El Gobierno de Javier Milei denunció un esquema de corrupción del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, con un desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas falsas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que podría ascender a un total de 3.400 millones de dólares.

Las nuevas autoridades del área, que pasó de depender de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud, estiman que “el desvío de fondos fue del 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”. Las irregularidades derivaron en una denuncia penal, que será ampliada, realizada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, y es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.

Según el primer corte de auditoría realizado por los funcionarios de La Libertad Avanza, solo “el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos”. La documentación que alimenta el expediente judicial tiene aristas que rozan lo inverosímil: en un expediente se aportó como prueba de incapacidad laboral una radiografía de un perro. “Lo que descubrimos es escandaloso”, calificaron desde la ANDIS.

“Tenemos la radiografía del mismo hombro roto en 157 expedientes. Tenemos radiografías bajadas directamente de Google. También tenemos constancias de análisis de laboratorios repetidos y hasta un certificado médico que acredita la supuesta dolencia del paciente que en teoría no podía trabajar por una incapacidad grave, que, en vez de describir la dolencia de la persona, reprodujo un poema de Arias Uriburu titulado ‘La Herida’. Ese es el diagnóstico médico que justificaba la documentación médica para el pedido de la pensión por invalidez”, describe un funcionario de La Libertad Avanza. “No había controles médicos en la ANDIS. Se aprobaban los expedientes sin una auditoría médica”, recalca.

“Estamos seguros de que entre el 30% y el 50% de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas serán dadas de baja después de una exhaustiva auditoría que abarca a todo el país”, afirman las autoridades de la ANDIS. Y enfatizan: “Se encontró un sistema de pensiones por invalidez laboral poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude. Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.

“De los 2.559 casos auditados médicamente hasta el momento, solo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos”, destaca la denuncia judicial. Esas pensiones “truchas” ya fueron dadas de baja. “El gobierno de Alberto Fernández armaba operativos para otorgar pensiones. Es escandaloso”, opinan los funcionarios, agregando que hay personas que llaman a la Agencia denunciando que son titulares de una pensión que nunca gestionaron.

Además de las pensiones mal otorgadas, Spagnuolo encontró otras irregularidades que poco tienen que ver con la asistencia a personas con discapacidad, como la contratación de artistas como Ignacio Copani, y gastos por más de 35 millones de pesos en “agasajos” e instalación de un gazebo y 20 remeras para la marcha LGTB+ del año pasado, por lo cual se abonaron $900.000.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó detalles desde la Casa Rosada sobre la pesquisa iniciada en la ANDIS, la cual ya tiene su correlato en los tribunales de Comodoro Py.

Según los datos oficiales, entre 2003 y 2015, es decir, durante los corruptos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral aumentó de 80.000 a 1.050.000, “un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, opinan desde la Casa Rosada.

El valor actual de la pensión es de $203.100. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la cifra se mantuvo constante, pero durante la presidencia de Alberto Fernández, el número de beneficiarios volvió a ascender, alcanzando las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023.

Fuente La Derecha Diario