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El gobernador no logra fijar autoridad para sacar a los ocupantes ni cuenta con recursos para reubicarlos. Por Rodolfo Lara
Axel Kicillof ante el peor escenario en la toma de Guernica. No logra fijar su autoridad para plantar el operativo policial de desalojo, y tampoco dispone de recursos inmediatos para la reubicación total de los ocupantes de los predios. En el dilema consume poder institucional e instala un riesgoso antecedente en los casos de usurpación de propiedades.
En forma rudimentaria, el problema del gobernador podría resumirse así. La Justicia ya impartió la orden de lanzamiento judicial de un número impreciso de personas, que -según las autoridades- podrían ser 200 familias. La responsabilidad, ahora, es de estricta competencia del ministerio de Seguridad, a cargo de Sergio Berni.
El miércoles a la noche, el funcionario tenía previsto el dispositivo con 4.000 policías pero desactivó sobre la hora en prevención de episodios de violencia. El gobierno tiene una comprobación: hay organizaciones de la izquierda trotskista que hicieron base en el asentamiento. Resistirán la orden. Amplían logística con el correr de las horas. Se respaldan, además, en abogados partidarios que accionan por medidas cautelares y precipitan denuncias. “Sólo necesitan un herido para la victimización. Una de las estrategias buscadas”, admiten los encargados de la inteligencia policial.
Tan gravoso es este abordaje que Berni no tiene decidido, aún, si los efectivos de la vanguardia portarán armas reglamentarias o sólo elementos disuasivos.
Carteles contra Sergio Berni en la toma de terrenos en Guernica. Foto Luciano Thieberger.
La primera partida la llevan ganada el PO, Nuevo Mas, y el PTS, entre otros grupos menores. Los favorece un detalle: como no hay un cerrojo de seguridad sobre los contornos de las 100 hectáreas tomadas, que requerirían un ejército, la circulación de personas no es restricta. Este jueves, a las 6 de la mañana, casi un centenar de hombres y mujeres ajenos a la toma ingresaron a los terrenos para un “abrazo simbólico”. Estaban organizados para la resistencia.
Estos grupos encontraron la simplificación de una demanda que expone encerrona. Le requieren al estado provincial ceder “tierra por tierra”. Es decir, cada intruso abandona el lote tomado a cambio de otro lote en lugar a designar. Es de imposible cumplimiento inmediato. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, les habla de subsidios, aporte de materiales de construcción y reubicación gradual, caso por caso, en programas habitacionales que llevan meses. Por ejemplo, anotarse en los 3.000 cupos de terrenos que planifican en Guernica.
Eso es tiempo. Permanecer también es tiempo. ¿Quién gana y quién pierde? A resguardo, el juez Martín Miguel Rizzo acordó un plazo hasta el 30 de octubre para el cumplimiento de la orden. Es la misma firmada hace un mes. Ocurre que la Provincia pidió dos prórrogas. La definición, entonces, es cada vez más angosta. Como aclara el fiscal Marcelo Romero, uno de los tres fiscales que interviene en la causa, “todo depende ahora de la logística policial”.
No obstante, como en el transcurso de la toma, desde julio, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad es el área más resolutiva. Por lo menos en los papeles. El ministro Larroque asegura que 650 familias ya firmaron el acuerdo de desalojo. Vuelve a detallar la irrupción de los “grupos de izquierda” como el frontis que impide el cumplimiento de la orden judicial.
Diputados del Juntos Por el Cambio en la toma de tierras en Guernica.
Todo en un marco legal resbaladizo. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no confiere estatus de delito a la toma, hasta tanto la Justicia no establezca una sentencia firme. Una invitación a cometer usurpaciones, según los académicos. Tanto más gravosos cuando el ex ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, alega por los tomadores de tierra. Concurrentes estos datos, con el silencio de las organizaciones sociales del Frente de Todos que manejan el ministerio de Desarrollo Social, debajo de Daniel Arroyo. El Movimiento Evita, la escisión de Barrios de Pie y el CTEP de Juan Grabois, acostumbrados a estos avatares, no parecen aportar luz en esta oscuridad apabullante. El interior del oficialismo también es parte del problema.
Algo de eso parecen percibir en la otra orilla, en Juntos por el Cambio, que encontró en las marchas callejeras una expresión política. Esta mañana de jueves halló en Guernica un nuevo espacio para ampliar discurso opositor. Un contingente de diputados nacionales y provinciales, encabezados por Cristian Ritondo, estuvieron en el lugar.
Con poco fijaron cometido: pidieron por el cumplimiento de la ley. Sin demasiado esfuerzo, en apenas un rato, mortificaron el primer día de desalojo que debería haber empezado la Provincia.
Fuente Clarin
