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Pese a las advertencias internacionales, el ex presidente venezolano avanzó sobre el máximo tribunal constitucional del país, al que finalmente sometió. Fue el comienzo del deterioro definitivo de las instituciones republicanas de la nación latinoamericana. Por Laureano Pérez Izquierdo
En mayo de 2004 la democracia de Venezuela crujió para siempre. Venía herida aunque repuesta del intento de golpe de estado frustrado dos años antes. Sin embargo, temeroso de que pudiera gestarse otro, Hugo Chávez -aconsejado por sus aliados cubanos- comenzó a controlar todos los resortes institucionales del país e ideó su propio coup d’etat contra la máxima autoridad judicial del país: el Tribunal Supremo. El despojo se produjo mediante una ley de la Asamblea Nacional que por entonces contaba con mayoría simple del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) más sus aliados.
El proceso comenzó en 1999 y se aceleró los últimos dos años en los que el caudillo caribeño vio comprometida su jefatura absoluta. Durante ese tiempo, en primer lugar, el chavismo se ocupó de desprestigiar al Poder Judicial ante los ojos de la sociedad para contar con una legitimidad que le permitiera avanzar. Necesitaba un relato con algún síntoma de verosimilitud para poder avanzar y arrasar contra los molestos funcionarios.
Chávez fue por todo pese a las alertas internacionales que indicaban que sus planes configuraban un atentado contra la democracia. No se detuvo en minucias: qué importaba lo que decía, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando su plan era perpetuarse en el poder y aplastar cualquier reflejo que sintiera como amenaza. La Carta Democrática Interamericana a la que había adherido el propio militar era clara: “separación e independencia de los poderes públicos”. Al Teniente Coronel del Socialismo del Siglo XXI no lo conmovían esos conceptos imperialistas.
Entonces, Human Rights Watch calificó la maniobra chavista de “flagrante” y advirtió que tal atropello “agravaría la falta de independencia judicial”. Comparó a Chávez con Alberto Fujimori, el ex presidente de Perú que comandó un autogolpe y también barrió de un soplido con la independencia de magistrados “mediante destituciones masivas” y privándolos de su “estabilidad en los cargos”.
Para esa ONG no eran tan distintos, al fin del día, Chávez y Fujimori.
Actualmente, tras 16 años de abusos contra su población bajo la actual intervención política, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -conducida por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet- alertó sobre la precariedad del Poder Judicial en Venezuela. “La independencia del sistema de justicia se ha visto socavada considerablemente por la inseguridad en la tenencia de jueces y fiscales; la falta de transparencia en el proceso de su designación; las condiciones de trabajo precarias; y la interferencia política”, indicó el informe del 15 de julio último.
El régimen de Miraflores sabía que para obtener el control completo del Tribunal Supremo debería asegurarse que la mayoría de los ministros que lo componen estuvieran de su lado y así lograr una corte que cumpliera todos sus deseos. Pero para eso necesitaría coparlo. Así lo hizo. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) sancionada en mayo de 2004 dispuso que se ampliara la composición de ese cuerpo de 20 a 32 miembros. A partir de ese momento, Chávez podría designar militantes con la mitad más uno de los votos de la Asamblea Nacional. Era el último paso de un largo camino de golpes contra la Justicia.
La embestida general, sin embargo, había comenzado años antes. En 1999 Chávez emprendió su objetivo de contar con jueces amigos en su círculo cercano. Convocó una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución a medida que entraría en vigor en diciembre de ese mismo año. El uniformado tenía su carta magna. Pero el avance debía acelerarse. Ese mismo cuerpo legislativo decretó al sistema judicial en emergencia. Eso le facilitó comenzar una persecución de funcionarios judiciales como nunca antes. A partir de entonces podría suspender a un juez si contaba con siete quejas, fueran las que fueran. Cientos quedaron en el camino.
Blanca Rosa Mármol de León formó parte durante 37 años del Poder Judicial de Venezuela, 12 de ellos, como miembro del Tribunal Supremo de Justicia -entre 2000 y 2012- resistiendo la persecución del régimen. Eran tiempos en que muchos “rebeldes” terminaban confinados a la sombra de una celda. ”Chávez siempre quiso ponerle la mano a la Justicia. Y lo primero que hizo fue una limpieza de jueces ordinarios. Con el Tribunal Superior hizo lo mismo: aumentó a 32 el número de magistrados para garantizarse la mayoría”, contó en conversación telefónica con Infobae.
“Esta es una corte monolítica a favor del régimen. Cada vez que Maduro necesita una medida se la pide al Tribunal, donde todo se fabrica, y hasta se toman atribuciones propias de la Asamblea Nacional. Es la manera que tienen de controlar a Venezuela hoy: a través de la Justicia y del TSJ”, remarcó Mármol de León. A tal punto llega la farsa en el país que dos de esos 32 miembros supremos se autodesignaron para controlar las últimas elecciones, las mismas que fueron desconocidas por las principales democracias del mundo. Fue esa máxima instancia judicial la que convalidó el fraude y la persecución a los opositores.
Fue la oficina de Bachelet la que también alertó sobre la interferencia judicial que padece el único organismo que mantiene su independencia en el país: “Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en relación con la Asamblea Nacional controlada por la oposición han dado lugar constantemente a preocupaciones sobre las consideraciones políticas que prevalecen sobre las determinaciones legales”.
Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli es “evidente” que no existe la independencia judicial en aquella nación. “El Tribunal Supremo de Justicia está tutelado por magistrados que han sido militantes activos e incluso diputados del partido de gobierno, el PSUV”. A pesar de la gravedad del caso, lo peor para el académico son las consecuencias que enfrentan aquellos que se animen a fallar en contra de los intereses de la dictadura. “Hay algo mucho peor que es el régimen de terror contra los jueces que se animan a decidir en contra de los designios de Miraflores y pueden correr la suerte de la jueza Afiuni”, recordó. Se refiere a un caso que tuvo trascendencia internacional: el de María Lourdes Afiuni. quien fuera detenida en su domicilio sin orden alguna y estuvo presa tres años y medio.
Mármol de León subrayó la importancia de la independencia de los poderes en cualquier territorio: “No hay esperanzas de ejercer derecho alguno en Venezuela. No hay instancias a las cuales acudir. El Poder Judicial es la bisagra entre los otros dos poderes. Cuando se toma esa bisagra, no hay esperanza de democracia”.
“Hay magistrados que no tienen el perfil ni académico ni jurídico para estar allí, son paracaidistas que están allí para complacer al gobierno”, dijo Rafalli. La dependencia mutua entre el Tribunal Supremo y el Palacio de Miraflores llegó a esferas insólitas. Hasta tal punto que el presidente de ese cuerpo judicial es Maikel José Moreno Pérez, un ex espía y guardaespaldas sobre quien pesa una denuncia de asesinato. Se le atribuye haber matado a un adolescente en 1989. El crimen quedó impune. Es un hombre que conoce el mundo criminal como pocos, por haberlo experimentado en todos sus eslabones: acusado, detenido, abogado defensor, juez, presidente del TSJ. Moreno es, además, un todoterreno: responde a las necesidades de Nicolás Maduro y del resto del régimen con el mismo fervor que encara complots para desbancarlo. Aquellos que lo conocen aseguran -con algo de malicia- que a Maikel no lo mueve ni el amor ni la causa chavista.
Consultado por Infobae, Rafalli dijo que es tal la degradación que “los jueces se venden al mejor postor”. “Si el Poder Legislativo legítimamente electo -no esta farsa del domingo- designara magistrados e hiciera concursos de jueces a través del Consejo de la Magistratura para poner en el cargo a gente más o menos idónea pero independiente, tendríamos un Poder Judicial muy distinto”. Mármol de León fue concluyente: “Controlando el Poder Judicial se controla el país”, dijo quien durante 12 años debió enfrentar el acoso permanente del chavismo en el Tribunal Supremo que hoy es una sombra de lo que supo ser.
Fuente Infobae
