Luego de que el Gobierno pusiera como condición para permanecer en un registro oficial que los exportadores cumplan con el requisito de liquidar las divisas, el Ministerio de Agricultura suspendió del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) a la exportadora Díaz & Forti, propiedad del grupo rosarino Olio. Se trata de la firma que opera plantas a fasón en Vicentin que le permite a esta última seguir en funcionamiento en medio de su concurso de acreedores.
Según pudo saber LA NACION, el Banco Central (BCRA) le informó a Agricultura que esa firma tenía sin liquidar US$450 millones. Acto seguido, en línea con la resolución sobre los requisitos para estar en el RUCA, la cartera que conduce Luis Basterra procedió a suspender a la empresa de ese registro.
Desde Díaz & Forti respondieron que “está todo orquestado” en su contra por la operación con Vicentin. Además, cuestionaron la cifra señalada como no liquidada. “Es muy por debajo de la mitad”, dijo a LA NACION Fernando Jurado, CEO del grupo exportador.
Jurado dijo mostrarse sorprendido sobre los pasos que se dieron desde que se sacó la resolución, el miércoles pasado. “Seguramente tenemos cosas por corregir y mejorar, pero hay operaciones a medida. Sacan la resolución, la ponen en vigencia y el funcionario (por Agricultura) aprieta el botón (que saca a la firma del RUCA)”, indicó Jurado.
El CEO del grupo calificó esto como “Operación 1-2-3” porque en tres días se dio todo. Denunció que hubo llamados a multinacionales para que se pusieran al día antes de la resolución y afirmó: “No tenemos bolsillo para corregir en 72 horas. Está todo orquestado, en tres días hábiles ponen la medida”.
Para Jurado, con esta sanción “quieren parar Vicentin”. Añadió: “Nosotros somos el tubo de oxígeno (de Vicentin), no el enfermo”. Ayer, el juez que sigue el concurso de la cerealera Vicentin ordenó una intervención por 90 días en su órgano de administración. Nombró a Andrés Shocron como interventor co-administrador y le dio a la provincia de Santa Fe la posibilidad de ocupar la subintervención.
En tanto, según pudo averiguar este medio, la objeción oficial es que Díaz & Forti tenía más de 100 operaciones contabilizadas sin liquidar.
En este contexto, el primer retraso se habría registrado en mayo y el BCRA cursado en ese momento también la primera intimación para que liquide. En tanto, se habrían detectado operaciones de ingreso de divisas, que se debían liquidar en el Mercado Único de Cambios, a través del Contado Con Liqui (CCL), no permitido.
En este contexto, el Gobierno informó al sistema financiero para que se le impida el acceso a divisas, pudiendo solo liquidar la deuda. También hubo comunicaciones a la Aduana para que no permita operaciones de exportación ni importación.
“En mayo ya tenía operaciones vencidas por 30 millones de dólares, ahí se les cursó la primera nota de intimación”, contó una fuente consultada al tanto del caso.
El fin de semana pasado, Díaz & Forti estuvo suspendido del RUCA porque supuestamente no estaba habilitado para operar con otras dos firmas. En la empresa dicen que habían informado las operaciones respectivas cuestionadas. Agregan que han iniciado acciones legales “contra organismos y funcionarios” por su situación.
