A los amigos todo, a los enemigos Estado ausente

El Gobierno juega a favor de las usurpaciones en Entre Ríos y en el sur. Pero ayuda a Gildo Insfrán en Formosa.

Sólo hay que mirar un poco más allá del centro de la Argentina. En los descampados bonaerenses de Guernica, en los bosques patagónicos de Villa Mascardi, en los de El Bolsón o en El Foyel, y en los campos entrerrianos de Santa Elena se va consolidando el mismo fenómeno. El Estado se ausenta cada vez que un conflicto afecta el derecho de propiedad y termina favoreciendo los intereses de los usurpadores. A veces por omisión y otras veces cobijando, o directamente impulsando, acciones para que las tomas de tierras ajenas terminen en la conformación de un despojo.

Claro que las cosas son muy diferentes cuando se trata de amigos o de aliados políticos del Gobierno. Y mucho más complicadas cuando los dueños de terrenos usurpados son adversarios políticos. Es el caso de la estancia de la familia Etchevehere, en Entre Ríos. La Casa Rosada sigue el caso como si se tratara únicamente de un conflicto familiar entre Dolores y Luis Miguel Etchevehere, quien justamente fue presidente de la Sociedad Rural Argentina y ministro de Agricultura de Mauricio Macri. “No hay ningún funcionario de este gobierno involucrado en ninguna usurpación”, dijo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en el fin de semana.

Aunque buena parte del Gobierno ha dejado de preocuparse por la credibilidad de sus palabras, lo cierto es que los activistas que duermen en la estancia de los Etchevehere responden al dirigente Juan Grabois, referenciado políticamente con Cristina Kirchner y con el Papa Francisco. Y que fue una funcionaria nacional alineada con Grabois, Gabriela Carpineti, la directora de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, quien pasó una noche en la finca para respaldar la excusa pastoril y agroecológica del llamado “Proyecto Artigas”. Todo para que, según Carpinetti, “no haya situaciones de violencia” en el asentamiento.

Ni el presidente Alberto Fernández ni nadie del Gobierno dijeron nada sobre ese gesto de respaldo oficial a la toma del campo de los Etchevehere. Al contrario, la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, hizo declaraciones públicas para defender a Dolores Etchevehere por su situación de “vulnerabilidad”. A la ministra se sumaron más dirigentes oficialistas para intentar enmarcar la disputa familiar y la usurpación de tierras en el contexto de un supuesto conflicto de género.

Esa es otra de las herramientas que viene utilizando el Gobierno cuando se ven afectadas mujeres alineadas con el oficialismo. El caso es que en el conflicto familiar también hay otra mujer. Leonor Etchevehere, la mamá de los hermanos que habló el domingo durante el banderazo en la Ruta 12 y lidera la posición de sus hijos varones. Pero al estar enfrentada con el poder oficial, no va a haber Estado presente que vaya a salir en su defensa y las cuestiones de género no cuentan para los ajenos.

La presencia del Estado también es confusa en el sur. Cansada de que no la tomaran en serio, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, le pidió al Presidente que corriera a Sabina Frederic de la mesa de negociaciones con las comunidades que toman tierras patagónicas en nombre de los ancestros mapuches. Las expresiones públicas de la ministra de Seguridad en torno a las usurpaciones, siempre condescendientes con los atacantes, convencieron al gobierno provincial de que el mayor obstáculo que tienen para resolver una cuestión compleja es el propio Gobierno nacional.

Si bien Frederic y su ideario ingenuo de la seguridad en la Argentina se han convertido en un dolor de cabeza permanente para Alberto Fernández, en el conflicto del sur el gran problema es la conducción del INAI, el desconcertante Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Su presidenta, Magdalena Odarda, y su vicepresidente, Luis Pilquimán, mantienen una relación amistosa por decirlo suave con varios de los grupos tomadores de tierras.

Pilquiman, incluso, fue detenido por la policía ríonegrina cuando llevaba en su camioneta a varios integrantes de una de las comunidades mapuches para sumarse a la toma de Villa Mascardi. “Lo que hacen no es constructivo”, fue la frase diplomática de la gobernadora sobre los titulares del INAI. Arabela Carreras cree que son ellos los que le llevaban víveres a quienes usurparon la finca de El Foyel. Por eso, viajó a Buenos Aires y le rogó a Fernández que cambiara los interlocutores porque los funcionarios nacionales le jugaban en contra. Ahora es la ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien terminó a cargo de todas las negociaciones.

Y si los rionegrinos no tienen Estado presente en este tiempo, en cambio le fue mucho mejor al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en el ojo de la tormenta porque no les permite regresar a sus casas a cientos de formoseños. Lleva 25 años como mandatario y otros 8 como vice para eternizarse en el poder provincial gracias a las maravillas de la ley de lemas. Hasta allí fue la ministra Frederic para decir que su gestión es “ejemplar” por los pocos contagios de coronavirus que supuestamente lleva hasta ahora. Nadie fue capaz de acercarle a la ministra los datos de mortalidad infantil (lo más altos del país), ni que el 47% de la población no tiene agua corriente ni sanitarios en condiciones mínimas. Pero el Estado estuvo bien presente porque había que defender al amigo Gildo.

Pocas veces en la historia es tan imprescindible el Estado como cuando los países enfrentan desafíos del calibre de esta pandemia. Pero la distribución arbitraria de la protección estatal se está volviendo una marca de este Gobierno. Sólo podrá haber malas noticias en el porvenir si se enarbola aquella bandera equivocada que Juan Domingo Perón tomó prestada de Mao Tse Tung en el hoy lejano 1973. “Al amigo todo, al enemigo ni justicia”.

Fuente Clarin