Por Camila Dolabjian

Se cruzaron en la Cámara Federal, que debe decidir si confirma la orden del juez Casanello para que Capital Humano informe cómo repartirá los alimentos acopiados

Después de una audiencia judicial escandalosa, con interrupciones y chicanas de ambas partes y reproches a los jueces, Leila Gianni y Juan Grabois se cruzaron afuera de la sala, en un pasillo del edificio de los tribunales de Comodoro Py 2002. Al grito de “chorro”, “cuca” y “chancho”, el episodio casi termina con violencia física. Mientras que Grabois avanzó sobre Ariel Romano, abogado del ministerio de Capital Humano, Gianni, luego de retirarse, volvió y quiso empujar a Grabois.

“Dejá de usar el nombre de Dios en vano”, dijo Gianni ni bien cruzó la puerta de la sala de audiencias. Grabois le contestó recordándole su zigzagueante pasado político: “Estuviste con Alberto [Fernández], [Mauricio] Macri, Cristina [Kirchner]. La ladrona sos vos y como abogada, sos berreta”. Y siguió: “Tenés un pingüino tatuado y un león en la remera. Cuca ladrona”. La remera de Gianni, en efecto, era negra y tenía estampado en blanco el dibujo de un león.

Ella le contestó: “Al pingüino se lo comió el león”. Le dijo además: “Dejá de extorsionar gente mandándolos a los actos por una bolsa de comida. Tarado”.

La audiencia fue en la Cámara Federal. El Gobierno pidió revertir la orden del juez Sebastián Casanello para que Capital Humano entregue un plan de distribución de alimentos y la mañana fue una verdadera batalla campal. Gianni interrumpió por lo menos cuatro veces a Grabois, mientras él la insultaba frente a los jueces. El dirigente social, a su vez, increpó a los magistrados por no detenerla y la audiencia casi se suspende.

Encabezaron la audiencia los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

Gianni, junto a Romano, expusieron primero. Antes de que se cumplieran los 30 segundos, los jueces debieron solicitarle a la abogada de Capital Humano que se limitara a la fundamentación de la apelación, ya que comenzó a hacer una exposición sobre el “cambio de paradigma” que promueve el Gobierno en materia de política alimentaria. Inmediatamente fue interrumpida.

La funcionaria apuntó contra Casanello y, frente a los magistrados, dijo que el Gobierno no permitirá que “ningún juez” se entrometa en la política pública. Dijo que Casanello se excedió de sus funciones y que, en todo caso, la cuestión sobre los alimentos en depósitos podría correr en el fuero contencioso administrativo, pero nunca en el penal. Ella y Romano insistieron, también, en que no hay delito en los hechos investigados porque la comida no estaba vencida.

Grabois, por su parte, apuntó contra la gestión de Pettovello y, con una presentación con láminas grandes, buscó evidenciar lo que a su entender es un camino de contradicciones en el discurso oficial sobre los alimentos en los depósitos. Durante su exposición, apuntó contra Gianni y fue interrumpido numerosas veces por la parte apelante.

El tribunal intentó poner orden dando indicaciones a ambas partes. Grabois increpó los magistrados. Al cruzarse con Gianni, que estaba detrás suyo, el Irurzun dijo: “Grabois, le pido un favor…”. “¡No! Yo le pido un favor primero. ¿Vale interrumpir al otro?”, lanzó. Al no recibir una respuesta a su entender satisfactoria por parte de Irurzun, se dirigió a Farah, y luego a Boico con la misma pregunta.

Los jueces también le solicitaron a Gianni que se abstuviera de hacer comentarios y amenazaron con dar por terminada la audiencia.

Fuente La Nacion

Ante todo, una pregunta que le haría al Sr. Presidente Javier Milei:
No era más estratégico -y acertado- atacar el desmanejo de Tierra del Fuego para solucionar el déficit con 1 solo enemigo?

Y una pregunta para el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres:
Es correcto que violente la constitución y esté al borde -junto con los demás Gobernadores- de cometer un delito y ser intervenidos?

Dato:

Algunos legisladores habían propuesto eliminar parte de los beneficios fiscales para Tierra del Fuego para que el Estado deje de perder cada año un 2% del PBI de recaudación.

La trama:

Una vez más, ante la irritante espera de mejora de los ciudadanos de a pie, entramos en un dramático giro de eventos que pone en juego la estabilidad energética de Argentina. Los mandatarios patagónicos han elevado el tono de su enfrentamiento con el gobierno nacional, liderado por el presidente Milei. El epicentro de esta disputa se ha situado en un reciente encuentro virtual, donde destacó un áspero intercambio entre el gobernador de Chubut, Nacho Torres, y el presidente. La discordia radica en la exigencia de los fondos adeudados a las provincias, con Torres a la cabeza, amenazando con retener los vitales recursos de gas y petróleo de la región.

La medida, que podría entrar en vigor el próximo miércoles, ha encendido las alarmas no solo en la esfera política, sino también en la judicial. De llevarse a cabo, los gobernadores podrían enfrentarse a acciones legales bajo el Artículo 194 de la Constitución Nacional, que penaliza el entorpecimiento del normal funcionamiento de servicios esenciales, incluyendo el suministro de sustancias energéticas, con prisión de tres meses a dos años.

En una declaración que ha suscitado polémica, el gobernador Torres afirmó que “los gobernadores no son empleados del Gobierno Federal”, una afirmación que contradice directamente al Artículo 128 de la Constitución Nacional, el cual establece a los gobernadores de provincia como agentes naturales del Gobierno Federal.

Ante estas declaraciones, la Oficina del Presidente de la Nación no tardó en responder, emitiendo un comunicado aclaratorio sobre la naturaleza de los “fondos” reclamados por Torres. Según este, la disputa se centra en una deuda que la provincia de Chubut mantiene con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, cuyo cobro se efectúa mediante descuentos directos de la coparticipación federal.

Un punto adicional, y no menos relevante en este contexto, es el Artículo 124 de la Constitución Nacional. Este articula la propiedad de los recursos naturales, subrayando que, aunque las provincias poseen dominio sobre sus recursos, la explotación de estos se ha cedido a empresas privadas. Estas últimas gozan de libre disponibilidad sobre los hidrocarburos producidos, lo que implica que el crudo ya no pertenece a la provincia. La prohibición de su traslado fuera del territorio provincial no solo desafiaría este principio, sino que además constituiría la creación de aduanas interiores, un acto prohibido por la misma Constitución.

Este enfrentamiento no solo revela las tensiones existentes entre los niveles de gobierno en Argentina, sino que también pone de manifiesto los desafíos inherentes a la gestión y distribución de los recursos naturales, esenciales para el desarrollo y bienestar del país. La comunidad aguarda con expectativa las próximas acciones de ambos frentes, conscientes de que el resultado podría tener implicancias significativas para la seguridad energética nacional.

Después de la jura, Malena GalmarinI, esposa de Massa, saltaba y gritaba con un grupo de militantes en el Salón del Bicentenarios. Hubo mas de 500 invitados, daba la sensación de casamiento, aseguro uno de los asistentes a Total News. Solo faltaban los regalos…Tal vez algo que esperan los empresarios presentes, amigos del nuevo ministro.