La necesidad de seguir buscando “nietos” se fundamenta en una respuesta de Carlotto cuando le preguntaron cómo había obtenido la cifra de 500 niños desaparecidos, cifra que ella esgrime desde que fundó su ONG, su respuesta fue que tomó la cifra de 30.000 desaparecidos, la dividió por 2 (hombres y mujeres) y a esa cifra de 15.000 le aplicó la tasa de nacimientos del periodo que era de 3% de la población.

Esa es también la razón por la que defiende con uñas y dientes la cifra de 30.000, que no tiene sustento empírico y ya fue desmentida por su propio creador, Luis Labraña.

Si el número fuese lo que indicó la Secretaria de DDHH de Kirchner ya se habría cumplido aproximadamente la cifra con los encontrados hasta ahora.

El problema más serio estriba en las cifras que sigue recibiendo de naciones y fondos europeos y americanos para la estructura de su organización, además de los que le otorgan algunas provincias y municipios.

Aquellos niños de 1970, hoy tienen 56 aproximadamente, edad suficiente para quien tenga dudas, presentarse ante la justicia y realizar los reclamos que considere.

El cierre:

El Gobierno cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños de la última dictadura militar.

Esta decisión se formalizó con el decreto 727/2024, que argumenta que las funciones de esta unidad infringían la división de poderes que establece la Constitución Nacional.

El Gobierno nacional ha cerrado la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños, que formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), argumentando que sus objetivos ponían en riesgo la separación de poderes establecida en la Constitución Nacional.

Esta decisión se oficializó mediante el decreto 727/2024, que deroga el decreto 715 de junio de 2004, que había creado la unidad. La unidad se encargaba de asistir a la CONADI en solicitudes judiciales y fiscales relacionadas con la desaparición de niños durante la dictadura y podía realizar investigaciones por iniciativa propia, informando a las autoridades correspondientes.

La norma derogada otorgaba a un organismo la autoridad para acceder directamente a los archivos de entidades del Poder Ejecutivo nacional, incluyendo los de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Permitía solicitar información, testimonios y documentos, que debían ser entregados en el plazo establecido.

Además, el organismo podía investigar por su propia iniciativa para identificar a responsables de crímenes durante la última dictadura militar, teniendo acceso irrestricto a información de organismos públicos y funciones propias del Poder Judicial y fiscales.

El Gobierno argumentó que dicha norma “violenta el régimen constitucional” y carece de “sustento constitucional”, ya que un organismo del Ejecutivo no debe ejercer competencias del Poder Judicial. Citó una sentencia de la Corte Suprema de 2005 que establece que otorgar funciones judiciales a órganos administrativos infringe derechos garantizados por la Constitución.

El texto aborda la importancia de investigar judicialmente los hechos relacionados con las violaciones de derechos fundamentales. Se argumenta que esta investigación es crucial para esclarecer las circunstancias de estos hechos, conocer la verdad por parte de las familias de las víctimas y la sociedad, castigar a los responsables y adoptar medidas preventivas para evitar futuras violaciones.

Se destaca el principio de la división de poderes en el Estado argentino, donde cada órgano debe cumplir funciones específicas e independientes. En este contexto, se menciona que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad creó una unidad especial para abordar la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, como parte de los compromisos internacionales en derechos humanos.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia critica esta unidad, argumentando que usurpa funciones del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, lo que violaría la Constitución y el derecho a la intimidad de los ciudadanos. La comunicación del Ministerio subraya que esta situación representa un grave atropello a la Carta Magna, prometiendo que no se repetirá bajo el actual gobierno.

Y añade: “A su vez, gobiernos anteriores se arrogaron ilegalmente la autoridad para acceder de forma directa y discrecional a la información de todos los ciudadanos argentinos a través de la Unidad Especial de Investigación de la CONADI. De esta forma, violaron el sagrado y fundamental derecho a la intimidad de las personas”. El comunicado concluye afirmando que el organismo es “incompatible” con la Constitución Nacional.

Ayer, seguramente sin darse cuenta, Estela de Carlotto resumió -en un sincerididio pocas veces expresado con tanta claridad antes- la verdad de la milanesa respecto de aquello por lo que se discute y por lo que algunos están dispuestos a quebrar la paz social y, si es necesario, derrocar a Javier Milei.

En un programa con “periodistas” afines le preguntaron si solicitaría una audiencia con el presidente electo. La señora de Carlotto dijo que sí, que tenía planeado hacerlo.

Seguidamente, entonces, le preguntaron qué le diría al presidente. A lo que la presidente de las Abuelas de Plaza de Mayo respondió que le recordaría “lo que debe hacer obligatoriamente”.

Quienes estaban allí para oficiar “lanzadores de centros” (en lo que probablemente haya sido una puesta en escena armada) le preguntaron qué era eso que el presidente debía hacer “obligatoriamente”.

Y allí se desplegó el sincericidio con toda su intensidad en una respuesta que debería tomarse como molde no solo para las aspiraciones de las “abuelas” sino para todos los que amenazan con “resistir”.

Carlotto dijo “bueno, que el Estado nos siga dando los recursos que necesitamos”. En esas once palabras se haya encerrada la verdadera explicación a tanta postura “épica”, “revolucionaria” y “popular” que, detrás del verso de envolverse en la bandera, luchar por los pobres, por los derechos humanos o por cualquier otra sanata similar, solo presionan para que las millonadas que reciben del Estado no se corte. Es tan simple como eso: se trata de plata. De la misma plata que te falta a vos y que hasta ahora se han llevado ellos.

Resulta obvio que cualquier gobierno que intente introducir elementos de racionalidad económica para cuidar los bolsillos de los contribuyentes será un enemigo declarado de los que viven del aire.

Perdón, del aire no: de los millones y millones de dólares que los pelotudos argentinos generan con su trabajo y que este conjunto de parásitos les roban porque han tenido la sagacidad de armar un embuste (la “soberanía popular”, la “energética”, “los derechos humanos”, “la argentinidad”, “la patria grande”, “la justicia social”, “los derechos de la mujer”, “los de los indígenas”, en fin, pónganle ustedes el nombre que quieran) con el suficiente apelativo como para engañar idiotas.

Lo que se ha instalado en la Argentina es un SISTEMA; un verdadero sistema extractivo que chupa los recursos que lícitamente generan los argentinos y los desvía hacia cotos de caza armados, repito, con la suficiente sagacidad como para ser “socialmente” aprobados.

La aprobación social es esencial para estos grupos de vivos. Es lo primero en lo que se concentran. Su existencia debe perseguir fines “nobles”, “populares” “románticos”, “igualitarios, “nacionalistas…” Algo que les dé una pátina de devoción en el sentido de que su actividad se desarrolla de alguna manera filantrópicamente en beneficio de los demás, “del pueblo” o de una causa mayor, grande y conmovedora.

Logrado ese invento (que puede tener las formas que la imaginación considere aptas para lograr el consenso de los idiotas) el siguiente paso consiste en el asalto al Estado para que comiencen a fluir las partidas de dinero. El último chorro que, por ejemplo, recibieron Carlotto y su organización fue de 212 millones de pesos hace solo unos días.

Multipliquemos ahora este caso por miles de curros que también -como el de Carlotto y los suyos- han tenido la habilidad para inventar un verso “épico” o “de sensibilidad social”  tragable: la montaña de dinero de la que estamos hablando es enorme.

¿Justificaría esa millonada la amenaza de salir a matar gente por la calle o de derrocar al presidente? Y…, sí…

Allí hay que buscar entonces los motivos últimos de la desesperación, de las extorsiones y de las advertencias acerca de que “ojo porque acá se pudre todo”.

Estos contingentes de garrapatas se han enquistado en el Estado. O, mejor dicho, se han adueñado del Estado: el Estado es de ellos. Pero el costo de su mantenimiento es tuyo. De ellos son los beneficios; del ciudadano son las cargas. Ese “ellos” es lo que Milei identificó como “la casta”.

Quien se presente para dar vuelta este sistema es un enemigo. Y se hará lo que sea necesario para terminar con él.

Es curioso, porque con la sola explicación de cómo funciona este sistema que ha drenado a la Argentina, se distingue bien quiénes son los privilegiados y quienes los pelotudos. Sin embargo, los privilegiados se las han ingeniado también para convencer a los pelotudos de que ellos son los “populares” y de que el que se presenta para dar vuelta el sistema (en defensa de los pelotudos) es el antipatria, el cipayo, el nazi, el antiargentino, el antipopular, el insensible, el sinónimo de la dictadura… ¿Y saben qué? ¡Todavía hay muchos pelotudos que les creen!

Pero algo cambió en la Argentina de los últimos años. Algo que explotó el 19 de noviembre: Milei (el que denunció a la casta y a sus procedimientos) venció por 12 puntos y por casi 5 millones de votos de diferencia a quien se presentaba para continuar con el “dale que va”.

Milei ganó en todo el país excepto en Santiago del Estero, Formosa y el conurbano bonaerense. Una ola imparable de “alumbrados” (en el sentido de que vieron la luz del sistema que los estaba matando) decidió elegir a alguien que los defienda a ellos y no a los interminables grupos de interés y de presión (los verdaderos “poderosos” del sistema) que viven de los recursos que a la gente común le cuesta tanto producir.

En el arco productivo del país (interior de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa) el presidente electo ganó por diferencias cercanas a 80/20. Y donde perdió, perdió por muy poca diferencia. Se trata de un mensaje directo al corazón de los parásitos: “muchachos, nos costó pero les descubrimos la trampa… Sus chorros de guita se cortan acá”. Y es ahí donde se pudre todo.

-¿Cómo dijiste?

-Dije que sus chorros de guita se cortan acá…

-¡Ah, no!! Te rompo todo, te quemo todo…

Acá nunca hubo “derechos humanos”, “sensibilidad social”, “soberanía argentina”, “derechos de la mujer”, “derechos de los pueblos originarios” etcétera, etcétera. Nada de eso. Aquí siempre se trató de plata. Ahora que la plata está en peligro se caen las caretas, empezando por la de Carlotto, que con todas las letras y para que no les queden dudas a nadie dijo: el presidente está obligado a seguir dándonos la nuestra, a no cortarnos el chorro… Esa es la preocupación que los tiene tan locos.

Vivir sin laburar seguramente debe ser un deseo universal. Pero ¿saben qué? nadie ha descubierto la fórmula. En la Argentina, sin embargo, un conjunto de vivos logró algo bastante parecido durante mucho tiempo. A costa de la descomposición del país, claro está. A ellos nunca les importó eso, lo cual también está muy claro.

La única duda que resta resolver es quién defenderá al que llega para cuidar a los que fondean la bolsa que algunos pillos han conseguido robar hasta ahora. Si los pillos deciden llevar esta lucha por “su” plata a la calle, ¿será el presidente defendido por los que fondean la bolsa? ¿Y qué formas tendrá ese enfrentamiento?

En esas dudas se hayan encerradas las disyuntivas por las que la Argentina transita hoy.

Fuente The Post