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Nunca se sabe si el gobierno de Alberto Fernández está bajando o subiendo la escalera. Puede también hacer una cosa y después la otra. Hubo varios ejemplos de esa confusión en los últimos días. La más grave de todas fue la relacionada con la vacuna rusa, porque se refiere a un medicamento que se le inoculará a la sociedad.
La primera sorpresa ocurrió cuando la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que podría darse masivamente la primera dosis en lugar de aplicarles dos dosis a menos personas. Parecía desde el principio una solución propia de los desesperados, pero su propuesta resultó más dañina todavía cuando la comunidad científica aclaró que la segunda dosis de la vacuna Sputnik V no es un refuerzo de la primera (como sucede en casi todas las otras vacunas), sino un complemento necesario para que la vacuna funcione correctamente. La solución Vizzotti era simplemente inviable.
El Presidente dejó trascender en el acto que no compartía el anuncio de la funcionaria. “Se cortó sola” o “no le avisó a nadie” fueron las frases más repetidas por los funcionarios de Alberto Fernández, que no hacían más que repetir, a su vez, lo que decía el jefe del gobierno. Son aclaraciones políticas de un desvarío científico. La enmienda puede servir para salvar del papelón a la administración, pero otra vez sembró la duda sobre la competencia de quienes están a cargo de salvarnos de la pandemia. ¿Cómo puede una alta funcionaria de la autoridad sanitaria confundir la primera con la segunda dosis de una vacuna? ¿Cómo, cuando fue ella la que viajó a Rusia para monitorear (y supuestamente homologar) la elaboración de la vacuna?
Como el Presidente es abogado y no científico, debe suponerse que avaló públicamente el suero equino (hasta se sacó fotos en el laboratorio que lo procesa) por recomendación de sus funcionarios sanitarios. Otro error. No hay ninguna comprobación científica de que ese suero sea útil para curar la enfermedad del Covid-19 o que evite la mortalidad. La conclusión científica fue tajante: “No hay diferencia significativa en la incidencia de mortalidad”, dice cuando analiza el suero equino. Son los mismos funcionarios del Ministerio de Salud que le recomendaron apostar solo a la vacuna rusa.
La fraseología del Gobierno dice que el país recurrirá a cualquier vacuna para inmunizar a la sociedad, pero lo cierto es que por ahora hay solo 300.000 dosis de la Sputnik V para vacunar a una sociedad de más de 44 millones de argentinos. Es el 0,7 por ciento de la población. Se supone que la inmunidad de rebaño sucede cuando está vacunada el 60 o el 70 por ciento de la sociedad. ¿Cuánto tiempo le falta a la Argentina para llegar a ese porcentaje? ¿Con qué vacunas llegará al final del camino, que parece más arduo que para muchos otros países?
“Estamos negociando”, es la recurrente respuesta de Pfizer para explicar cómo está su situación con el gobierno argentino. Con esa vacuna se está inmunizando a la población de la mayor parte de los países del mundo, incluidos muchos latinoamericanos. El Gobierno dejó trascender que comenzó una negociación con el laboratorio norteamericano Moderna, que produce una de las vacunas en circulación más prestigiosas. Pero los científicos argentinos tienen sus dudas sobre esos tratos, porque Moderna investigó y produjo la vacuna con el aporte financiero del gobierno de los Estados Unidos. El Estado norteamericano invirtió 2000 millones de dólares en esa vacuna. El compromiso del laboratorio consistió en que primero vacunaría a la sociedad estadounidense. No obstante, Moderna ya firmó un contrato para venderle a la Unión Europea 160 millones de dosis, pero sus plazos son siempre largos porque tiene aquel convenio con el gobierno norteamericano. Aun cuando hubiera embrionarias negociaciones con la administración de Alberto Fernández, la pregunta clave es sobre el plazo que estaría estipulando Moderna para entregar sus vacunas.
Es cierto, por otro lado, que Pfizer está sobrecargada de demanda y es probable que su capacidad de producción esté rebasada. Es la vacuna que más circula en el mundo. De hecho, tiene pedidos en lista de espera hasta el año 2022, según aseguran científicos argentinos. También subrayan que vacunar o no en la Argentina no le es indiferente a ese laboratorio norteamericano. Aquí se formó una de las primeras comunidades de voluntarios para inocularse la vacuna en sus etapas de investigación. La vacunación en un país donde hubo voluntarios para sus exploraciones iniciales sería una buena publicidad para la firma. El pleito con el gobierno argentino es por una cuestión legal sobre la ley de inmunidad que se aprobó para todas las empresas farmacéuticas que fabrican vacunas.
El Presidente le sacó en su momento la negociación con Pfizer al Ministerio de Salud y la puso en manos de la secretaria legal y técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, una persona ciertamente honesta, trabajadora y eficaz. La fórmula para un acuerdo a la que Ibarra habría llegado con la oficina local de Pfizer estaría ahora en estudio en la casa central de ese laboratorio, en Nueva York.
Debe subrayarse que Pfizer les aseguró formalmente a tres diputados de la oposición (Graciela Ocaña, Alfredo Cornejo y Claudia Najul) que no había pedido en la Argentina ninguna protección jurídica distinta de la que les pidió a todos los países donde está vacunando. Lo está haciendo en casi todos los países de Europa, en los Estados Unidos, en América Latina y en Israel, donde ya se vacunó al 80 por ciento de los mayores de 60 años.
El rebrote
No puede negarse que rebrotes o segundas olas de la pandemia están azotando a muchos países del mundo. Varios están peor que la Argentina. Europa está casi paralizada durante gran parte del día, con implacables toques de queda que en algunos países, como en Francia, comienzan a las 18 y terminan a las 6 del día siguiente. Pero esos países también están en plena operación para vacunar a su población con vacunas serias, autorizadas por los entes autónomos de control de medicamentos de Europa y los Estados Unidos. El horizonte para salir de la pesadilla del coronavirus está cerca para ellos, aunque ahora estén mal.
La diferencia con la Argentina es que aquí se abatió un rebrote de la pandemia y la única vacuna que llegó, con dosis homeopáticas, es la rusa. Es probable que la vacuna Sputnik V sea una buena vacuna; Rusia tiene una larga historia de científicos eficaces, a veces para producir malas cosas. Pero esa historia existe. Ahora bien, ¿por qué nunca pidió la autorización en Europa y en los Estados Unidos? ¿Por qué la vacuna se aplica solo en Rusia, Bielorrusia, Venezuela, la Argentina y ahora en Palestina, que no tiene posibilidad de comprar otra? ¿Por qué nunca difundió en las revistas científicas más prestigiosas del mundo el método y la fórmula de su vacuna? El propio vicejefe del gobierno de la Capital, Diego Santilli, reclamó públicamente que se informe con precisión y amplitud sobre las condiciones científicas de la vacuna rusa. El gobierno porteño no tiene otra alternativa más que aplicar la vacuna rusa porque la compra de vacunas es una facultad del gobierno federal.
Ni Ginés González García ni Vizzotti demostraron hasta ahora estar a la altura de las circunstancias que plantea la ferocidad de la pandemia. González García es un sanitarista histórico del peronismo, que se equivocó desde el principio con el coronavirus. Milita en el albertismo, si es que el albertismo existe como corriente política. Vizzotti es el resultado de la forzada convivencia de albertistas y cristinistas en el gabinete; la viceministra adscribe al cristinismo. No por eso es más eficiente que su jefe formal, González García. Ese equipo sanitario debería decir adiós. Seguramente Alberto Fernández no los cambia porque supone (tal vez con razón) que los cargos vacantes ahora los ocupa Cristina Kirchner.
Se terminó la cordialidad de la primera época del Gobierno, cuando ella permitía que en los ministerios se intercalaran funcionarios cercanos al Presidente y otros que responden a ella misma. Ahora, Cristina arrasa con sus peores propuestas de nombramientos.
Alguno de los dos debería reflexionar sobre lo que están decidiendo. La discusión no es sobre el lugar donde se levantará una obra pública o si la importación de bienes estará abierta o cerrada. Están resolviendo sobre qué medicamentos (con calidad probada o no probada) meterán en el cuerpo de los argentinos. Tal vez sea la decisión más importante que tendrán que tomar en sus vidas.
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