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El control de las redes sociales se ha convertido en una obsesión para los gobiernos del mundo, que la irrupción del coronavirus acentuó. Según reportó hoy la ONG Amnistía Internacional, la libertad de expresión fue uno de los derechos humanos vulnerados durante este año. ¿Cómo? Utilizando la pandemia como pretexto para censurar a las voces críticas de sus sociedades.Por Camilo Cagnacci
En Argentina, una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández fue apurar la reglamentación del ciberpatrullaje. A partir de entonces, empezaron a darse casos preocupantes en materia de derechos humanos. Como la detención de un músico por criticar en Facebook al gobernador santiagueño Gerardo Zamora, o la visita de Gendermería a un periodista en Chaco por informar sobre el avance del Covid-19.
Pero en el último tiempo, la persecución fue intensificándose al punto tal que todo aquel que exprese opiniones contrarias al discurso oficial en —por ejemplo— Twitter es denunciado por trolls con el fin de que su cuenta sea suspendida o dada de baja. Esto fue lo que ocurrió en las últimas semanas con el director de este portal, Luis Gasulla, y quien escribe. «Hay una especie de deseo de que desaparezcan», advirtió el periodista Luis Majul.
Ahora bien, ¿cómo es posible perpetrar este ataque sistemático contra la libertad de expresión en las redes sociales? Según especialistas consultados por PyP, las granjas de trolls se valen de programas como Digimind, un software de «escucha» en redes sociales e inteligencia competitiva, que transforma los datos sociales y online en información «procesable», con la que detectan a sus blancos; y Medusa, para «atacar a nivel de fuerza bruta».
¿Qué es un «ataque de fuerza bruta»? Se trata de una acción que consiste en probar combinaciones de contraseñas con el objetivo de descubrir las credenciales de una potencial víctima y así lograr acceso a una cuenta o sistema.
«Generalmente, los ataques de fuerza bruta tienen mayor éxito en los casos en los que se utilizan contraseñas débiles o relativamente fáciles de predecir», indicó el especialista en seguridad informática Josep Albors.
De esta manera, Twitter detecta «actividad inusual» en la cuenta de la víctima y procede a su restricción. Sin embargo, el asedio no termina ahí. Por lo que la posibilidad de recuperar la contraseña mediante un código de seguridad resulta imposible, y el usuario termina «suspendido».
En conclusión, si no es por acumulación de denuncias, las cuentas de los objetivos establecidos por los sicarios digitales del Gobierno, que en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuenta con un software de características similares a la de Digimind, llamada Maltego, terminan siendo silenciadas a través de una suerte de hackeo masivo y constante. Evidentemente, vivimos una democracia de baja intensidad.
Fuente Periodismo Y Punto
