanos. La comunicación del Ministerio subraya que esta situación representa un grave atropello a la Carta Magna, prometiendo que no se repetirá bajo el actual gobierno.

Y añade: “A su vez, gobiernos anteriores se arrogaron ilegalmente la autoridad para acceder de forma directa y discrecional a la información de todos los ciudadanos argentinos a través de la Unidad Especial de Investigación de la CONADI. De esta forma, violaron el sagrado y fundamental derecho a la intimidad de las personas”. El comunicado concluye afirmando que el organismo es “incompatible” con la Constitución Nacional.