Esta semana entrará finalmente en vigencia el demorado RIGI, una de las mayores apuestas del Gobierno en el primer año; Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona elaboran un proyecto para simplificar el traspaso de la herencia y mejorar el clima para el sector privado; algunas palabras del Presidente generan preguntas en Washington

asi como si fuese puesta ahí para pasar desapercibida, la nota al pie del informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela mucho más de lo que parece con respecto al futuro de la Argentina. En la página 21 de un reciente trabajo público se especifica que, llegado el momento, el Gobierno cambiará de régimen monetario para pasar a uno que contemple la convivencia del peso con el dólar. Aclara, sin embargo, que la única moneda de curso legal sería la nacional, dueña también de la exclusividad para el pago de impuestos.

Es la primera gran revancha del denostado peso en el marco de un gobierno que ganó las elecciones proponiendo la dolarización. Hay más. Al menos en dos ocasiones en el último mes, con palabras distintas, Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central y vocero autorizado de la política monetaria, aseguró que la Argentina piensa en la línea que interpretó el FMI.

Envuelto en un PowerPoint hecho para superespecialistas, el funcionario deslizó otro punto importante. Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA), mantendrían cerrado el grifo de la emisión monetaria para comprar dólares -como ocurre ahora- en el contexto del control de capitales. Es decir, durante la vigencia del cepo cambiario. Eso permite pensar que cuando esa restricción se levante, también lo hará la autoimpuesta limitación para emitir moneda, con precauciones y seguramente también límites.

Las dos definiciones anteriores son fundamentales para aclarar un entuerto que está dando que hablar en Washington. Sucede que el presidente Javier Milei habla del régimen monetario futuro de la Argentina en los términos de la competencia de monedas, pero, en ocasiones, se refiere a él como dolarización endógena, que supone un esquema mucho más restrictivo. Eso que Milei utiliza a veces casi como sinónimos —lo hizo en público por última vez el miércoles pasado, en el Council of the Americas—, representa para el FMI cosas distintas.

La duda es importante porque, según interlocutores argentinos habituales con Washington, en el fin de la polisemia de Milei está una de las llaves para cerrar un nuevo acuerdo con el FMI que le quitaría una dosis de incertidumbre a los próximos años y aportaría recursos adicionales a las reservas del Banco Central.

El Fondo acepta la competencia de monedas, pero es menos receptivo cuando se habla de dolarización endógena. Si se le presta atención a las palabras del equipo económico, no habría espacio para la segunda opción en sus planes. El problema es que, desde la escucha de Washington, cada tanto recibe una versión distinta del jefe de todos ellos, Milei.

Hay pequeños movimientos que anticipan el país que busca el Presidente. El jueves pasado el secretario de Producción, Juan Pazo, anunció una decisión de su autoría: una nueva línea de crédito aprobada por el directorio del BICE medida en toneladas de soja, que se suma a la ya existente en litros de leche. El Presidente lo entendió como una decisión en línea con la futura competencia de monedas.

El Gobierno sigue dando los pasos que lo acercan hacia la puesta en marcha de un plan de estabilización ortodoxo. Después de la licuación de la primera parte del año, los bancos ven que la baja sostenida de la inflación permite tener tasas de interés positivas mediante la inversión en Lecap. Y los valores del dólar se acercaron como para favorecer la llegada a la zona virtual de unificación del tipo de cambio.

Quienes viven de hacer pronósticos sobre la Argentina creen que las definiciones más grandes sobre ese punto no deberían ir más allá del final de este año. Entre otras cosas, porque el Gobierno espera una llegada adicional de dólares cuyo número tiene dificultades para estimar.

Hay canales de ingreso conocidos, como el blanqueo, cierto apoyo de los bancos y la colaboración de organismos internacionales. Otros son más inciertos y representan algunas de las mayores apuestas de la Casa Rosada.

El punto más destacado de esa expectativa es la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La intención original era firmarlo anteayer, pero no alcanzó el tiempo. Se reglamentará esta semana.

El arranque del RIGI implica un juego de equilibrios delicados de los que está muy al tanto el Gobierno. Los funcionarios que trabajan en eso le dedicaron todo el día durante la última quincena a encontrar el mejor punto entre el incentivo al sector privado y el cuidado de los intereses del Estado. Un error en la letra chica podría resignar recaudación tributaria a futuro, que es clave en los planes fiscales de la Casa Rosada.

El Gobierno ya disfruta del poder de su nueva herramienta. Esta semana, Luis Caputo y Guillermo Francos (jefe de Gabinete) recibirán a ejecutivos de Lundin, la empresa que junto a la australiana BHP prometieron un desembolso en un proyecto de cobre, oro y plata cercano a los US$1000 millones.

El sueño oficial es que esas reuniones y anuncios se multipliquen una vez que esté reglamentada la norma. El decreto que firmará Milei volverá a transitar desde mañana por el Ministerio de Economía, el Banco Central, la Procuración del Tesoro, la AFIP y la Aduana, entre otras paradas. Mirará desde un paso más atrás el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, un poco por convicción, y otro tanto porque está en otras cosas.

Un compañero de trabajo de Sturzenegger lo define como muy ortodoxo, en sentido positivo desde la mirada de la gestión libertaria. La última incorporación del Gabinete no simpatiza con la idea de que el RIGI sea un régimen especial. Quisiera que se tratara de un régimen general. Es decir, que lo que aplica para algunos casos y es la bala de plata del Gobierno en el marco de la estabilización, sea en realidad la norma, no la excepción.

El expresidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, de todas maneras, tiene sobre su escritorio algunos de los trabajos más ambiciosos que entusiasman a Javier Milei. Uno de ellos cruza hasta el terreno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Ambos definirán en los próximos días un proyecto de ley para cambiar radicalmente la forma en que se hacen las sucesiones. Lo enviarán al Congreso.

Sturzenegger busca sacar a la Justicia del camino de la distribución de la herencia. Espera que el trámite se pueda hacer frente a un escribano, sin necesidad de ir a un juzgado en los casos en que haya acuerdo y no se tenga que dirimir en un pleito familiar. Es un ahorro de tiempo, que es también sinónimo de dinero. Todo acompaña a la creación del clima que busca generar el Gobierno para favorecer la dinámica del mundo privado.

La segunda etapa del plan de Milei excede lo financiero, es mucho más abarcativa y se presenta como una necesidad de la gestión para el segundo año de gobierno. Un ejemplo: Daniel González, reciente incorporación de Caputo para coordinar distintas áreas, como la energética, armó un comité para evaluar medidas que buscan atenuar posibles cortes de luz en el verano. Lo hizo tras leer un informe de Cammesa, la empresa mixta que administra al sector. Y algunas terminales oficiales se contactaron con empresarios del sector de generación eléctrica para pedirles que hicieran todas las mejoras posibles a su infraestructura antes de la llegada de las temperaturas altas.

González, que fue gerente general de YPF y conoce el mundo de la energía desde mucho antes, teme por los cortes que suelen ocurrir en algunos días estivales. No sólo por la temperatura, sino también debido a que al sector está subinvertido, otra herencia de los años de Alberto Fernández.

Los problemas que se esperan para este verano serán aun más grandes para el próximo, a menos que aumente la inversión. Para que eso ocurra, a su vez, el Gobierno deberá continuar con los aumentos de tarifas y garantizar un futuro de certidumbre a quienes desembolsen el dinero. Es un trayecto con sobresaltos.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quiere ir hacia una desregulación amplia al estilo de los años 90. En el sector, incluso, dicen que tiene la normativa escrita, pero las dudas de Caputo la frenaron. Hay cosas para ver con más detenimiento, piensan. Algo así como lo que pasa con la salida del cepo, pero en la energía.

Economía, de todas maneras, busca implementar al final del día un esquema de mercado para favorecer las inversiones. Eso implica, por caso, que Edenor y Edesur puedan firmar contratos por su cuenta con los generadores. Pero estos últimos no lo harán si ambas compañías no tienen un ingreso futuro cierto -lo que implica más aumentos de tarifas- que les permitan, entre otras cosas, obtener un crédito bancario.

La situación está muy lejos de la costa a la que quiere llegar el Gobierno. Edenor, Edesur y otras distribuidoras hoy no pagan todo lo que deben por recibir la electricidad que les venden a los hogares y a los comercios. Nadie quiere hacer un contrato directo con alguien que no le paga a otro.

El equipo económico está de acuerdo en avanzar hacia una normalización total del sistema que incluya la formalización de contratos. Pero antes de eso debe terminar de recolectar la opinión de las empresas para encontrar una salida realista, algo que está haciendo. El camino para emprender la vuelta a algo más parecido a los 90 será gradual.

Un programa de estabilización definitivo como el que sueña Milei, entonces, no puede dejar afuera los servicios públicos. Por eso, el Gobierno ya les mandó a pedir a las empresas gasíferas montañas de información para avanzar en una revisión tarifaria por los próximos cinco años. En términos crudos, esa alternativa implica enormes compromisos del Estado y del sector privado. El Enargas, que regula ese negocio, está recibiendo los datos.

Las empresas se comprometen a brindar un buen servicio y el sector público, a garantizar que tengan los ingresos suficientes para afrontarlo mediante el cobro de la tarifa. Aunque parece sencillo, esa alternativa se puso en marcha en el menemismo y persistió solo en la letra de la ley, con enormes sobresaltos e interrupciones en la práctica.

A las empresas de gas, entre las que se encuentra Metrogas, una sociedad de YPF, bajo control estatal, les gustaría arrancar el primer día del año próximo con el nuevo marco. Saben, sin embargo, que es imposible. Se conforman con que empiece en abril de 2025. Para ese momento, en términos económicos, la Argentina puede ser un país muy distinto al de agosto de 2024.

Fuente La Nación