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La jueza Clara Do Pico será quien desempate y defina este martes si se acepta o se rechaza el amparo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes habían presentado
ese recurso para evitar perder sus puestos en la Cámara Federal, adonde habían llegado por traslados dispuestos durante el gobierno de Mauricio Macri.
Do Pico salió sorteada luego de que, por falta de acuerdo, los dos jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal pidieran que se designe a un tercer magistrado que pudiera desempatar, mientras la Corte ya está discutiendo el pedido paralelo de per saltum para definir el caso en ese tribunal.
En un escrito, los camaristas Guillermo Treacy y Jorge Alemany solicitaron este lunes que se designe a tercer un juez para integrar la sala de la Cámara para poder llegar a una decisión. El otro integrante de la Sala, Pablo Gallegos Frediani, se había excusado de entender en el caso porque él mismo es un juez trasladado.
Antes, el fiscal de la Cámara, Rodrigo Cuesta, se había opuesto a convalidar el recurso de amparo de Bruglia y Bertuzzi contra la decisión de desplazarlos, con lo cual la decisión quedó en manos de los camaristas Treacy y Alemany, que tienen opiniones opuestas sobre el pedido formulado por los magistrados. Por eso hubo que sortear a un tercer juez de ese cuerpo, y fue seleccionada la doctora Do Pico.
Con la postergación de la definición por parte de la Cámara, la Corte queda habilitada para avanzar en la resolución del per saltum que le plantearon Bruglia y Bertuzzi para que frene sus traslados. El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, había llamado a un acuerdo extraordinario. Es una incógnita qué definirá la Corte Suprema, pero podría ir desde rechazar elper saltum, sólo admitirlo pero sin tratarlo de inmediato o ya resolverlo avalando o anulando los traslados.
Si la Cámara se hubiera pronunciado antes que la Corte, el recurso de per saltum habría devenido abstracto y el máximo tribunal no tendría sobre que pronunciarse.
En el dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal se planteó que pese a que el Congreso aprobó la remoción de los jueces, medida que se terminó de concretar administrativamente con el Decreto del Poder Ejecutivo, “los recurrentes no han demostrado que el único acto efectivamente cuestionado en el marco de esta acción de amparo les genere un perjuicio concreto, directo e inmediato sobre su esfera de derechos”.
Desde un comienzo, con diferentes escritos, tanto Bruglia, Bertuzzi como Castelli cuestionaron la decisión del Consejo de la Magistratura fechada el 15 de julio, para revisar diez traslados de magistrados realizados durante la gestión macrista y que no habrían cumplimentado la totalidad de los requisitos. Esto devino en el debate en el Senado y finalmente, la resolución del Gobierno.
Ante este escenario, y ante la demora de la Cámara en lo Contencioso para resolver sus amparos, los jueces acudieron a la Corte Suprema reclamando la nulidad de todos los trámites realizados y que concluyeron con la determinación de que regresen a los cargos que ocupaban hasta 2018.
Para el fiscal Cuesta, el proceder del Consejo de la Magistratura sólo “se limitó a considerar que el procedimiento de traslado anteriormente iniciado no se había perfeccionado, sin afectar los actos dictados con anterioridad en su ámbito de intervención”. Sostuvo que todas las instancias fueron comunicadas tanto al Poder Ejecutivo como a la Corte.
En esta misma línea, expresó que no se puso en riesgo la garantía constitucional de inamovilidad con la que cuentan los jueces, y que finalmente las decisiones adoptadas por el Congreso como por la Casa Rosada se encuentran fuera de su órbita.
“De lo expuesto se desprende, que el procedimiento de traslado de los actores requería de un nuevo acuerdo del Senado de la Nación para considerarse perfeccionado”, dijo Cuesta y así desestimó el recurso de apelación.
La resolución del fiscal es políticamente oportuna: hoy, en un acuerdo extraordinario, la Corte tratará el per saltum de los tres jueces, que señalaron que el “perjuicio” contra ellos “ya está cometido” -esa había sido la razón por la cual la jueza de primera instancia rechazó en amparo en su momento- y que en tal sentido el máximo tribunal se encontraría en condiciones de expedirse.
Como miembros de la Sala I de la Cámara Federal porteña (responsable de revisar las decisiones de los jueces de instrucción), Bruglia y Bertuzzi confirmaron los procesamientos de Cristina Kirchner y otros funcionarios kirchneristas en la causa de los Cuadernos de las Coimas. En tanto, Germán Castelli es miembro del Tribunal Oral Federal 7, en donde se hará la etapa oral de esa misma investigación.
El kirchnerismo puso en discusión el traslado de diez jueces que se concretaron durante la gestión de Mauricio Macri.
En el Senado, hasta el momento, sólo se avanzó sobre la remoción de estos tres magistrados.
Como contó Clarín, desde 1995 se produjeron al menos 65 movimientos de jueces, 23 de los mismos fueron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y ninguno de ellos pasó por el Senado. De ese universos de traslados, 22 fueron durante la administración de Cambiemos. Los restantes se produjeron cuando estaba al frente de la Casa Rosada, Carlos Menem y en menor medida, durante la administración de Fernando De la Rúa.
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