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El senador provincial justicialista Ariel Rosendo, denunciado por su ex esposa, Ivanna Massimino, y por el gremio Smata, por violencia de género y robo, respectivamente, acumula pedidos de renuncia a su banca por distintas representaciones políticas, y exigen pronunciamiento de la secretaria de la Mujer, la Diversidad y la Igualdad de San Luis.
Las mujeres que responden a “Todos Unidos”, sector que lidera el senador Adolfo Rodríguez Saá, manifestaron que mientras “otras legislaturas solicitarían la licencia del Senador para llevar adelante una investigación”, en San Luis, “la corporación del Senado Provincial sólo responde con el silencio” que es otra forma de “violencia”.
Indicaron que resulta “inaceptable” que no se hagan operativas medidas concretas como la capacitación de personal público “en la Ley Micaela”, y que la adhesión a todos los programas y protocolos quede en “mera formalidad” cuando el denunciado tiene afinidades políticas con “el oficialismo”, por lo que exigieron la renuncia de Rosendo.
En el mismo sentido, legisladores de Avanzar, el espacio encabezado por el senador nacional, Claudio Poggi, con el acompañamiento de pares de otros partidos, pidieron conocer “las actuaciones existentes” en la secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, a partir de la denuncia por violencia de género.
Además, exigen saber si le entregaron a la mujer un dispositivo antipánico, si el organismo tomó intervención en la causa penal, y aclararon que “en este caso, el Gobierno no podría alegar que es una cuestión privada para no responder”, ante las declaraciones de la presidenta del bloque oficialista, la senadora Mabel Leyes, quien afirmó que el cuerpo “no se pronunciará, por ahora” por estar en presencia de un caso de “índole privada”.
Por su parte, el senador nacional, Claudio Poggi, se dirigió a los hermanos Rodríguez Saá para que le exijan al legislador por Pedernera, que deje la banca “para despojarse de los fueros y se someta a la Justicia”.
Rosendo fue denunciado en tres oportunidades, una por su ex mujer, que lo acusó por violencia de género; otra por el gremio al que pertenecía, que lo separó de su cargo por administración fraudulenta; y además una ex empleada que sostuvo en tribunales que sufrió acoso sexual cuando trabajaba para el legislador.
También, un grupo de comerciantes de Villa Mercedes lo responsabilizó legalmente de actos de violencia, amenazas y daños cuando no adhirieron a un paro en 2018.
Tras las denuncias, el 20 del corriente, el juez Penal Leandro Estrada ordenó tres allanamientos a raíz de una denuncia por robo realizada por el sindicato Smata de dos colaboradores de Rosendo, donde “no encontraron elementos vinculados a la causa”, pero si una camioneta “Amarok 4×4 fue entregada por el dirigente”, detalló el magistrado.
Fuente Telam
