El término amnistía empezó a sonar entre los asesores legales de la Vicepresidenta Cristina Kirchner. Por Luis Gasulla
«Las causas políticas requieren soluciones políticas». Así concluía el intelectual K Luis Alberto Quevedo el último Zoom militante de Amado Boudou previo a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que confirmaría su sentencia por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. La decisión de la Corte Suprema, resuelta de forma unánime, lo dejó al ex Vicepresidente condenado a un paso de regresar a prisión. Lo deberá definir el juez Daniel Obligado.
En ese zoom militante, ex panelistas de 678, propagandistas del relato, intelectuales y la letrada Graciana Peñafort hablaron de una situación muy similar a la vivida durante los años macristas. «La situación no ha mejorado». En el entorno de Cristina Kirchner suponían que, a un año de gobierno nacional y popular, por una cuestión lógica, los jueces y fiscales se alinearían al poder de turno. Sucedió en casos como el de Marcelo Martínez di Giorgi o Ariel Lijo pero no en todos los casos.
La causa denominada «Plan de Impunidad» avanza lenta pero segura. Los cuadernos existieron y van a juicio oral y público. Los arrepentidos no se quebraron a pesar de aprietes, amenazas, mensajes extorsiones y operaciones de prensa de todo tipo orquestadas por periodistas financiados por el poder político actual. No lo disimulan. Conversan con los condenados, realizan charlas militantes y se muestran en fotografías sonrientes. A esta altura, abandonaron la profesión…
Por todo ello, en el círculo de Cristina Kirchner le están dando a entender al Presidente Fernández que la solución debe ser política. El recuerdo de los indultos de Carlos Sául Menem en las navidades de 1989 parece sepultado pero podría reeditarse. «Para eso se necesita sentencias firmes» explica un avezado jurista a este periodista. «¿Y el caso de Boudou?», replico. «Sería un escándalo sin precedentes». La respuesta no me deja conforme. ¿Acaso les importa?
En las últimas horas, los militantes, funcionarios, periodistas K y algunos intendentes y diputados firmaron una solicitada titulada «Con Lawfare no hay democracia». Lo que no comprenden es que, con impunidad no hay democracia.
Lo llamativo es que suscriban el paper representantes de organizaciones de derechos humanos como Tati Almeida que buscó justicia por su hijo asesinado en 1975 durante 40 años. La relación entre Hebe de Bonafini y Boudou fue sentimental y también económica. Meldorek estuvo a punto de recibir un jugoso subsidio de los «Creditos del Bicentenario» que manejaba el ex Ministro de Economía. Lo de Almeida es sugestivo.
Tal vez la explicación más lógica la ofreció Pablo Musse, papá de Solange, joven que no pudo ver antes de morir por la cuarentena boba. «Existen derechos humanos para los de izquierda, Maldonado y las Madres, para el resto de la gente, no».
