La líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, el presidente del partido Maximiliano Ferraro y el presidente del bloque de diputados nacionales, Juan Manuel López, afirmaron hoy que “lasdeclaraciones del exjuez Eugenio Zaffaroni, en reclamo del indulto presidencial para delitos de corrupción, y de Aníbal Fernández, en las que pide limitar el control de constitucionalidad, representan un nuevo ataque al orden constitucional“.
“Son afirmaciones realizadas con ignorancia y mala fe, que violan la Constitución y los tratados internacionales contra la corrupción. Cristina Kirchner es quien propicia estas iniciativas desesperadamente”, añadieron.
“Existen ignorancia y mala fe en los reclamos de indulto de Zaffaroni. El articulo 36 de nuestra Constitución equipara los delitos de corrupción a los de traición a la Patria y atentado contra el orden democrático, y los excluye de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Caso cerrado, los juicios tienen que seguir”, aseguraron Carrió, Ferraro y López. “Por otro lado, los delitos de corrupción ya han sido declarados imprescriptibles por la Cámara Federal de La Plata, en un fallo extraordinario del gran jurista y juez Leopoldo Schiffrin en el año 2016, y luego por la Cámara de Casación Penal Federal en el año 2018. ¿Cómo se les ocurre indultar o amnistiar delitos imprescriptibles?“, plantearon los dirigentes de la CC ARI. “Vamos a analizar la conducta de Zaffaroni y a solicitar su destitución como juez de la Corte Interamericana, porque su desconocimiento de convención de esa organización contra la corrupción es intolerable”, agregaron.
“También hay ignorancia y mala fe de Aníbal Fernández cuando afirma que una ley puede limitar el control de constitucionalidad. Esta cuestión fue saldada definitivamente en el artículo 43 de la Constitución. Ese artículo dice el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva, aún de oficio. En la comisión redactora de la reforma constitucional del año 1994, Elisa Carrió introdujo esa cláusula para consagrar constitucionalmente el control de constitucionalidad por parte del poder judicial. Es imposible limitar ese control por ley”, explicaron Carrió, Ferraro y López.
“Cristina Kirchner tiene que asumir que sus juicios van a continuar, que deberá responder ante los tribunales y que no hay indulto, amnistía, reforma judicial que puedan impedir que deba rendir cuentas”, concluyeron.
El exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, se había sumado a la embestida que el kirchnerismo encaró contra el máximo tribunal por diferentes flancos, luego de que confirmara la condena a Amado Boudou por quedarse con las acciones de la imprenta de billetes, Ciccone Calcográfica y dejó en pie la posibilidad de que deba regresar a prisión.
Zaffaroni sostuvo que “el arresto domiciliario que tiene Boudou lo tiene en razón del riesgo de pandemia y por razones familiares. Esas mismas razones se mantienen. No veo ninguna razón para que vuelva a prisión”. Pero Zaffaroni también atacó al Gobierno, dijo que “los funcionarios actuales tienen miedo de lawfare, del cacerolazo, de Clarín y de que le apliquen alguna denuncia”. Y se mostró a favor de indultar a los condenados por delitos de corrupción, a quienes definió como “presos políticos”. “La figura que hoy existe es el indulto. Sin el indulto van a seguir los presos políticos. El indulto es un acto de Gobierno que existe en todas las constituciones”, sostuvo.
Pero la idea del indulto abrió una grieta en el cristinismo. El senador Oscar Parrilli, de máxima confianza de Cristina Kirchner, criticó la idea de Zaffaroni. “Indultar es reconocer que Boudou fue bien condenado y esta es una condena absolutamente irregular”, argumentó. “El fallo de Boudou tiene que ser revisado”, insistió Parrilli en declaraciones radiales.
A la vez, tanto Zaffaroni como Aníbal Fernández se manifestaron a favor de crear un nuevo tribunal superior que le quite facultades a la Corte Suprema.
