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El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, endurece su batalla en los tribunales contra el gobierno nacional. En las próximas horas, presentará una nueva demanda ante la Corte Suprema. Esta vez, para que se declare inconstitucional la ley que el 10 de diciembre pasado, a instancias del kirchnerismo, redujo fondos de coparticipación a la Ciudad.
De acuerdo con los cálculos del gobierno porteño, la entrada en vigencia de la nueva ley implicará para la gestión de Larreta una pérdida de más de 65.000 millones de pesos en el presupuesto de la Ciudad del año próximo.
Si bien la ley se aprobó el 10 de diciembre, el gobierno porteño planea hacer su presentación el lunes por la mañana porque será entonces cuando la ley quede promulgada de hecho. Esto es así porque para entonces se habrán cumplido los diez días hábiles desde su sanción, sin que Fernández la haya promulgado ni vetado, explican en la Ciudad.
Esta nueva presentación, anunciada oficialmente ayer, se sumará a la demanda de Larreta del 18 de septiembre pasado, que consistió en una acción de amparo que incluía una medida cautelar. Buscaba retrotraer el efecto de un decreto de Alberto Fernández que había dispuesto el descuento de 150 millones de pesos de diarios de coparticipación para pagar un aumento a la policía bonaerense que se había declarado en huelga. La Corte todavía no se pronunció.
El 10 de diciembre, el oficialismo y sus aliados provinciales convirtieron en ley el recorte. “Ante este nuevo atropello a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad ha resuelto iniciar una nueva acción judicial para plantear la inconstitucionalidad, tal como se hizo con el decreto 735/2020, cuyo amparo se encuentra en trámite en la Corte Suprema de Justicia”, anunció el gobierno porteño.
La ley cuestionada da marcha atrás a lo acordado entre Larreta y Mauricio Macri, que en 2016, cuando era Presidente, incrementó la coparticipación que recibía la Ciudad para financiar así la transferencia de facultades y servicios de la Policía Federal a la Capital. En su reemplazo, el kirchnerismo estableció una suma fija inicial de $24.500 millones, en doce cuotas mensuales, que se determinará todos los años en el presupuesto nacional y que se actualizará por un coeficiente relacionado con el salario de un oficial de la Policía Federal.
“La ley vulnera principios y garantías constitucionales, en abierta violación al federalismo de concertación que debe primar las relaciones entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostiene el comunicado del gobierno porteño. Además -dice- la ley “atenta contra la autonomía de la CABA y deja de lado de manera unilateral acuerdos preexistentes, que estaban consolidados y se estaban ejecutando”.
Según la gestión de Larreta, la suma que se dispone transferir como pago a cuenta para financiar la seguridad “solo cubriría el 27,9% de la partida total en el presupuesto y apenas el 40% del gasto en personal proyectado”.
Los números del recorte
El gobierno porteño sostuvo que “la magnitud del despojo” es tal que desde que se produjo la primera reducción como consecuencia del decreto de septiembre de Fernández, la Ciudad dejó de percibir en concepto de coparticipación hasta el 10 de diciembre $11.010.634.519.
El cálculo de Larreta es que el año que viene, si la Corte Suprema no revierte la situación, ingresarán a las arcas porteñas $65.083.500.000 menos.
