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“Hola, te tengo un tema interesante. Por favor, hablemos mañana”, escribió a última hora un editor de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) que estaba a miles de kilómetros. El mensaje llegó a mediados de mayo, cuando el mundo todavía se acomodaba a las cuarentenas y a las largas jornadas en casa. La ansiedad pesaba. Era el primer paso para lo que se convertiría en “OpenLux”.
Esta investigación sobre el Gran Ducado de Luxemburgo registró, sin embargo, una faceta distinta a otras en las que participó el equipo de LA NACIÓN. Además de las revelaciones sobre este secretísimo paraíso fiscal en el corazón mismo de Europa, resultó ser el primer proyecto de periodismo colaborativo global que nació, se trabajó y se publicó en tiempos de pandemia.
Antes de conocer los datos, la propuesta ya sonaba prometedora: el diario Le Monde, de Francia, había logrado extraer 3,3 millones de documentos del Registro Público de Luxemburgo, los había procesado y de ese modo posibilitaba, por primera vez, buscar por los nombres de personas entre los papeles de 260.000 sociedades comerciales. Por eso, y ya con un par de casos interesantes entre manos, OCCRP convocó a LA NACION y a una decena de medios de otras partes del mundo.
Fueron ocho meses con el ojo en la cerradura de Luxemburgo. “Luxemburgo es sólo la puerta de entrada. El trabajo está adentro”, resumió Nathan Jaccard, editor de OCCRP que, junto con Antonio Baquero, coordinaron el proyecto para América Latina.
OpenLux sumó otra diferencia notable con respecto a las anteriores diez filtraciones globales en las que trabajó el equipo de LA NACION, que abarcaron desde WikiLeaks a los Panamá Papers, y desde los FinCen Files al Lava Jato. Por primera vez, la materia prima a investigar no eran correos electrónicos que revelaban confesiones, ni tampoco eran certificados de acciones al portador de famosos dueños ocultos, ni reportes bancarios secretos. Esta vez eran balances, balances y más balances.
Desde ese punto de partida, es decir, desde los datos y números de las sociedades comerciales operativas en Luxemburgo, el desafío fue reconstruir las más complejas estructuras de sociedades offshore repartidas por todo el mundo. Porque esos números fueron el disparador para buscar propiedades, vehículos y otros activos que podían estar tan lejos de Luxemburgo como de la Argentina. ¿Un ejemplo? La investigación que publica hoy LA NACION sobre la familia Corach, que colocó detrás de una trama de empresas de papel un departamento en París y otro en Punta del Este.
Las investigaciones, sin embargo, se iniciaron con una premisa: concentrarse en las personas políticamente expuestas (PEP) o aquellas figuras de indubitable interés público. Así se acordó con los socios de OCCRP, aunque eso pudiera resultar una limitante, como ocurrió con los datos vinculados a la Argentina. La mayoría de los argentinos que aparecen como beneficiarios finales en Luxemburgo son ciudadanos desconocidos, por fuera de los parámetros de noticiabilidad.
Algunos nombres de resonancia política, por el contrario, sí surgieron de entre los documentos analizados. Ese fue el caso de uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, Gianfranco, con una inversión en los parques eólicos desarrollada a través de una compleja trama societaria que involucra cinco eslabones antes de llegar al terreno, en la provincia de Chubut.
En ambos casos, tanto Gianfranco Macri como Corach no solo son personas políticamente expuestas, sino que ambos se encuentran investigados por la Justicia federal por la presunta comisión de delitos que podrían afectar fondos públicos.
Con esas premisas trazadas por OCCRP, el trabajo de investigación se intensificó durante el último cuatrimestre de 2020. Una segunda oleada de posibles datos vinculados a argentinos llegó en septiembre, cuando el equipo de LA NACION estaba abocado a los FinCEN Files. Y desde noviembre en adelante las llamadas, los chats y las consultas resultaron diarias.
La web del registro público de Luxemburgo comenzó a recibir cientos de pedidos de descarga de información sobre la identidad de los accionistas y los balances de cada empresa, en muchos casos argentinos. Esa información se digería en borradores de textos, diagramas manuscritos y visualizaciones con el sólo propósito de comprender el sentido de las estructuras complejas que, por momentos, se asemejan a laberintos sin salida.
Después de lidiar con números y con estos esquemas financieros llegó otra etapa desafiante, que combina sorpresas, logros y frustraciones: buscar información en los países más inesperados del mundo ya sea a través de un registro público, una llamada telefónica o tocando un timbre para conseguir el último dato antes de cerrar.
Cuando todo el trabajo parecía concluido, después de ocho meses de trabajo y con varios artículos ya aprobados por los editores, llegó el fact-checking:una sesión de 14 horas frente a la computadora para chequear cada dato y hasta cada suspiro que pudiera dar el lector mientras se zambullía en OpenLux.
