La interrupción voluntaria del embarazo que se aprobó en la madrugada del miércoles pasado en el Senado es solo una parte de los derechos reproductivos, que incluyen educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos. Este último punto se puso en riesgo durante el brote de covid-19, según detalló un informe de Naciones Unidas.
El Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) advirtió que más de un millón de mujeres podrían discontinuar el uso de estas herramientas por la reducción de sus ingresos familiares y por dificultades para obtenerlos en los servicios públicos de salud durante la pandemia.
En ese contexto, la asociación civil FUSA presentó un proyecto para fortalecer el acceso de adolescentes y mujeres a un servicio de salud sexual y reproductiva seguro, de calidad y accesible, con el apoyo del Fondo Canadiense.
“La interrupción de las consultas y de la utilización de métodos anticonceptivos no solo podría generar complicaciones de salud, sino también un incremento de embarazos no intencionales y abortos inseguros”, señaló la entidad. El aborto legal aprobado por el Congreso todavía no fue reglamentado y no se implementa todavía pese al avance legislativo.
La propuesta incluye la promoción de la teleconsulta desde casa, el envío de métodos anticonceptivos a domicilio y la garantía de transporte seguro de usuarias hasta el centro de salud Casa FUSA son algunas de las estrategias que se pondrán en marcha con el fin de fortalecer el acceso de adolescentes, jóvenes y mujeres al método anticonceptivo elegido y garantizar el derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre sus proyectos de vida.
“El objetivo del proyecto es contribuir a que más de mil mujeres puedan aumentar el nivel de autonomía en sus decisiones sexuales y reproductivas. Evitando embarazados no intencionales y reduciendo así la posibilidad de abortos inseguros”, señaló Sandra Vázquez, directora ejecutiva de FUSA.
Los datos de Unfpa muestran que el acceso a los medios de planificación familiar podría retroceder 20 años en la Argentina. El procentaje de mujeres con necesidades insatisfechas de estos métodos pasará de un 11,4% a 14,5% (escenario optimista) y 17,7% (en el escenario pesimista).
Según el informe de Naciones Unidas, “la pandemia generó dificultades de acceso tanto por la vía de las dificultades en el abastecimiento y provisión pública como por las dificultades de las mujeres para adquirir los anticonceptivos con sus propios recursos en farmacias”.
Un 65% de las mujeres que discontinuarán el uso de anticonceptivos en el país lo harán afectadas por una retracción de los ingresos familiares. Mientras que el 35% de las mujeres que, durante la pandemia discontinuarán el uso de anticonceptivos modernos, lo harán por dificultades de aprovisionamiento en los servicios públicos de salud, por discontinuidad de los servicios o el temor al contagio de covid-19.
Argentina presenta una vulnerabilidad mayor que el promedio de la región puesto que un 81% de las usuarias de métodos anticonceptivos modernos utilizan métodos de corta duración –como pastillas, preservativos o parches–, mientras que en el promedio regional la proporción es del 57%.
