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La recomendación por parte de Rusia de no aplicar, por ahora, su vacuna Sputnik V contra el coronavirus a mayores de 60 años impediría actualmente que el presidente argentino, Alberto Fernández, de 61, cumpla con su palabra de ser el primero en aplicarse la Sputnik V.
“No tengo ninguna duda de su calidad. Yo voy a ser el primero en vacunarme”, había dicho el mandatario hace una semana, ante los cuestionamientos hacia las negociaciones de su gestión del Gobierno con el Kremlin para la compra de millones de vacunas.
Al respecto, Fernández había asegurado que “algunos en la Argentina siembran dudas sobre la calidad científica rusa, pero el instituto donde se desarrolló la vacuna tiene varios premios Nobel entre su planta de científicos”.
Así había aludido también a los especialistas tanto nacionales como internacionales que aún no pueden confirmar la efectividad de la vacuna Sputnik V debido a que los ensayos aún están en curso. Ninguna autoridad sanitaria a nivel mundial aprobó el uso de emergencia de esta vacuna.
Esta semana Rusia publicó estudios que hallaron que la vacuna Sputnik V-que fue aprobada por los reguladores rusos en agosto, después de menos de dos meses de pruebas en humanos- tiene una efectividad del 91,4%.
Hoy, en su conferencia de prensa anual, Vladimir Putin, quien tiene 68 años, dijo que todavía no ha recibido la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik-V, ya que la recomendación actual es para personas de entre 18 y 60 años. En estos momentos se están desarrollando pruebas para ver el efecto sobre quienes son mayores de esa edad.
“Las vacunas que están circulando entre la población general de hoy están destinadas a personas de un determinado grupo de edad, y las vacunas aún no han llegado a personas como yo”, explicó Putin.
No obstante, y de acuerdo con los planes del gobierno de Fernández, los primeros grupos que serían vacunados en el país serían los mayores de 60 años (casi 8 millones de personas), el personal de salud (763.000), además del personal de las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas (500.000) y las personas de riesgo por enfermedades preexistentes (2.800.000).
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