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Una juez imputa al fabricante de generadores Ingelec por transferir fondos a la trama de los exjerarcas chavistas Villalobos y Alvarado
El fabricante sevillano de generadores Ingelec pagó 2,7 millones de euros (3,2 millones de dólares) a una red dedicada a cobrar sobornos a empresas a cambio de adjudicaciones públicas en Venezuela durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Una jueza de Andorra, donde esta trama ocultó entre 2007 y 2012 un botín de 2.000 millones de euros (2.400 millones de dólares) , imputó el pasado mayo a Ingelec por un presunto delito de blanqueo de capitales. La compañía abonó los fondos bajo sospecha a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA).
La firma sevillana transfirió entre 2009 y 2010 un total de 2,7 millones de euros a una sociedad panameña. El dinero acabó en una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) utilizada para pagar gastos del empresario Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, ministro de Petróleo de Venezuela entre 2002 y 2014 y expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA).
Salazar es uno de los presuntos cabecillas de la trama. Y figura desde 2018 entre los 28 procesados por un juzgado de Andorra por integrar esta red que ocultó su botín en este pequeño principado pirenaico blindado por el secreto bancario hasta 2017.
Los fondos de Ingelec acabaron en una cuenta en la BPA que se utilizó para abonar en 2009 gastos de alojamiento de más de un millón de euros en el hotel de lujo Four Seasons de París y para enviar 834.000 euros a Estados Unidos para la compra de un inmueble.
La cuenta que ingresó el dinero de la firma sevillana figura en la telaraña financiera de esta trama de sobornos integrada, entre otros, por los exviceministros chavistas de Energía Javier Alvarado y Nervis Villalobos.
Los investigadores andorranos sospechan de la transferencia de Ingelec. Y sostienen que la firma sevillana abonó los fondos a través de la sociedad pantalla (sin actividad) Pessons Mountains del empresario venezolano Roberto Javier Cobucci.
Cobucci justificó ante la BPA que el dinero de Ingelec respondía a un contrato para la instalación, montaje y mantenimiento de maquinaria para la compañía pública Electricidad de Caracas.
Transferencia bajo sospecha
Los investigadores cuestionan esta versión. “No se ha tenido acceso al encargo de Electricidad de Caracas”, indican en un informe del pasado marzo.
Junto a Ingelec, la jueza andorrana Stéphanie García imputó el pasado mayo por blanqueo a Cobucci y a su sociedad Pessons Mountains.
EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de Ingelec, una firma de 22 empleados que en 2014 –último ejercicio reflejado en el registro mercantil- declaró unas ventas de 4,2 millones de euros. Este periódico tampoco ha podido contactar con Cobucci.
No es la primera vez que los fondos de Salazar centran la mirada de los investigadores andorranos. El empresario intentó en 2012 enviar 40 millones de Suiza a Francia para la adquisición de una propiedad. Una juez bloqueó esta operación a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA), una institución financiera intervenida en 2015 por blanquear presuntamente fondos de grupos criminales como Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama de sobornos de América.
La justicia no evitó, en cambio, que Salazar recurriera a sus fondos en la BPA –donde manejó siete cuentas que movieron 21,2 millones de euros- para navegar por un tren de excesos. Junto a su primo Luis Mariano Rodríguez y el exviceministro venezolano Villalobos, desembolsó 10 millones de euros en bienes de lujo entre 2007 y 2012. Una espiral de gastos que incluyó tres millones en joyas, dos en obras de arte; un millón en vinos y 516.012 euros en el alquiler de helicópteros.
El entramado financiero de Salazar se extendió por Belice, Panamá e Islas Vírgenes Británicas. Y contempló más de 100 compañías fantasma que, entre 2004 y 2016, sirvieron para ocultar la compra de propiedades en Venezuela. Su emporio incluyó un apartamento junto a la playa de Tucacas, en el Estado venezolano de Falcón, según reveló este periódico.
La Fiscalía de Venezuela ha situado a Salazar, que fue arrestado en 2017 en Venezuela, en el epicentro de una trama que se sirvió de su primo, el exministro Rafael Ramírez, conocido como el zar del petróleo, para hacer caja y cobrar suculentas comisiones a empresas a cambio de contratos de PDVSA y sus filiales.
Fuente El País
