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Las horas pasan lentas en la Alcaidía Penitenciaria de Melchor Romero. Allí están alojados, desde marzo pasado, los ocho rugbiers que golpearon hasta provocarle la muerte a Fernando Báez Sosa (18), a la salida de un boliche de Villa Gesell.
El próximo lunes se cumple un año de un caso que despertó una enorme conmoción en el país y lo llamativo es que el encierro prolongado no pudo romper un pacto de silencio que se hizo cada vez más fuerte con el paso del tiempo. Si bien los acusados declararon durante los primeros meses de instrucción, nunca se acusaron entre sí dejando en claro que la amistad entre ellos nunca se quebró.
Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano (19) y Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21) se encuentran en el pabellón 6 del centro de detención ubicado en las afueras de la ciudad de La Plata, separados del resto de la población carcelaria.
Los rugbiers están imputados como coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, que prevé una condena a prisión perpetua.
“La relación entre ellos es buena”, confiesa una fuente que está en contacto con ellos y reafirma que nunca protagonizaron episodios de violencia. Ya están adaptados a la rutina carcelaria. Desde que fueron detenidos por el brutal asesinato de Fernando los rugbiers durmieron en los calabozos de la Comisaría 1ª de Pinamar, el penal de Dolores y la Alcaidía de Melchor Romero, donde desde que ingresaron ocupan celdas equipadas para dos internos.
Los voceros aseguran que “no tienen ningún tipo de privilegio” y que el trato y los alimentos que reciben a diario son los mismos que el resto de los detenidos. Sus familiares suelen llevarle algo de comida, libros, ropa, yerba, cigarrillos y elementos de higiene una vez por semana, aunque la distancia es una gran dificultad.
La alcaidía de Melchor Romero está a 150 kilómetros de Zárate, donde residen la mayoría de los allegados a los acusados. Sus abogados pidieron varias veces que los lleven a una cárcel más cercana, pero los traslados están suspendidos por una cuestión de seguridad sanitaria para evitar la propagación de covid-19.
Entre abril y noviembre solo se comunicaron con sus familiares por teléfono. Según las fuentes, tienen un celular que comparten entre los ocho y que no tendría conexión a internet.
Con la apertura de las restricciones por la pandemia, regresaron las visitas, aunque no como en los primeros días de detención: solo pueden recibir a un familiar una sola vez por semana.
La rutina de los rugbiers no cambió mucho desde que ingresaron. Las largas caminatas por el patio son una postal repetida. En los últimos meses, algunos de ellos, aprovecharon para tomar un poco de sol y hacer algo de ejercicio.
El único privilegio que tienen es que nunca compartieron celda con otros detenidos. No es poco. En algunas cárceles hay más de diez presos por celda –e incluso más–, lo que acrecienta las posibilidades de contagio de enfermedades y conflictos personales. Pero los rugbiers no sufren ese problema y, si bien fueron repudiados por la mayoría de los reos cuando llegaron, con el tiempo dejaron de ser insultados cada vez que salían del calabozo.
Los acusados también reciben atención psicológica y ayuda espiritual. Según cuentan en la cárcel, un pastor evangélico logró establecer un vínculo estrecho con los detenidos en los últimos meses.
La causa. La investigación por el asesinato de Fernando Sosa Báez todavía no fue elevada a juicio, aunque la fiscal del caso Verónica Zamboni hizo la petición porque entiende que la etapa de instrucción está cerrada.
Hugo Tomei, abogado de los rugbiers, debe responder cuando termine la feria judicial si acepta que sus defendidos sean juzgados por un jurado popular, una opción que, en principio, estaría prácticamente descartada.
Según fuentes de la causa, la defensa cree que la divulgación reiterada de los elementos de prueba impediría que los eventuales integrantes de un jurado lleguen a esa instancia sin prejuicios o preconceptos sobre los hechos.
El crimen de Fernando ocurrió el sábado 18 de enero de 2020 cerca de las 4.40 de la madrugada frente al boliche Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell. Fernando fue atacado a patadas y trompadas por varias personas.
El ataque quedó filmado por cámaras de seguridad y teléfonos celulares, por lo que horas después diez jóvenes fueron detenidos como sospechosos del crimen. Los ex jugadores del Club Náutico Arsenal de Zárate se hallaban de vacaciones y estaban alquilando una casa cercana al boliche.
Dos de los acusados (Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino) fueron excarcelados en febrero pasado, pero todavía siguen bajo proceso.
El sospechoso Nº 11
L.N.
Fernando Burlando y Fabián Améndola, los abogados que asisten a la familia de Fernando Báez Sosa, están convencidos que la fiscalía debe seguir investigando la posible intervención del denominado “sospechoso número 11”, identificado en el expediente como Tomás Colazzo, antes que la causa sea elevada a juicio.
Para la fiscal Zamboni, Colazzo “no resulta imputado, ni ha sido identificado durante la investigación como agresor”. Según entendió, el sospechoso 11 “solo observa todo lo sucedido” pero no participa.
Además, los abogados de las víctimas se mostraron en desacuerdo por el pedido de sobreseimiento de Alejo Milanesi (19) y Juan Pedro Guarino (19), quienes se encuentran en libertad, imputados como partícipes necesarios.
Los abogados rechazaron el sobreseimiento de Milanesi porque consideran que la decisión es prematura y presentaron una acusación particular para que sea sometido a juicio junto a los otros ocho.
Para Burlando y Améndola consideraron que la eventual responsabilidad de Milanesi en la “coautoría funcional” del crimen debe definirse en un proceso oral.
