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Hay una geopolítica del pasado que determina una política de la verdad. Es decir: en la ubicación que los dirigentes de hoy tenían en el territorio político en disputa años atrás se lee una verdad que ilumina el presente mucho mejor que las palabras que esos mismos dirigentes sostienen en la actualidad. El pasado político es más confiable que cualquier posicionamiento presente.Por Luciana Vázquez
No hay que irse muchos años atrás: no se trata de rastrear dichos de la juventud en un ejercicio de anacronismo cuestionable. A los políticos en la Argentina no se los trata con la misma dureza que a los Pumas: ni siquiera sus ofensas graves o incongruencias inexplicables de hace pocos años terminan en una condena pública con consenso social. La militancia a veces lo perdona todo. La ciudadanía en lugar de demandarle al poder, a veces le agradece. El culto acrítico al líder antes que la exigencia crítica al servidor público.
En ese recorrido hacia el pasado, alcanza con trasladarse seis años atrás, 2014, por ejemplo, cuando Alberto Fernández, político en el llano por entonces, explicó mejor que nadie el caso Boudou y por qué el entonces vicepresidente era culpable. Es curioso: en sus palabras de esos años, el actual Presidente sostiene una verdad que aporta a la comprensión del caso Boudou mayor precisión y justicia que el aluvión de repudio por parte de miembros claves del oficialismo a la decisión de la Corte Suprema, que terminó por dejar firme la condena del exvicepresidente.
Game over
“Boudou: Game over”, nada menos, es el título de la columna de opinión que Fernández publicó en La Nación el 30 de mayo de 2014, cuando el vicepresidente de entonces, Amado Boudou, en ejercicio fue llamado a indagatoria.
Para el presidente Fernández, en mayo de 2014, cuando estaba distanciado del kirchnerismo, las conclusiones estaban claras: Boudou se había quedado sin coartada por eso lo de “game over”. Los delitos que se le atribuían no podían deberse a una confabulación mediática, decía en aquella columna el Presidente. Enumera la serie de “mentiras”, esa es la palabra que usa, en las que incurrió Boudou, según el Presidente; las acusaciones contra el procurador Esteban Righi, que fue acusado por Boudou; el desconocer a Vandenbroele, que era su socio en el intento de apropiarse de Ciccone, y la negación de su relación con The Old Fund, la empresa implicada que, se demostró, benefició a familiares de Boudou.
En ese artículo, los cuestionamientos del actual Presidente también alcanzaron a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la voluntad de encubrimiento de Boudou hasta el extremo, dice Fernández en la nota del pasado, de sancionar una ley, la expropiación de Ciccone, para hacer más compleja la causa, obstaculizar la Justicia.
El Presidente de hoy, abogado que se enorgullece de leer bien las causas judiciales, concluyó hace seis años: “Ya es imposible aceptar que todo lo que hoy se conoce sea tan solo el resultado de un impresionante accionar mediático. Son demasiados los fallos judiciales que les restan razón a los argumentos con los que ha pretendido protegerse y son muchas las mentiras que se le han verificado.”
Con el fallo de la Corte que el jueves rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Boudou, ya son 16 jueces de primera instancia y de tribunales de alzada los que encontraron culpable a Boudou.
No es la primera vez que el Presidente debe confrontar sus posicionamientos actuales con los que sostenía en el pasado, siempre con el mismo resultado: la contradicción insalvable. Y no en temas opinables que habilitan una lectura piadosa: evolución de ideas, por ejemplo, derecho a cambiar de opinión. Al contrario, el Presidente ya ha incurrido antes en un cambio de veredicto en asuntos judiciales serios: de acusación decidida en el pasado a defensa contundente en una misma causa y en relación al mismo acusado, precisamente por parte de un abogado que suele enorgullecerse de su experiencia legal.
En ese sentido, el presidente Fernández ha sido duro también con su actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en otra causa, la del Memorándum de Entendimiento con Irán. Con su vínculo restablecido con la actual vicepresidenta y en pleno esfuerzo por constituir la fórmula presidencial, el Presidente dijo haber vuelto a leer la causa detenidamente y tomó distancia de sus conclusiones anteriores.
¿Hará lo mismo en este caso con Boudou? ¿Podrá sostener el mismo argumento: que leyó mejor la causa ahora y que sus conclusiones del pasado, el “game over” para Boudou en 2014, se corrige ahora como “lawfare”, siguiendo la línea interpretativa bajada desde algún sector del oficialismo?
Si es así, será la segunda interpretación judicial en la que el Presidente abogado se desdice. En seis años, un giro de ciento ochenta grados en sus juicios de valor sobre dos causas trascendentes que afectan a la gestión kirchnerista. ¿A cuál Alberto Fernández creerle? ¿Es el pasado, libre de las concesiones que la actual alianza con Cristina Fernández le imponen, el territorio de la verdad política de Fernández? El lujo de la libertad de acción y de la distancia crítica que cultivó en esos años respecto del kirchnerismo, ¿revelan aquello en lo que realmente cree? Que Boudou es culpable. Que el proceso judicial que lo condenó es creíble y justo. Que la Corte cumple con su deber.
El Frente de Todos contra Larreta
El caso Boudou no es el único hecho que define como un mojón esa geopolítica de la verdad que deja desnuda los laberintos de la manipulación política de la palabra en el presente: las conveniencias cuando se es oficialista desmienten los posicionamientos de un pasado opositor. Aunque ese pasado tenga pocas horas.
El mismo jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que cuestionó al jefe de gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, por su decisión de desconocer la decisión de restarle puntos de coparticipación por parte del Congreso y llegar con el reclamo hasta la Corte: una presión indebida sobre la Corte, interpretó el oficialismo. Ese mismo oficialismo, el mismo Cafiero, acaba de sostener públicamente hace pocas horas una expresión de apoyo al exvicepresidente Boudou que cuestiona abiertamente el fallo de la Corte. El Poder Ejecutivo nacional fustiga abiertamente el fallo de la cabeza del Poder Judicial y se convierte también en un factor de presión sobre fallos futuros. Como el Larreta que cuestionan.
Y a diferencia de los dichos de su jefe político, Alberto Fernández, cuando hace seis años concluía en que el proceso judicial que inculpaba a Boudou no presentaba dudas, para Cafiero la interpretación es otra: las “arbitrariedades” son el signo del proceso judicial que termina con una condena a Boudou.
En palabras del mismo Cafiero, “Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades”.
Dieciseis jueces no alcanzan para impartir certeza sobre la justicia y la verdad jurídica. No le alcanzan a Santiago Cafiero ni a dirigentes claves del oficialismo como Axel Kicillof o Andrés Larroque y otros tantos dirigentes kirchneristas que resisten un fallo unánime de una Corte que suele fallar dividida. Estos cinco jueces de la Corte se sumaron a otros once que a lo largo de ocho años han estado ratificando la culpabilidad del exvicepresidente.
Un problema enorme de la Argentina, que no logra anclar la verdad sobre los hechos en la verdad jurídica: los hechos de la vida política cuando llegan a tribunales necesitan de una verdad jurídica confiable.
Alberto Fernández, el porteño
En esa suerte de estrategia de un “Frente de Todos contra Larreta” surge otra vez un hito de la geografía de la verdad política en el pasado que ilumina nuevamente las contradicciones del presidente y las tensiones del Frente de Todos. También ilumina el oportunismo de las visiones políticas como un modo de ocupar el poder.
El contraste entre la posición del presidente Fernández como porteño, en su rol de legislador porteño, y su posición como presidente respecto de CABA y los aportes que recibe del Estado nacional. La fecha, 18 de julio de 2001.
Fernández presentaba un proyecto que planteaba el problema de la transferencia a la CABA de la Policía Federal si no se le transferían también los fondos necesarios. Para el Fernández de entonces, legislador por el Encuentro por la República de Domingo Cavallo y Gustavo Beliz, era un puro perjuicio para la ciudad de los porteños.
“Evidentemente no se trata de cumplir con mandatos constitucionales y legales -decía el Fernández de 2001-, sino simplemente de obtener un rédito económico para la Nación, acordado sugestivamente con las provincias, perjudicando claramente a uno de los pocos presupuestos ordenados de la República”.
Nación y provincias versus la CABA era el mapa de la geopolítica de la verdad que delineaba el porteño Fernández en 2001, que en ese territorio político se ubicaba del lado de la CABA. El mapa contrario a la verdad política que modula hoy. Otra vez un pasado que se reescribe en un presente que lo borra cuando las posiciones políticas dictan conveniencias distintas.
Queda por señalar finalmente un hecho dramático que acaba de caer también en esta lógica de la invención del pasado y esta geopolítica de la verdad: tiene que ver con un anuncio del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y los 194 jóvenes muertos en Cromañón el 31 de diciembre de 2004 en plena gestión progresista de Aníbal Ibarra al frente de la CABA, ya cercano a Néstor Kirchner por aquellos tiempos.
Se trata del proyecto de ley de la diputada Paula Penacca, que Pietragalla y la Secretaría de Derechos Humanos acompañan, para declarar el 30 de diciembre como el Día Nacional de la Juventud Comprometida. La información fue tuiteada por Pietragalla con una imagen de la Esma, en una superposición de implícitos que concatenan hechos desconectados como Cromañón, los jóvenes fallecidos y la Esma de la dictadura y los desaparecidos: una superposición de eventos históricos que confunden la verdad histórica.
Los jóvenes de Cromañón nada tienen que ver con la Esma y los ’70s. Sí fueron víctimas de un estado democrático, el de la CABA en este caso, y las ineficiencias del Estado a la hora de cuidar a los ciudadanos, en esta caso el Estado porteño en tiempos de Ibarra. Gobernaba entonces el presidente Néstor Kirchner. La memoria de su falta de reacción y su demora en referirse a los hechos de aquella noche dolorosa es parte de la tragedia de Cromañón: trece días le llevó al presidente Kirchner mencionar la tragedia.
El kirchnerismo o impone un pasado a su medida o lo niega. O lo silencia. El entusiasmo con el que figuras claves del actual gobierno se expresaron en solidaridad al exvicepresidente Boudou niegan la verdad jurídica que ejercer su dictamen sobre hechos de hace 8 años.
Un problema para la Argentina: la falta de un lecho común de datos y hechos a partir de los cuales aceptar el peso de la realidad, cerrar etapas, construir territorios de realidades compartidas, acordar consensos y mirar hacia adelante.
Fuente La Nacion
