La «indisoluble unidad de la nación española» en la que se fundamenta la Constitución de 1978, así como la forma de la Jefatura del Estado encarnada por S.M. el Rey, están siendo cuestionadas públicamente no sólo por partidos separatistas e incluso integrados por antiguos terroristas que no reniegan de sus crímenes, sino también por algunos miembros del propio Gobierno de la Nación, sin que su Presidente haga el más mínimo esfuerzo por poner coto a semejante dislate. Muy al contrario, el actual Gobierno de coalición entre socialistas y comunistas se precia del apoyo de los mencionados partidos para conseguir una muy cuestionable aprobación de unos presupuestos generales del Estado lastrados por pensamiento desiderativo en nombre de la «gobernabilidad» del país. Los mismos que votan a favor de esos presupuestos son los que a continuación se manifiestan a favor de una república confederal, de la introducción de un imposible derecho a la autodeterminación que proscribe la Carta de Naciones Unidas y de la incorporación de los independentistas a la conducción del Estado que pretenden destruir.
Lo anterior va acompañado por evidentes intentos de querer someter el Poder Judicial al Poder Ejecutivo e imponer un pensamiento único a través de expedientes como el de la «memoria democrática» o el de la reforma de la educación, privando a la lengua española de su carácter vehicular. Se está intentando así una reinterpretación del pasado y de la identidad de España para establecer una serie de pseudodogmas inatacables cuya violación implicaría responsabilidad penal con manifiesto desprecio a las libertades de opinión, de expresión y de cátedra. Se cumpliría así la espeluznante premonición orwelliana según la cual quien controla el pasado controla el futuro.
Todo ello implica un grave riesgo para la trayectoria democrática de España. Se amenaza su indisoluble unidad, su ordenamiento constitucional y su forma política de Estado, algo impensable en cualquier otro país que está provocando la lógica estupefacción en nuestro entorno y entraña una erosión palpable de la imagen de España y de su prestigio en la escena internacional –con graves consecuencias para nuestro bienestar económico por el lógico retraimiento de la inversión extranjera– y choca en particular con las obligaciones que derivan de nuestra pertenencia a las Naciones Unidas, a la OTAN y a la Unión Europea, en la que ya se han encendido algunas «alarmas» que deberían hacer recapacitar al Gobierno.
Se culpa con frecuencia a Unidas Podemos de los males que nos asuelan, pero el auténtico culpable es, no cabe engañarse, un partido socialista que persigue los mismos fines que su socio de gobierno pese a haber obtenido el peor resultado electoral de su historia. El político que lo dirige ha demostrado sobradamente su perfil moral e intelectual sin que sus compañeros de partido, a los que trató de engañar en su propia sede manipulando urnas, hagan nada por impedirlo. Por su parte, la oposición no está en modo alguno a la altura de las circunstancias y ya señaló Lord Acton que cada pueblo tiene el gobierno que su oposición se merece. Indudablemente, el hecho de que la nuestra no sólo esté dividida sino malavenida no es el más conveniente en circunstancias tan graves como las que hoy afronta nuestra nación. Como son innumerables los ejemplos de divisiones similares y de los desastres que han acarreado, convendría que los tres partidos de centro-derecha reflexionaran y actuaran antes de que sea tarde.
Pese a este escenario, no hay que perder la esperanza de que quienes han provocado esta peligrosa situación no logren conseguir sus propósitos, siquiera porque cabe esperar que el pueblo español, que en tres ocasiones históricas supo evitar su destrucción, vuelva a estar a la altura que la gravedad que las circunstancias
