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La novedad fue comunicada por el secretario del Consejo, brigadier Ángel Rojo, aunque el texto no identificó al presunto infectado. El agrimensor Sergio Rossi, viceministro de Defensa, de él se trata, ingresó el 28 de enero pasado a 21.43 al hospital naval Pedro Mallo de la Armada Argentina.
Por Edgardo Aguilera
El Consejo General de Guerra por el naufragio del San Juan canceló una semana las sesiones por sospecha de infección covid en uno de los miembros del tribunal. La novedad fue comunicada por el secretario del Consejo, brigadier Ángel Rojo, aunque el texto no identificó al presunto infectado. El agrimensor Sergio Rossi, viceministro de Defensa, de él se trata, ingresó el 28 de enero pasado a 21.43 al hospital naval Pedro Mallo de la Armada Argentina.
Rossi, -de 61 años, está en la franja etaria de riesgo-, es el presidente del Consejo de Guerra y aquella fue su última jornada al frente de la audiencia de debate para esclarecer si hubo irregularidades en los actos de los oficiales de la cadena de mando durante el episodio de pérdida de contacto y posterior naufragio del San Juan. No se conoció un parte oficial sobre si Rossi contrajo o no coronavirus. En la ficha de internación el diagnóstico de ingreso dice: “Covid.19, virus no identificado”. El jueves último fue derivado al hotel Ushuaia de la obra social militar, uno supondría es el aislamiento habitual en pacientes leves de covid. El viernes las partes recibieron otro comunicado del secretario del Consejo anunciando, para hoy, el reinicio de las audiencias. Rossi no estará presente. Participará por videoconferencia. El bache informativo acerca del presunto contagio, además de impactar en el derecho a la salud de todos los que estuvieron en contacto en la última audiencia, luce como continuidad del criterio de censura con que tramita el juicio militar a los marinos.
El artículo 50 del Código de Disciplina establece: “la audiencia será pública y continua” y ordena el resguardo sólo en casos específicos, entre ellos: “evitar la divulgación de un secreto cuya revelación indebida sea punible o afecte gravemente la seguridad del Estado o se viera afectado el orden público”. “Desaparecidas las causas que motivan la necesidad de reserva, la audiencia debe retomar en forma inmediata su carácter público”. Así se condujeron las audiencias de la Bicameral del Congreso de la Nación que investigó el naufragio.
La carátula “confidencial” del expediente disciplinario elaborado por el instructor (símil a un fiscal de la justicia civil), comodoro abogado de la Fuerza Aérea, Ricardo Méndez fue reclasificada a “secreto”, condición clave para excusarlo de comparecer como testigo ante el tribunal federal de Caleta Olivia que también investiga lo sucedido con el ARA San Juan. El escrito trascendió a la prensa y se abrió una pesquisa por falta gravísima para dar con los responsables, se mira a los imputados pero el presunto beneficio de la divulgación le cabe a todos los actores incluyendo la instrucción.
El día de la internación de Rossi testimoniaron una veintena de marinos, entre ellos el exjefe de Estado Mayor de la Armada, José Villán y el actual titular de la fuerza, vicealmirante Julio Guardia, el comandante de la Flota de Mar, contralmirante Jorge Siekan y el ex vocero de la fuerza, capitán de navío Enrique Balbi. Villán confirmó que durante su mandato había varios buques, además del San Juan, con el carenado vencido pero que esa condición no afectaba la seguridad náutica. De hecho participaron en la operación de búsqueda del San Juan. La demora en el carenado del submarino es uno de los ejes que estableció el instructor Méndez para imputar la ausencia de seguridad náutica y posterior resultado fatal del siniestro.
“No me dan los números en su cuenta” contestó el jefe naval Guardia a Méndez quien interrogó si 44 meses de retraso en el carenado no era una condición limitante de la seguridad en la navegación del San Juan. El marino aclaró el equívoco del instructor que se repite sin haber consultado la letra de las Normas para el uso y conservación del material de casco, electricidad y máquinas navales (NOCEM), que fija el período de carenado para buques. Difiere entre unidades activas y las sujetas a reparación. El San Juan no estaba operativo, se reincorporó al servicio activo en septiembre de 2015 (finalizada la reparación de media vida). Al momento del naufragio, noviembre de 2017, sumaba 26 meses de actividad aunque no todos navegados. El carenado tenía dos meses de vencimiento sobre los 24 aconsejados en el manual. “La demora en la entrada a dique de carena no afecta la seguridad náutica, es una prórroga en el mantenimiento planificado, no es una inhabilitación para navegar ya que es una norma técnica dinámica” afirmó el vicealmirante Guardia. “La Armada no manda a navegar buques que no estén en condiciones de hacerlo”, completó el marino.
Méndez, punzante, interrogó si debía atribuirse el naufragio a la tripulación. “Yo no puedo ni afirmar ni descartar la comisión de un error por parte de la tripulación” cerró el vicealmirante. Curiosa pregunta de Méndez (responsable de colectar la prueba), en más de un pasaje de su escrito afirma que “no se encuentra en condiciones de establecer con certeza absoluta cual fue el hecho generador que llevara a la tragedia final sufrida por el SUSJ”. Guardia dijo que “es el comandante del buque el que tiene mejor información de lo que sucede en el mar y en torno a su buque”, en respuesta a preguntas del tribunal sobre el rol de las autoridades de tierra (Comando de la Fuerza de Submarinos que estaba a cargo del capitán de navío Claudio Villamide). “Los mensajes del San Juan (n.r. la novedad del principio de incendio en baterías) trasmitían tranquilidad”, expresó el vicealmirante Guardia. El general Juan Paleo, jefe del Estado Mayor Conjunto y vocal del Consejo insistió en la postura de si el comando en tierra no debía supervisar la decisión del comandante del submarino. La intervención rozó prescripciones reglamentarias acerca de que las preguntas “no deberán ser formuladas en términos afirmativos o que sugieran la respuesta”. El Tribunal parece adherir a la idea de que si se hubiese ordenado al capitán Fernández, comandante del San Juan, permanecer en superficie en lugar de inmersión, podría haberse evitado el siniestro; hipótesis descartada en informes periciales. “No se puede controlar un buque desde un escritorio” declaró el actual Comandante de la Flota de Mar, contralmirante Jorge Siekam. Expresó preocupación y la de los comandantes de buque por el resultado del Consejo que vislumbra orientado a modificar la doctrina del comando en el mar, recortar la libertad de acción y decisión. Balbi exvocero naval, respondió un rotundo “No”, a la pregunta de si en forma directa o indirecta la acción, omisión o negligencia del personal en tierra pudo haber incidido en el naufragio.
Fuente Ambito.com
