El Gobierno nacional le pidió a 22 intendentes que colaboren en dos programas de productos, a precios accesibles, para las fiestas. Se trata de la canasta navideña y los cortes de carne “populares”, dos iniciativas del Poder Ejecutivo que buscan alcanzar a mayor cantidad de consumidores.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estuvo reunido con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Junto a ellos, la secretaria de Comercio –Paula Español– y Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires (también fue secretario de Comercio en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner).
Esos cuatro funcionarios estuvieron con 22 intendentes. Les pidieron colaboración en la fiscalización de dos iniciativas oficiales: la “canasta navideña” y los cortes de carne a precios populares.
La canasta navideña comprende 5 productos a $ 250. Se trata de sidra, pan dulce, budín, garrapiñada y turrón. Los cortes de carne a precios populares son: kilo de asado a $ 349, de vacío a $ 459, y matambre a $ 479.
Los intendentes de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y Almirante Brown, Mariano Cascallares, representaron a los alcaldes en una conferencia posterior.
A mediados de año, a los intendentes se les pidió que colaboren en el control de “Precios Máximos” y “Precios Cuidados“, ya que había algunas superficies que no cumplían con los precios decididos por el Gobierno. Se los facultó para utilizar herramientas de la ley de Abastecimiento.
Los alcaldes pueden labrar actas y pedir sanciones en caso que encuentren faltas en la ejecución de los dos programas oficiales. Pueden recurrir a la ley de Abastecimiento. De todas formas, cuando se los facultó a hacerlo -a mediados de año-, los alcaldes buscaron una solución menos polémica con los puntos de venta.
Español reforzó a los intendentes con algunos conceptos sobre las herramientas que tienen a mano para poder garantizar que haya “canasta navideña” y “cortes populares de carne” en mayor cantidad de localidades.
También podrán colaborar en la ley de Góndolas. Sobre esta legislación, la secretaria de Comercio cuenta con 90 días para realizar algunas reglamentaciones adicionales. La idea de esa regulación sería beneficiar a las Pymes, y que cuenten con más espacio de exhibición en las grandes superficies. La ley no es bien vista por grandes empresas, que sienten que las restringe en su capacidad de negociación con las cadenas.
El futuro de los “Precios Máximos” está en discusión. El Gobierno cree que tendrá que mantener algunas líneas de productos allí, pero sacaría una gran cantidad que hoy se encuentra comprendida. Hay diálogos con las empresas en ese sentido.
La sugerencia oficial sería que algunas marcas se vayan de “Precios Máximos” para pasar a “Precios Cuidados”. El equipo de Paula Español trabaja en las modificaciones, que estarían vigentes desde febrero de 2021. Los “Precios Máximos” arrancaron el 20 de marzo de 2020 y terminarían el 31 de enero de 2021, de no mediar nuevas modificaciones.
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