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Finalmente, el viernes YPF pagó US$63,7 millones del cupón del bono 2025 y distendió el ánimo de los tenedores y del mercado que está con la mirada puesta en el 5 de febrero.
Ese día cierra la aceptación de la propuesta de canje de deuda mejorada después del fracaso de la original que había logrado sólo 13% de adhesión al ser considerada hostil por los acreedores.
En la petrolera responsabilizan al ministro Martín Guzmán por el fracaso de la propuesta original que contemplaba no pagar nada por dos años y una tasa de 8,5% anual para el resto.
Ahora confían en que al mejorarles las condiciones, con el pago de intereses desde el arranque y un aumento de la tasa de interés, los acreedores acepten postergar el cobro de los US$430 millones que vencen el 23 de marzo para los cuales la empresa carece de las divisas.
En la petrolera dicen que tienen los pesos para comprarle los dólares al Banco Central pero Miguel Pesce ya había adelantado en septiembre que las empresas debían refinanciar sus pagos al exterior previendo que sólo tendrían dólares a precio oficial para cumplir con el 40% de sus obligaciones.
¿Podrá YPF, entonces, poner sobre la mesa US$430 millones el próximo 23 de marzo? Imposible y por eso es importante que el nuevo canje sea aceptado por una mayoría amplia de bonistas. ¿Tiene asegurada la aceptación? Tampoco, pero por lo menos terminó cumpliendo el viernes 29 de enero con el pago de un cupón.
La estrategia que ya usó el ministro Martín Guzmán de arrancar una negociación apareciendo duro frente a los acreedores para después terminar aceptando sus condiciones se presenta poco efectiva para una Argentina que tiene un gobierno del que los mercados desconfían, con el crédito cortado y ofreciendo tasas de interés siderales en un mundo donde el dinero es poco menos que gratis.
Ya entrado el segundo mes del verano y con la enorme incertidumbre que tiene la población sobre las posibilidades de que el Gobierno consiga vacunas suficientes antes del otoño, la apuesta a algún tipo de estabilidad descansa en dos pilares: la posibilidad de un acuerdo con el FMI y la capacidad del Banco Central para manejar el cepo cambiario y el dólar.
Según el ministro Guzmán, las negociaciones con el Fondo podrían terminar en un acuerdo antes de mayo para refinanciar los US$44.000 millones que vencen en 2022-2023.
Para eso, además de atenuar la amenaza palpable de un repunte inflacionario en el primer trimestre, el Gobierno deberá contarles al Fondo y a los argentinos cómo piensa conseguir los dólares necesarios para pagar los compromisos externos de los próximos años.
El presidente Alberto Fernández destacó ante la cumbre mundial de Davos que cuenta con el apoyo de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y que el acuerdo al que lleguen va a ser enviado al Congreso para su aprobación.
Economistas que hablan con funcionarios de Washington opinan que, en medio de la pandemia y con la situación social del país, para el Fondo lo crucial será que el acuerdo cuente con el aval político de Cristina Kirchner.
El punto es delicado; el kirchnerismo y la clase política en general tienen como norte las elecciones legislativas de octubre y habrá que ver si la vicepresidenta firma un acuerdo con el FMI, considerado poco menos que el demonio por sus seguidores.
Desde ya que, como en los casos del canje de deuda de la Nación y de YPF, ese respaldo dependerá en buena medida del miedo al precipicio financiero que pueda implicar poner en riesgo la estabilidad cambiaria lograda.
Mientras tanto, en las últimas semanas, una visión pesimista sobre el devenir económico ganó espacio entre operadores habitualmente optimistas.
Una encuesta de Analogías (trabajó durante años para los gobiernos K) consultó a 2843 personas en diciembre sobre la imagen del presidente, la vicepresidenta y también sobre la situación económica.
Un resultado clave del relevamiento publicado por Clarín fue el referido a: ¿cómo cree usted que estará la situación en los próximos dos años? El 57,5% dijo “peor” y un 37,1% “mejor”. El pesimismo creció respecto del relevamiento anterior. ¿Lo habrá analizado el Gobierno o considerará que se trata de una chicana interna?
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