El Gobierno reactiva los puentes con la Ciudad y busca delimitar la pelea por la coparticipación a la vía judicial

más no sea un impasse y esté supeditado a la fragilidad del debate político que se presenta en la Argentina, el Gobierno busca retomar el vínculo con la Ciudad y delimitar la pelea por los fondos a la vía judicial, donde la administración de Horacio Rodríguez Larreta ya sabe que juega su última carta para revertir el decreto de Alberto Fernández que le quitó el 1,18 por ciento de los fondos.

Tras el impacto en la relación que generó la decisión de recortar los fondos otorgados a partir del traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño, una decisión calificada de “intempestiva” e “inconsulta” por el jefe de Gobierno porteño, y una etapa en la que desde distintas dependencias nacionales se cargó contra la Ciudad, para la Casa Rosada llegó el momento de bajar las armas.

No en señal de rendición, ni mucho menos, sino por la convicción de que la disputa con el principal territorio gobernado por Juntos por el Cambio ayuda a enrarecer el clima porque agita a los extremos de ambos espacios. Y, al cabo, la definición por la coparticipación ya excede al ámbito político y tiene a la Corte Suprema de Justicia como principal protagonista.

En la Casa Rosada vieron con preocupación una encuesta que realizó Analogías, una de las consultoras que en el universo frentetodista consideran más confiables, en territorio bonaerense. “¿Qué opina usted sobre la medida de Alberto Fernández de sacarle fondos a la Ciudad y dárselos a la Provincia para mejorar los sueldos de la Bonaerense?”, fue la pregunta. Casi el 42 por ciento dijo no estar de acuerdo.

En este contexto, en las últimas horas el Gobierno empezó a pavimentar el camino para recuperar el vínculo de gestión con la Ciudad. El viernes, mientras Alberto F. cuestionaba con dureza al presidente del Alto Tribunal, Carlos Rosenkrantz, se producía la primera reunión entre ambos desde que estalló el conflicto, más allá de la reunión a la Quinta de Olivos a la que asistió Rodríguez Larreta y donde el alcalde porteño se anticipó y a pesar de su molestia, le aclaró al Presidente su voluntad de dejar la disputa en el terreno judicial.

Curiosamente, la reunión del viernes la encabezaron dos de los funcionarios que más involucrados estuvieron en las negociaciones técnicas por la coparticipación hasta que llegó la pandemia: la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, en representación del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y del Gobierno nacional; y el ministro de Economía porteño, Martín Mura.

Batakis se rodeó de parte del equipo que la secundó en el relevamiento de los fondos que, a criterio de la actual administración, Nación había enviado “de más” a Ciudad durante la gestión de Mauricio Macri y estuvo acompañada por el subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional de la Nación, Martín Pollera; el director del Archivo General de la Nación, Marcos Schiavi; y la directora Nacional de Desarrollo Institucional Productivo del Ministerio de Desarrollo Productivo, Natalia Del Cogliano. Esta última funcionaria reporta al ministro Matías Kulfas.

Mura, en tanto, compartió escena con su par de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, José Luis Giusti; y el subsecretario de Desarrollo Económico porteño, Pablo Lera.

En la reunión, las partes acordaron dejar afuera el tema de los fondos. “No vamos a hablar de la coparticipación. Eso ya está en otra instancia”, planteó sin dar vueltas Batakis, en el inicio de la cita virtual, según pudo reconstruir Clarín. Los funcionarios porteños asintieron y la conversación se encarriló hacia la agenda que los convocaba.

Analizaron temas de interés mutuo, como opciones para reactivar la construcción a través de incentivos fiscales, la utilización de terrenos improductivos y obras de infraestructura para la Isla de Marchi. Y los funcionarios porteños plantearon la creación de una zona franca vinculada a los servicios y a la economía del conocimiento.

“Fue una buena reunión y la continuidad de una serie de encuentros que tenemos con todas las provincias”, señalaron en Balcarce 50. En la Ciudad coincidieron con el balance y resaltaron que reafirmó que “el compromiso al diálogo” de Larreta “no cambia”.

“Nunca se rompió el diálogo. La decisión de Alberto fue de reparar una situación injusta para el resto de las provincias, no atacar a Larreta”, aseguraron desde el entorno presidencial. 

Si bien de ambos lados quedaron en “continuar con las conversaciones”, y hay definiciones conjuntas que se deben tomar, resulta difícil pronosticar cuánto durará el acercamiento.

Sucede que mientras el Presidente envió un mensaje conciliador días atrás, cuando intentó bajar el nivel de confrontación pública y dijo no haber roto “ningún puente”, en el Congreso se tramita el proyecto que, con su firma y en paralelo al decreto que busca impugnar la gestión de Larreta, pretende reducir todavía un poco más la coparticipación a la Ciudad.

Sería un nuevo golpe a las arcas porteñas, porque establece para el mantenimiento de la Policía una suma fija, por fuera de la coparticipación, de $24.500 millones de pesos, que será actualizada de acuerdo a un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario de un sargento de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) de la Ciudad. Para tomar dimensión de lo que implicaría el recorte: esa suma es menor a la mitad de lo que recibió la Ciudad en 2019.

Si Cristina Kirchner no cambia la hoja de ruta que trazó en el Senado, la iniciativa tendría media sanción esta semana. Pero el trámite parlamentario no es la obsesión de la Ciudad, que considera que no puede hacerse ningún recorte de forma inconsulta.

Por otro lado, el apuro del Gobierno en el trámite de la iniciativa tiene más que ver con un intento por condicionar al Alto Tribunal en su decisión que por su aplicación: hay legisladores del Frente de Todos que admiten que este proyecto tiene menos chances de pasar el filtro de constitucionalidad que el propio decreto del Presidente.

PDL

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