El Gran Ducado de Luxemburgo es diminuto: abarca poco más de 2500 kilómetros cuadrados apretujados entre Alemania, Francia y Bélgica. Pero, aun así, es el segundo destino más importante del mundo cuando se trata de captar capitales extranjeros. ¿Por qué? Por su capacidad para guardar secretos.
Considerado como uno de los sistemas financieros más opacos del mundo, Luxemburgo figuró durante años como un paraíso fiscal, acusado de integrar un “eje de evasión fiscal” en Europa. Eso, sumado a su estabilidad y su ubicación en el corazón de la Unión Europea (UE), lo convirtieron en un imán para los inversores; entre ellos, decenas de argentinos.
Los resultados son elocuentes: las inversiones de portfolio en Luxemburgo superaban los 5,06 billones de dólares a diciembre de 2019. Es decir, más que Japón, Alemania o el Reino Unido. Nada mal para un país con menos de 650.000 habitantes, de los que solo la mitad son luxemburgueses nativos, pero que incluye 140.000 empresas.
Los extranjeros que acuden al Gran Ducado para constituir o radicar sus empresas suelen hacerlo por una razón. “Para desconectarse de sus holdings”, afirma Gabriel Zucman, profesor asociado de la Universidad de California en Berkeley, estudioso de los paraísos fiscales. “Ese es el servicio clave que presta este segmento de la industria financiera: desconectar a la gente de sus activos, crear opacidad financiera, dificultar la investigación de las autoridades”.
Tras años bajo presión de la UE, Luxemburgo accedió a crear una base de datos en 2018 que revelara la identidad de los beneficiarios finales (UBO en inglés) de todas las empresas registradas en su territorio. Entre ellos, al menos 78 personas vinculadas a la Argentina, que aparecen como beneficiarios finales de 91 empresas en el Gran Ducado de Luxemburgo. Los activos de beneficiarios argentinos fueron estimados en al menos 3000 millones de euros. Pero el número de activos vinculados a la Argentina podría ser aún mayor si se tomara en cuenta, por ejemplo, activos de empresas que nacieron en el país y mudaron luego parte de su operatoria a Luxemburgo.
El registro de UBO se instauró en marzo de 2019, pero con un defecto crítico: no se puede buscar por el nombre de los propietarios tentativos, solo por el nombre de la empresa o el número de registro. Esto torna mucho más difícil para los periodistas o cualquier ciudadano interesado determinar quién es dueño de qué. Y eso mina el objetivo del registro, plantea el director de Tax Justice Network (Red por la Justicia Fiscal), el economista Alex Cobham. Ese registro debiera promover la responsabilidad y la transparencia entre quienes integran esas empresas. “Parece que Luxemburgo hubiera dificultado excesivamente el acceso a los datos y no garantizó que los beneficiarios de carne y hueso se pudieran identificar directamente”, remarcó.
Sin embargo, el periódico francés Le Monde logró extraer los datos de la página web del registro y obtuvo así 3,3 millones de documentos vinculados a más de 140.000 empresas con sede en Luxemburgo. Luego, los compartió con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y otros socios en todo el mundo, entre ellos LA NACION, que investigaron quiénes son los beneficiarios de esas sociedades.
La mayoría de esas personas carece de interés noticioso por no tratarse de personas políticamente expuestas, ni ser figuras públicas. Otros casos, en cambio, ya eran conocidos e informados públicamente y a las autoridades desde hace años -como el Grupo Techint o el de Eduardo Eurnekián, el máximo responsable de Corporación América-. Pero otros nombres permanecían hasta ahora en un segundo plano. Por ejemplo, Gianfranco Macri, uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, que aparece vinculado a una sociedad hasta ahora desconocida por la Justicia argentina, que lo investiga por la compra y venta de seis parques eólicos.
La búsqueda en esa nueva base de datos, identificada como OpenLux, también permitió identificar algunos nombres asociados a otros países que sorprenden: desde estafadores o un traficante de armas, a figuras del crimen organizado, oligarcas y familiares de políticos del mundo entero. Todos ellos pudieron abrir sus empresas en Luxemburgo, sin que al parecer se prendieran las alarmas.
Hay tantos capitales rusos que el Gran Ducado aparece ahora uno de los mayores inversores extranjeros en Rusia. “Y no es porque Luxemburgo esté invirtiendo en construir fábricas en Rusia”, ironizó el profesor de Historia en la Universidad de Luxemburgo, Benoît Majerus. “Es claro que es dinero ruso circulando a través de Luxemburgo y regresando a Rusia”.
Normas opacas
El problema es que, pese a las reformas recientes, Luxemburgo sigue siendo una jurisdicción opaca, donde las normas obligatorias para revelar quién está detrás de las sociedades puede ser esquivada y donde las sanciones casi nunca se aplican. Un año después de la creación del registro de beneficiarios finales, por ejemplo, poco más de la mitad de las compañías activas en Luxemburgo han cumplido con la obligación de declarar al menos un beneficiario. Solo el 20% de los fondos de inversión lo hicieron.
Esa opacidad y alto incumplimiento complica la labor de la Justicia y de los organismos tributarios alrededor del mundo. Fiscales italianos afirman que miembros de la ‘Ndrangueta han inundado Luxemburgo, viéndolo como un sitio “extremadamente atractivo” para mantener su dinero mal habido fuera de alcance. Y las autoridades de al menos tres países sudamericanos están investigando si figuras políticas ocultaron sobornos en compañías luxemburguesas.
Los llamados “Bolichicos”, por ejemplo, en alusión a un grupo de hombres de negocios que se hicieron ricos gracias a contratos firmados con el gobierno venezolano, transfirieron activos de más de US$ 250 millones de Barbados a Luxemburgo, para desde allí girar grandes cantidades de dinero, en forma de inversión o de préstamos a otras sociedades en España y Gibraltar.
Cabe aclarar, sin embargo, que cualquiera puede abrir una empresa por razones legítimas en Luxemburgo, además de cumplir con las normas del Gran Ducado y de los países de origen, declarando y tributando acorde a la ley.
En ciertos casos, sin embargo, se usaron para ocultar, mover y blanquear millones en dinero, acciones y todo tipo de bienes cuyo origen es ilegal. Por encima de todo, Luxemburgo es conocido por ofrecer rebajas fiscales. Mientras que los impuestos corporativos se sitúan alrededor del 25%, la investigación Luxembourg Leaks del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló en 2014 cómo el Gran Ducado permitió que cientos de multinacionales crearan estructuras corporativas complejas para pagar menos de 1% en impuestos sobre sus ganancias.
Por ese motivo, OCCRP, Le Monde, LA NACION y otros medios que participaron en esta investigación global reconstruyeron -cuando son casos de interés público- conexiones entre personas y sus activos financieros que hasta ahora estaban disimuladas por la opacidad de este sistema.
