A solas con el presidente: “Hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución. No es mi idea”

Por Eduardo Van Der Kooy

El atardecer esconde sus últimos reflejos. La noche se hace cerrada. Disimula los contornos del chalet de la Quinta de Olivos. En su interior reina un silencio y una soledad que ayudan a respirar con placer. Hasta que repican los pasos de Alberto Fernández, el Presidente. Llega el saludo de rigor, bien cordial. Llega también la primera referencia previsible. Su disgusto por lo que acostumbra a opinar este periodista. La obsesión por cada punto y coma que publica Clarín. Coronada con alguna frase memorable: “El otro día me pusieron sobre las vacunas rusas….”. Como si el diario estuviera pensado para él.

El Presidente fue siempre lector de Clarín. Cuando era político en el llano. Cuando llegó al poder con Néstor Kirchner. También ahora que volvió a la cima de la mano de Cristina Fernández. Su manía por lo que se publica u omite parece haber ido en aumento. Quizás, en paralelo con la reconciliación tejida con el kirchnerismo. Resulta ociosa, en ese terreno, cualquier mención a la vicepresidenta. Ilustra más la dimensión del fenómeno la conducta de un discípulo de Cristina, el gobernador Axel Kicillof. Cada día martiriza a los intendentes peronistas del Conurbano con los partes de prensa que siempre encabeza con titulares de Clarín.

Ese paisaje es el que transforma muchas veces palabras menores en importantes. Sospechosas. El senador Oscar Parrilli, apenas se inició este año declaró que resultaría conveniente ir pensando en otra ley de medios. Como aquella que abrió una cicatriz en el final del primer mandato de Cristina. Alberto le resta cualquier trascendencia.

Se libra en este momento en el kirchnerismo una verdadera batalla por la impunidad. El Presidente no la admite en esos términos. Cree, incluso, que los promotores son un grupo pequeño. ¿Será así? Amado Boudou, que con su condena firme sigue bajo arresto domiciliario, se manifestó decepcionado porque después del primer año de Gobierno la situación de los presos que considera políticos no se modificó. Lo mismo declaró Hebe de Bonafini, la titular de Madres de Plaza de Mayo. El ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni propuso como solución el dictado de un indulto por parte del Presidente. Alberto repite lo que manifestó en sus recientes excursiones por los medios: “No daré ningún indulto”.

Sería algo más que su voluntad política. El artículo 36 de la Constitución –perfeccionado en 1984 con la Ley de Defensa de la Democracia- establece como un atentado “contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”. Determina además la inhabilitación por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”. Por esa razón deslindó la posibilidad de un perdón en una amnistía general que dicte el Congreso. Un camino difícil de transitar, por lo menos hasta después de las elecciones legislativas.

Aquel artículo constitucional aplicaría, entre varios, a los condenados Boudou, Julio De Vido y Ricardo Jaime. Todos acusados por enriquecimiento. El ex secretario de Transporte incluso lo confesó en sus testimonios ante la Justicia. La ex piquetera Milagro Sala está en una situación similar. Aunque Alberto estima que, en ese caso, habrían existido anomalías procesales. Lo conversa amablemente con el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales.

Cristina está afuera de la discusión por el indulto. Porque ese perdón en ningún caso borra el delito cometido. La dama, ya se sabe, se considera totalmente inocente pese a las numerosas causas de corrupción que arrastra. La de Vialidad, por haber favorecido a Lázaro Báez con la obra pública, está en la etapa de un lento juicio oral. Hay otras cinco que esperan el turno: Hotesur, Los Sauces (ambas por sospecha de lavado de dinero), los Cuadernos de las coimas, la venta del dólar a futuro y el Memorándum de Entendimiento con Irán.

Existe un hilo conductor en la mayoría de aquellas causas que el Gobierno intenta cortar. El punto de partida no asoma favorable. El fiscal Abel Córdoba solicitó doce años de prisión para Báez en la causa de la ruta del dinero K. Se trata del delito precedente que avala la de Vialidad, donde la vicepresidenta está enjuiciada. De la resolución de esta dependen Los Sauces y Hotesur. En esos emprendimientos empresarios y hoteleros se habrían lavado los retornos de la obra pública. También están atados los Cuadernos de las coimas. Pero en las dos primeras figuran implicados además Máximo Kirchner y Florencia, hijos de la vicepresidenta.

Se comprenden, entonces, dos cosas. Que sea vital para Cristina tumbar o ser absuelta en la causa de Vialidad. La segunda opción significa el desarrollo de todo el juicio que la mujer no quiere. También se entienden las críticas que comenzaron a llover sobre la Corte Suprema. Tiene nueve pedidos de nulidad y apelaciones que no resuelve. La habilitación de uno de ellos demoraría y hasta podría deslindar a la vicepresidenta del proceso.

“La Corte ha ido perdiendo calidad y confianza”, dice Alberto. No pensaba igual hace pocos meses cuando el kirchnerismo lanzó las primeras propuestas para cambiarla o aumentar el número de jueces. También parece consciente de los límites: “No tenemos posibilidad de nada de eso. Los número del Congreso no nos ayudan”, explica. Agrega con una mirada sensata: “Hay gente en el FdT que sueña con una revolución. No es mi idea. Mucho menos con un 40% de la sociedad que no está dispuesta a votarnos”.

Tal razonamiento no significa resignación. Las elecciones son una estación clave. Quizá para intentar poner en marcha alguna de las sugerencias de la Junta Consultiva que lideró Carlos Beraldi, el abogado defensor de Cristina en las causas por corrupción. Ninguna de aquellas alternativas logró unanimidad de los participantes. El Presidente se detiene, sin embargo, en la creación de un tribunal intermedio que replique, a lo mejor, el modelo de España: un Tribunal Supremo y otro Constitucional. Este último podría aplicar a la Corte Suprema en la Argentina.

Resulta difícil vincular esas variantes solo con la búsqueda de un mejor funcionamiento judicial. Detrás está siempre la sombra de Cristina. El tema marcará, sin dudas, gran parte de la agenda política del 2021. La vicepresidenta dio grandes batallas para aliviar su situación. Logró menos de lo deseado. Sucedió que seis de sus causas completaron la investigación y fueron elevadas a juicio oral. Pueden ser demorados, como lo son. No invalidados.

También el recorrido desnuda debilidades sobre la teoría del lawfare (confabulación entre gobierno, Justicia y medios de comunicación) que Cristina y otros kirchneristas esgrimen para considerarse víctimas de una presunta persecución. La causa Ciccone que condenó a Boudou se inició en 2012. Desató un escándalo que produjo la renuncia del procurador, Esteban Righi, la separación del juez, Daniel Rafecas (postulado ahora por Alberto para el Ministerio Público) y del fiscal Carlos Rívolo. Los Sauces y Hotesur surgieron en 2014 luego de una denuncia de Margarita Stolbizer. ¿Cristina hizo un lawfare contra sí misma?

El Presidente comparte aquella teoría. No en todos los casos. El constitucionalista Roberto Gargarella la vincula mordazmente con un postulado histórico que supo ser familiar, en otro tiempo, al peronismo y a la izquierda. La célebre sinarquía internacional. Que a Juan Perón le gustaba agitar como responsable de situaciones políticas o económicas difíciles.

​ Alberto parece blindarse no bien se merodea su relación con Cristina. Cuenta anécdotas que denotarían armonía entre ellos. Se ocupa de ahuyentar dudas cuando se plantea la contramarcha del Gobierno en algunas áreas. ¿Cómo entender que de un día para el otro se anuló un aumento del 7% a partir de febrero para la medicina prepaga? ¿Cómo entender que la primera resolución mencione “el estado crítico en que se hallan la mayoría de los prestadores”? ¿Cómo entender que se apeló 24 horas más tarde “al delicado contexto” para anularla? Cristina había hablado días antes sobre la necesidad de alinear precios, tarifas y salarios en el despunte del año electoral.

“Fue una decisión mía”, afirma cortante el Presidente. Su rostro exhibe una mueca de impotencia y disgusto por el decreto que dictó para intentar frenar el crecimiento del contagio del Covid. ¿Por qué? Los gobernadores estuvieron de acuerdo cuando propuso la medida. Aunque le pidieron que la promulgara él. Cuando estaba por hacerlo asomaron las resistencias. Alberto sintió que le jugaron mal. ¿Habrá reflexionado cuanto cumplió el 2020 sobre las promesas de cogobernar con aquellos mandatarios?

Como saldo de un año extremadamente difícil el Presidente rescata con signo positivo el germen de una mutación internacional que podría ayudar a la Argentina. En primer lugar, la reacción de la Unión Europea para afrontar la crisis de la pos pandemia. Dice que se ocupó de mantener fluidas las relaciones con los principales países de aquel bloque.

En orden casi paralelo estaría la vinculación con Washington. Alberto fue el primer presidente latinoamericano en reconocer la victoria del demócrata Joe Biden. También, el primero en repudiar el salvaje ataque de manifestantes al Capitolio promovido por Donald Trump. El cambio de administración le abre expectativas. Sobre todo, con la negociación por delante con el FMI.

Cuando se recuerda la mala relación de Cristina con Barack Obama replica: “Nunca estuve de acuerdo”. También parece un escollo incomprensible la postura del Gobierno sobre Venezuela. No tan incomprensible: el kirchnerismo es una exposición de oscuridades.

Fuente Clarin