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El Presidente consideró que no es “constitucional” el requisito de los dos tercios que se exige para nombrar a un nuevo jefe de los fiscales, en línea con los deseos de la vicepresidenta. Por Hernán Cappiello
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El presidente Alberto Fernández abrió ayer una puerta para avanzar con la reforma que impulsa el cristinismo, que pretende eliminar la necesidad de contar con dos tercios de los votos en el Senado para designar un nuevo procurador general de la Nación.
Con el argumento de que hay que “hacer más fácil el trámite de la designación de funcionarios”, Fernández avaló la embestida de los senadores alineados con Cristina Kirchner, que enfrentó fuertes críticas de magistrados y fiscales.
El proyecto que impulsa la vicepresidenta plantea dejar atrás la necesidad de contar con dos tercios de los votos (48 afirmativos) y pasar a que se apruebe por mayoría absoluta (37 votos afirmativos). Eso también le permitiría al oficialismo desplazar al procurador Eduardo Casal sin necesidad de contar con los votos de la oposición. “Hace más de 15 años que no tenemos un defensor del pueblo porque se necesitan dos tercios del Senado para nombrarlo, eso es constitucional, pero lo del procurador no”, sostuvo Fernández en declaraciones radiales.
En un sorpresivo giro en su postura, Fernández incluso relativizó la posición de su candidato a procurador, el juez Daniel Rafecas, quien se niega a mantener su postulación si el cristinismo avanza con su deseo de flexibilizar el sistema de designación.
“Conozco a Daniel desde hace años y sé que es un principista, pero no es un tema de principios, es un tema práctico”, opinó el Presidente, en referencia al límite ético que fijó el juez.
El kirchnerismo del Senado tiene el dictamen listo para aprobar esta semana la modificación la ley del Ministerio Público Fiscal.
Pero para avanzar en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo debe incluir el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias de verano. Las declaraciones de Fernández de ayer parecieron abrir el camino para esa inclusión. “Lo discutimos”, respondió, cuando se le preguntó si lo incluiría.
A diferencia del apuro de Cristina Kirchner, en la Casa Rosada aseguran que esperarán un par de meses para convertir en proyectos de ley algunas de las recomendaciones que efectuó el consejo consultivo convocado por el Presidente para proponer cambios en la Justicia. La intención es trabajar con las 800 páginas que aún no llegaron oficialmente a manos de Alberto Fernández para convertirlas en propuestas legislativas “lo más consensuadas que se pueda” con la oposición.
Así lo confirmaron a LA NACION un alto funcionario del Gobierno y uno de los colaboradores del Presidente en materia judicial.
En el paquete que entregará el comité asesor en breve sobresale la iniciativa para cambiar el modo de designar al procurador general de la Nación.
Los asesores, con una ajustada mayoría de seis votos contra cinco, sugirieron flexibilizar el requisito de la mayoría absoluta. Fue una recomendación alineada con los deseos del cristinismo. Los senadores que responden a Cristina Kirchner tomaron el trabajo del comité asesor y apuraron un dictamen para aprobar cambios en la ley en el Senado en la semana.
En privado, Alberto Fernández se manifestaba en desacuerdo con estas modificaciones. Pero ayer envió señales en sentido contrario.
Esta semana, el Presidente ratificó públicamente al juez Daniel Rafecas como su candidato a procurador. A su vez, cerca de Alberto Fernández deslizaron que hubo contactos con la oposición para buscar consenso en el tema del procurador. No solo tratar de conseguir el aval para la candidatura de Rafecas, sino negociar los puntos alrededor del cargo.
En la oposición son irreductibles en dos cuestiones: la necesidad de los dos tercios de los votos para su designación y el modo de remoción mediante juicio político, como está ahora. Entienden que cualquier modificación al respecto apunta a correr al actual procurador interino.
La oposición consentiría acortar el mandato del procurador, que ahora es vitalicio (o hasta los 75 años). Podrían apoyar un mandato de cinco años, con reelección, pero salteándose un período. Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal analizaron con asesores especializados en temas de la Justicia las alternativas para la figura del procurador.
En el gobierno porteño negaron los contactos con Fernández, pero otras fuentes de ese espacio señalaron que están dispuestos a conversar. Pese a las diferencias internas, el consenso en Juntos por el Cambio es construir una postura unificada. Elisa Carrió invitó a sus socios a negociar. Rodríguez Larreta y Vidal están dispuestos a conversar e incluso lo haría Mauricio Macri, en última instancia. Son los socios radicales los remisos. En el Gobierno dicen que Juntos por el Cambio apoyará a Rafecas. En la oposición dicen que el tema sigue abierto y en análisis.
En este contexto, si el Senado le diera media sanción a la ley que cambia las mayorías para designar procurador, abriendo la puerta para que el kirchnerismo designe a un cuadro propio como jefe de los fiscales, el proyecto debería pasar a la Cámara de Diputados.
Para que sea tratado en el verano sería necesario que el Presidente lo introduzca dentro de los temas de las sesiones extraordinarias. Será un test para dejar en claro qué tan de acuerdo está Alberto Fernández con esta iniciativa o si prefiere que se mantenga en el freezer hasta que tomen forma sus propios proyectos.
En la oposición dan por descartado que la reforma del kirchnerismo a la Procuración no pasa el filtro de la Cámara de Diputados. Lo más llamativo es que esta misma afirmación hicieron esta semana a LA NACION dos altos funcionarios del Gobierno.
En este sentido, el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal abrió la puerta para que el Congreso trate un proyecto de ley orgánica de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia donde manden en su integración la diversidad de género, el federalismo y la diversidad ideológica.
Con solo cumplir con estas condiciones esa ley podría proponer ampliar el número jueces. Un hombre cercano a Fernández dijo que es en ese tipo de acuerdos donde buscan el consenso con la oposición, negociando los artículos de la nueva ley al mismo tiempo que los nombres de los posibles candidatos de uno u otro sector.
Los especialistas consideran que “todo no va a salir”, pero sí ven factibles un grupo de reformas planteadas que están dentro de lo digerible para la oposición.
Incluso leyeron positivamente que Juntos por el Cambio propusiera crear un tribunal intermedio como una oportunidad para que las mujeres juezas puedan acceder a los niveles superiores o inferiores.
Por ahora, en el Gobierno señalan: “Esperamos el documento: cuando se reciba se analizará y se verá. Incluso el Presidente en persona lo quiere analizar en detalle. No hay cosas alocadas”.
Y agregaron que, más allá de lo que haga el Senado, les gusta la idea de lo que proponen los asesores presidenciales: por ejemplo, la temporalidad en el cargo del procurador. El asunto está abierto, pero lo que más llama la atención es la división -o estrategia doble- del oficialismo: la agenda judicial del Gobierno navega por un rumbo que busca consensos, para arribar a un proyecto de ley después del verano, pero sus socios del bloque oficialista en el Senado, liderados por Cristina Kirchner, avanzan con otra agenda de resolución inmediata, basada en la fuerza de sus mayorías, aun contra los deseos del Presidente
Fuente La Nacion
