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El político afronta varias investigaciones por la presunta recepción de sobornos cuando era gobernador regional. Por Jacqueline Fowks
El Parlamento de Perú ha destituido este lunes al presidente, Martín Vizcarra. Era el segundo intento del Parlamento tras pasar casi dos meses de una primera moción para retirarlo por “incapacidad moral permanente”. La mayoría de congresistas votaron a favor de la “vacancia presidencial” para luchar contra la corrupción, debido a que el mandatario es investigado por la Fiscalía por la supuesta recepción de sobornos, en 2013 y 2014, de empresas contratistas del Gobierno Regional de Moquegua cuando él se desempeñaba como gobernador de esa región. El mandatario ha negado las imputaciones.
De acuerdo con la Constitución, se requerían 87 votos para destituir al jefe de Estado -dos tercios de la representación- y la iniciativa superó con creces ese umbral al alcanzar las 105 adhesiones, 19 votos en contra y cuatro abstenciones. También varios miembros y líderes de los grupos políticos que promovieron desde septiembre la remoción de Vizcarra están investigados por lavado de activos, corrupción y otros delitos, pero este lunes se han sumado otros partidos que no enfrentan tales acusaciones, como el Frente Popular Agrícola del Perú y algunos parlamentarios del izquierdista Frente Amplio.
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Minutos después de la decisión del Congreso, ha habido un bocinazo y cacerolazo en el distrito de clase media de Jesus María, en Lima, y el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, cuya bancada votó en contra de la destitución de Vizcarra, ha llamado a manifestarse en la Plaza San Martín, una de las principales de la capital. Según una encuesta de finales de octubre de Ipsos Perú, el 78% de los ciudadanos estaba a favor de que Vizcarra continuara en el cargo, y que las investigaciones siguieran su curso -tanto sobre su influencia en la contratación irregular de su amigo como sobre los supuestos sobornos- luego del fin de su mandato, que estaba previsto para julio del próximo año.
El martes asumirá como presidente de transición el jefe del Parlamento, Manuel Merino, de Acción Popular, un político que tuvo un rol crucial en la primera moción para destituirlo en septiembre, pues permitió a un congresista -sobre quien pesan acusaciones constitucionales- difundiera en un pleno del Congreso audios de conversaciones del presidente y su entorno sobre la contratación irregular de un amigo de Vizcarra como consultor del Ministerio de Cultura.
La propuesta de destitución del presidente fue presentada el 20 de octubre por 27 congresistas después de que la prensa publicara testimonios de personas que quieren colaborar con la Fiscalía sobre el supuesto pago de sobornos a Vizcarra por parte de la constructora Obrainsa y su socia italiana Astaldi, a cambio de la adjudicación de una obra de irrigación llamada Lomas de Ilo. Según pruebas entregadas por la acusación, el monto ascendía a unos 281.000 dólares.
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La figura de la moción de censura, llamada vacancia presidencial, por “permanente incapacidad moral” está prevista en la Constitución de 1993, aunque no existe una definición precisa de dicha condición. La primera vez que se usó para destituir a un mandatario fue contra Alberto Fujimori en el año 2000. Este renunció a la presidencia por fax desde Brunéi cuando surgieron vídeos de la corrupción de su Gobierno. En la práctica, si los congresistas obtienen 87 votos, pueden destituir al presidente si se ponen de acuerdo en echarlo.
En septiembre, cuando el Congreso planteó la primera moción para retirar a Vizcarra, el Ejecutivo presentó ante Tribunal Constitucional una “demanda de competencia” para que los magistrados indicaran cómo debe interpretarse la causal de “incapacidad moral permanente”. El Constitucional admitió la demanda, solicitó al Congreso su versión sobre la cuestión, pero este poder del Estado no respondió. Por ello hasta ahora el Tribunal Constitucional no ha precisado qué situaciones o hechos encajan en la definición de “incapacidad moral permanente”.
Dos fiscales investigan a Vizcarra
El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato, está a cargo las investigaciones que afectan a Vizcarra y que forman parte del caso llamado el Club de la Construcción, en el que las compañías -a manera de cartel- se repartían las licitaciones de obras públicas entre 2002 y 2016. Unas 15 constructoras están bajo investigación. Hace 20 días, el fiscal Juárez solicitó al secretario general de la presidencia que le indique la vía para recabar el testimonio del presidente este martes 3 de noviembre, sin embargo -consultado por la prensa- Vizcarra dijo que no había recibido la notificación.
El funcionario reiteró el pedido y, el viernes pasado, el presidente respondió que enviaría una carta a la Fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, debido a “dudas y contradicciones” en la investigación fiscal. El mandatario ha negado las acusaciones en tres entrevistas en televisión. “Son totalmente falsas”, reiteró hace dos viernes. Hace una semana el presidente pidió por escrito a Ávalos definir qué fiscal es competente para investigarlo, debido a que ella dispuso el 16 de octubre que un fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios asuma la investigación de los supuestos pagos ilegales por las obras públicas en Moquegua. Por lo tanto, dos magistrados distintos investigan el mismo asunto. “Esta situación podría poner en riesgo el adecuado ejercicio de los derechos y garantías que me confiere la Carta Magna”, apunta Vizcarra en su carta a la fiscal general.
Fuente El País
