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Claudio Belocopitt le envió en diciembre de 2019 un WhatsApp a Alberto Fernández. El mensaje felicitaba al Presidente por su nueva función y estaba envuelto de expectativa por parte del empresario. Tras años de pelear con funcionarios macristas, el titular de Swiss Medical se entusiasmaba porque Fernández entendía cómo funciona la medicina prepaga. Después de todo, había sido superintendente de seguros en los 90, un negocio idéntico, ya que en ambos se trata de administrar el riesgo.
Es probable que Belocopitt haya gastado su última cuota de esperanza el miércoles pasado, cuando un suplemento del Boletín Oficial que salió por la tarde anulaba el aumento para este mes que el Gobierno había formalizado esa misma mañana.
El mensaje llegó a todo el empresariado: no se puede confiar en la palabra de ningún funcionario en el año electoral y la prioridad será contener las subas de precios antes que el funcionamiento de la actividad privada.
Algunos de los miembros que integran una comisión de trabajo casi desconocida, pero avalada hasta hace poco por el máximo poder político, echan fuego por la boca. El sindicalista José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), los exfuncionarios Rubén Torres y Alfredor Stern; Hugo Magonza (Cemic) y Miguel Angel Troisi (Sanatorio Finochietto) discuten desde julio pasado, junto a otros, una reforma de la salud. Temen que su trabajo haya sido tiempo perdido.
Cristina Kirchner encendió días atrás la chispa de la molestia. En La Plata, pidió repensar el sistema para hacerlo más integrado. Si bien la comisión se anticipó al pedido de la vicepresidenta, los más pesimistas creen que hacer la voluntad kirchnerista les hará extrañar en el futuro las virtudes de un sistema que hoy ya se evidencia desvencijado.
El pedido público de Cristina Kirchner desacredita el trabajo que se venía haciendo y a las personas que lo encargaron, como el ministro de Salud, Ginés González García, uno de los señalados tácitos por la vicepresidenta y hasta antes de la pandemia ponderado por Alberto Fernández. Se sabe: en última instancia las palabras de la jefa kirchnerista desautorizan a su compañero de fórmula, como ocurrió con el entuerto del Boletín Oficial.
La vicepresidenta es la única que puede reorganizar el movimiento tectónico de la política, el sindicalismo y los negocios con sus definiciones a medias. A tal punto que surgieron alianzas impensadas después del acto en La Plata.
Un empresario de la salud lejano al pensamiento kirchnerista se confesó esta semana ante La Nación como defensor de González García, con quien había discutido en abril pasado ante un supuesto intento de estatización. El amor surgió por la diferencia: no se imagina en ese lugar a Daniel Gollán, su par bonaerense, con quien mantuvo en otras épocas charlas que lo hacen pensar que odia al sistema privado.
Los empresarios que ahora defienden al ministro de Salud creen que harán un trabajo mancomunado con el sindicalismo. La sospecha es que la plata erosionará la “lealtad” del movimiento con el Gobierno: saben que el kirchnerismo y La Cámpora suelen ir por las cajas (Pami, Anses, IOMA) y una de ellas está representada por el dinero de las obras sociales gremiales.
Hay jefes de la CGT fuera de la zona metropolitana por las fiestas. Ya quedaron en juntarse a la vuelta para discutir en profundidad las palabras de Cristina Kirchner. Uno de los más influyentes en esa mesa reconoció que no sabe “a dónde apunta ni qué busca” la vicepresidenta.
Los dueños de clínicas y sanatorios imaginan como figuras destacadas de su defensa al propio Belocopitt y a Víctor Santa María, que representa al gremio de porteros, participa en la discusión por la caja sindical y es cercano a Alberto Fernández. Esos nombres antitéticos tienen en común que son dueños de medios de comunicación.
Aunque casi nadie se haya dado cuenta, la reforma del sistema de salud comenzó con la pandemia, se construye con la fuerza de los billetes y arroja pistas sobre las intenciones políticas del kirchnerismo.
La Casa Rosada puso $2.500 millones para acondicionar hospitales hasta octubre pasado, según registros del Ministerio de Obras Públicas que maneja Gabriel Katopodis. Casi $8 de cada $10 fueron para la provincia de Buenos Aires.
Allegados al ministro explican que se tuvo en cuenta la conveniencia sanitaria para sumar camas de alta complejidad en el menor tiempo posible. El criterio favoreció al territorio en el que gobierna Axel Kicillof, proliferan los referentes de La Cámpora y más votos saca Cristina Kirchner.
La agrupación fundada por Máximo Kirchner espera multiplicar en la provincia las intendencias cuando llegue el turno, así como nutrir de cargos el contorno bonaerense. Tiene hecho el trabajo territorial, cuenta con los aspirantes a cubrir las sillas y la garantía que da el apellido en el conurbano.
Los armadores del Instituto Patria sostenían antes de llegar a la Casa Rosada que lo indispensable era recuperar la provincia de Buenos Aires. Sostenerla depende también del dinero disponible para hacer política.
El caso de los hospitales es el ejemplo de una tendencia más amplia. Basta con sumar en el Excel el dinero que recibió cada provincia de manera discrecional, calcular el aumento con respecto al año anterior y distinguir con colores las variaciones para evidenciar los planes del Frente de Todos.
Sucede que las transferencias que dependen de la voluntad de la Casa Rosada pasaron entre enero y noviembre de 2019 y el mismo período de 2020 de $43.894 millones a más de $139.455 millones, según la consultora Aerarium. Es una suba del 218% que aumentó la participación de Kicillof en la torta de los gobernadores hasta el 46%, con respecto al 36% que tenía María Eugenia Vidal. Ningún jefe provincial alcanzó el récord del delfín de Cristina.
Máximo Kirchner criticó a principios de esta semana a la “leona” Vidal por falta de gestión. Puede que tenga razón: el manual de Cristina Kirchner es generoso en ejemplos de administraciones orientadas a la inmediatez de una elección. Después de todo, es mejor convivir con las malas decisiones del pasado cuando quedan otros cuatro años por delante.
