Fernández conforma a CFK: “En la Justicia debemos meter mano”

El Presidente criticó a la Corte por no resolver los planteos de la vicepresidenta y desestimar el último recurso de Boudou

En línea con las duras críticas que suele lanzar la vicepresidenta Cristina Kirchner contra la Corte Suprema, el presidente Alberto Fernández afirmó ayer: “En la Justicia debemos meter mano, sin ninguna duda, lo que significa cambiar cosas”. A la vez, fustigó la no intervención del máximo tribunal en los casos que involucran a su compañera de fórmula y al exvicepresidente Amado Boudou, condenado por la compra ilegal de la empresa Ciccone.

“Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el traslado de esos dos jueces [por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi] tenga gravedad y urgencia institucional, pero no tenga ninguna urgencia ni gravedad la revisión de la condena a un vicepresidente [Amado Boudou] a más de 5 años de prisión. ¿Con qué criterio actúa la Corte? Cristina Kirchner tiene once recursos ante la Corte que nunca recibieron ninguna respuesta. ¿Eso no tiene urgencia ni gravedad institucional?”, se preguntó el Presidente. Agregó, además, que el Poder Judicial “es el único de los poderes que en 30 años de democracia no fue revisado en detalle”, y advirtió: “Ha llegado la hora de que lo hagamos”.

Durante la entrevista, el Presidente cuestionó además como “inequitativa” la utilización del per saltum, un “recurso insólito” que el alto tribunal solo utilizó “en el traslado de los dos jueces de la Cámara Federal” y “cuando Cristina mandó la ley de democratización de la Justicia”, indicó.

“En la Justicia nosotros tenemos que meter mano, sin ninguna duda; meter mano quiere decir corregir cosas, institucionalmente hablando, con leyes. Hay que cambiar procedimientos y formas”, afirmó Fernández en diálogo con la radio AM 750.

“La Corte [argentina] fue pensada como la Corte norteamericana, un tribunal que controla la constitucionalidad de los fallos, verifica que no se violen normas constitucionales”, agregó el Presidente, y pidió tomar las recomendaciones de la denominada “Comisión Beraldi”, como la reforma del instituto del per saltum y “la posibilidad de crear un cuerpo parecido al tribunal supremo de España”, que -según explicó- “no es un tribunal que está por debajo de la Corte Suprema, sino que está a la par. Atiende todos esos casos que la Corte llama de arbitrariedad”.

En velada y renovada crítica al máximo tribunal, explicó que “en vez de que la Corte reciba estos casos de arbitrariedad y resuelva a su antojo si los toma o no los toma, ese tribunal debería analizar [esos casos en los que hay] arbitrariedad”.

Avance en el Congreso
Como anticipó LA NACION en su edición de ayer, el Gobierno prevé que en el verano el Congreso trate los dos proyectos de ley pendientes que proponen profundas reformas en la Justicia, aunque contempla la posibilidad de que tengan modificaciones, como para que puedan reunir los votos necesarios y pasen el filtro de la Cámara de Diputados, según afirmaron a LA NACION altas fuentes gubernamentales.

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Las dos iniciativas pendientes, que ya fueron aprobadas por el Senado, que controla la vicepresidenta, y que están en la Cámara baja, son la ley de reforma judicial, que prevé crear 46 juzgados federales nuevos en la Capital Federal, que incluyen los 12 actuales de Comodoro Py 2002, y la norma que prevé flexibilizar las mayorías necesarias para elegir al procurador general de la Nación. Ambas provocaron manifestaciones y banderazos en el Congreso y en el Obelisco, y la oposición denunció que se trató de iniciativas que buscaban consagrar la impunidad de Cristina Kirchner.

La denominada reforma judicial, considerada por el Gobierno uno de los pilares de su gestión, diluye de hecho el poder de Comodoro Py y multiplica los nuevos tribunales a partir de la fusión de los 12 juzgados del fuero Criminal y Correccional con los 11 del Penal Económico.

En el caso de la reforma del Ministerio Público Fiscal, el proyecto elimina el requisito de los dos tercios de votos en el Senado para la elección del nuevo procurador y reduce su mandato a cinco años, prorrogables por otros cinco.

Fuente La Nación