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La Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal de Naciones Unidas con sede en la ciudad holandesa de La Haya responsable de juzgar los delitos penales como crímenes de guerra, contra la humanidad o genocidio, dictaminó este viernes que tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra y otros delitos cometidos en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. Esa decisión abre la puerta a que la Corte acepte investigaciones penales contra Israel y contra grupos armados palestinos. También establece que Palestina es un Estado.
La decisión tomada por la CPI no tiene ninguna implicación sobre la legalidad o ilegalidad de las reclamaciones territoriales israelíes sobre territorios que las resoluciones de Naciones Unidas reconocen como palestinos. Israel no es miembro de la CPI y ayer ya dijo que rechazaba el dictamen, que fue aprobado con los votos favorables del juez francés Marc Perrin de Brichambaut y la marfileña Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y con el voto desfavorable del húngaro Péter Kovács.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que la decisión de la CPI “prueba una vez más que es un órgano político y no una institución judicial. La CPI ignora los reales crímenes de guerra y en su lugar persigue al Estado de Israel, un Estado con un gobierno profundamente democrático que santifica el Estado de Derecho y que no es miembro de la Corte”.
Según Netanyahu, “con esta decisión, la CPI viola el derecho de las democracias de defenderse del terrorismo y juega el juego de quienes minan los esfuerzos para expandir el círculo de la paz. Continuaremos protegiendo a nuestros ciudadanos y soldados de cualquier forma contra esta persecución legal”. Israel siempre alegó que no existe Estado de Palestina que pueda delegar en la Corte la jurisdicción sobre sus nacionales y territorios.
Los palestinos reaccionaron con júbilo. El ministro de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina, Hussein Al-Sheikh, dijo que el dictamen era “una victoria de la verdad, la justicia, la libertad y los valores morales”.
La gambiana Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional. Reuters
La decisión de los jueces nace de un informe de la fiscal Fatou Bensouda, de diciembre de 2019. En él establecía que había “una base razonable para creer que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza”. Como posibles perpetradores de esos crímenes, la fiscal apuntaba tanto a las Fuerzas Armadas israelíes como a grupos armados palestinos como Hamás.
Bensouda consideraba que las Fuerzas Armadas israelíes lanzaron ataques desproporcionados y que llegaron atacar “intencionadamente” a personas y objetos que llevaban claras identificaciones de las Convenciones de Ginebra. También establecía que tenía “bases razonables para pensar que miembros de Hamás y de otros grupos armados palestinos cometieron crímenes de guerra” al atacar a civiles y cometer torturas.
En su informe, la fiscal Bensouda pedía a los jueces que establecieran si la CPI tenía jurisdicción sobre los territorios ocupados. Era el requisito indispensable para aceptar cualquier denuncia sobre crímenes cometidos en esos territorios. Los jueces consideran, en el dictamen emitido este viernes, que “la jurisdicción territorial de la CPI en la situación de Palestina se extiende a los territorios ocupados por Israel desde 1967, conocidos como Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este”.
Bensouda, en su escrito a los jueves, ya indicaba que se centraría en el conflicto entre Israel y Hamás de 2014, en la política israelí de asentamientos –en territorios no reconocidos como israelíes por las distintas resoluciones de Naciones Unidas- y en la respuesta israelí a las protestas en la Franja de Gaza.
Israel no reconoce a la CPI, pero si esta emite mandatos de arresto durante investigaciones o condenas por crímenes de guerra, los altos funcionarios israelíes o el alto mando de Hamás correrían el riesgo de ser detenidos y enviados a La Haya si pusieran el pie en algún país que haya ratificado el estatuto de la CPI. Otra cosa es que en la práctica algún país miembro de este tribunal así lo haga, aunque legalmente estaría obligado a ello.
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