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Un juez penal de la Capital Federal ordenó vender casi 10 kilos de oro secuestrados hace 19 años en una causa judicial que culminó sin poder localizar a los damnificados y donar 56.000 dólares de lo recaudado a las Madres del Dolor, a otra ONG que ayuda a niños maltratados y a dos organismos judiciales que luchan contra el delito, en concepto de reparación de víctimas.
Se trata de Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 44, quien en una resolución de 105 fojas a la que accedió a Télam, dispuso repartir parte de lo recaudado a cuatro entidades, siguiendo los lineamientos de las leyes 27.372 sobre Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y la 20.785 sobre Bienes Objeto de Secuestro en Causas Penales.
Las dos ONGs beneficiarias de la resolución son la asociación Madres del Dolor, creada en 2004 y que nuclea a familiares de víctimas de delitos, y la asociación civil María del Rosario de San Nicolás, que trabaja desde 1993 con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Pero el magistrado también dispuso transferir fondos a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF), en el marco de la colaboración con investigaciones penales que benefician a sus víctimas; y a la Secretaría de Superintendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, para el mantenimiento de los edificios donde se tramitan esas causas.
Cada una de estas cuatro entidades recibió por orden del juez Sánchez Sarmiento la suma de 14.000 dólares, resolución que además contó con el aval del fiscal de la causa, Pablo Recchini, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 1.
“Es la primera vez en 16 años que recibimos un aporte así. Estamos muy agradecidos al doctor Sánchez Sarmiento porque Madres del Dolor no tiene subsidios y sólo contamos con donaciones de personas particulares”, dijo a Télam Viviam Perrone, presidenta de la mencionada ONG.
Los 56.000 dólares son parte de lo recaudado por el Juzgado 44 luego de que en julio pasado ordenara tasar y vender en el Banco Ciudad los 9,780 kilogramos de oro de 18 quilates y los 76,5 gramos de oro 14 quilates secuestrados en un expediente judicial que tramitaba en el juzgado hace 19 años.
El hecho ocurrió el 11 de enero de 2001 en el barrio porteño de Mataderos, cuando un cabo de la por entontes comisaría 42 de Policía Federal Argentina, vio ascender a un taxi a dos hombres en actitud sospechosa que cargaban una bolsa de mercado y los requisó en la esquina de las avenidas Juan Bautista Alberdi y Larrazábal.
En la bolsa estaban los casi 10 kilos de oro distribuidos en 76 medallas de diversos tamaños y logotipos, 117 anillos de diversos tamaños y formas, 106 mallas para reloj, 72 trozos de mallas, 350 tapas de relojes antiguos, 16 cuadrantes de relojes, 209 coronas de relojes, 14 pulseras y trozos de metal.
El juez narra en su resolución que desde el día siguiente a ser secuestrados, esos efectos se remitieron en una caja ingresada con el rótulo de “bulto sin valor” al tesoro del Banco Ciudad para su custodia.
La causa pasó por varios juzgados de instrucción hasta que por conexidad terminó en el Criminal y Correccional 44, que desde el 1 de mayo de este año subroga Sánchez Sarmiento.
El juez criticó en su resolución la labor en el expediente de todos sus antecesores ya que no sólo en 2002 terminaron sobreseídos los dos sospechosos, sino también porque nunca se pudo probar de dónde provenía el oro, si era o no robado, lo que derivó en un cambio de calificación a un delito menor como “apropiación de cosa indebida”, y tampoco se identificó a los eventuales damnificados.
“Es la primera vez en 16 años que recibimos un aporte así. Estamos muy agradecidos al doctor Sánchez Sarmiento””
Viviam Perrone
“La actuación de este tribunal en su momento fue irregular; la investigación tuvo retrasos desde un principio”, opinó Sánchez Sarmiento.
Al fundamentar su decisión, el juez afirmó que “no hay duda que existe una obligación de reparar a las víctimas de los delitos y que recae en el Estado a través de los órganos de la justicia poder esclarecer los hechos sometidos a su jurisdicción, como así también ubicar a las víctimas para restituirles sus pertenencias”.
“Es lógico que si el Estado hizo todos los esfuerzos por ubicar a las víctimas pero aquellos fueron infructuosos, el dinero producto de la venta de los bienes ingrese en su totalidad en las arcas del Poder Judicial de la Nación, para así poder continuar financiando el servicio de justicia. Pero ello no ocurrió en este caso”, resaltó el magistrado.
Por ello, Sánchez Sarmiento afirmó que “deben buscarse maneras alternativas a dicha obligación de reparar”, ordenó el reparto de 56.000 dólares a las cuatro entidades mencionadas y destinó otros fondos para los gastos del proceso y para solventar las deudas que a lo largo de 19 años había generado la custodia del oro.
